Por su importancia para los países donde los recursos judiciales internos no siempre funcionan de manera adecuada, el sistema interamericano de justicia debe ser preservado y fortalecido, pero uno de los obstáculos que enfrenta es la falta de financiamiento de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el no cumplimiento de sus sentencias, afirmaron activistas de organizaciones sociales.

A propósito de la reunión celebrada el pasado viernes entre funcionarios de más de 20 gobiernos, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y especialistas de colectivos independientes, Stephanie Brewer, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que para las organizaciones de la sociedad civil la prioridad es preservar y fortalecer el trabajo de esa instancia, debido al papel fundamental que tiene este espacio en la región.

Uno de los obstáculos para conservar dicho organismo, con sede en Washington, es que los diferentes países miembros de la OEA destinan mínimo porcentaje para su financiamiento, por lo que debe buscar fuentes externas, lo cual ha provocado un retraso significativo en el análisis de diversos casos.

Resulta irracional que los estados pretendan exigirle a la CIDH que sea más eficaz, cuando es a ellos a quienes corresponde cumplir las sentencias y recomendaciones de esta entidad, indicó Brewer en entrevista con La Jornada.

En la reunión se discutió, asimismo, sobre la necesidad de reducir los plazos del trámite para analizar casos importantes, y de enfatizar la importancia de las medidas cautelares en favor de activistas amenazados, puesto que muchas veces tal herramienta de protección puede salvar su vida. A pesar de ello, dijo, muchos gobiernos no la otorgan con la celeridad necesaria.

Lamentablemente, en la reunión del viernes hubo poco tiempo para discutir otros temas, y había reticencia por parte de los representantes de los estados para entrar en un verdadero debate sobre algunas propuestas. Pero los comisionados de la CIDH recogieron todas nuestras observaciones y las van a tomar en cuenta para enriquecer su propia postura sobre los problemas abordados, rumbo a la asamblea general extraordinaria de la OEA, a realizarse en marzo de 2013, aseveró.

Al propiciar un intercambio de opiniones entre los estados y la sociedad civil, la reunión fue fructífera, aunque no suficiente, Por parte de la CIDH vimos mucha disposición a dialogar, pero desgraciadamente los representantes de los gobiernos no quisieron discutir algunos casos con nosotros, porque somos los representantes de las víctimas, lamentó.

Consuelo Morales, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos –también presente en la reunión–, coincidió en señalar que uno de los temas más importantes para los colectivos presentes era el de la aplicación oportuna y eficiente de las medidas cautelares de protección.

“En 1996 hubo un momento muy desagradable en el penal de Apodaca, Nuevo León, y ante ello el gobierno de México no hizo nada, pero cuando la CIDH ordenó esas medidas, se aplicaron de inmediato, y eso hizo la diferencia entre la vida y la muerte, recalcó.

La esencia de la Comisión Interamericana es la protección de grupos e individuos vulnerables, por eso nos preocupa que los estados miembros no brinden dinero y pidan que el trabajo del organismo ya no sea tanto de protección, sino sólo de promoción de las garantìas individuales, alertó.