Chiapas

FOTO: Orin Langelle

“Lo tenemos todo”

Mariflor Aguilar Rivero Proyecto “Democracia y territorio: construcción de identidades” FFyL, UNAM. [email protected]

No importó que en junio del 2011 el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, sugiriera que se evaluaran los resultados del Programa de Ciudades Rurales Sustentables (CRS) en Chiapas, antes de replicar el modelo en otras partes.

Tampoco fue relevante que, después de estar más de cuatro años en un campamento esperando la construcción de su “villa rural”, a las comunidades del municipio de Tecpatán ahí reubicadas por el rebalse del Grijalva, les dieran las gracias por la esperanza frustrada y desmantelaran el campamento, pues la prometida villa se quedó en semi-construcción, y las familias sin campamento, sin villa y sin alguna instancia estatal que asuma algún compromiso.

Y es que aun cuando el gobierno federal ya depositó el pago de las tierras, en más de tres años el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, no ha cumplido con la indemnización ofrecida a los habitantes de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva por las tierras perdidas. Cuando los pobladores se reunieron para protestar por este incumplimiento, fueron engañados: llegaron policías que ofrecieron llevar a las personas a un lugar donde les entregarían su indemnización pero en realidad las trasladaron a la cárcel.

En otra CRS, en Jaltenango, en el municipio Ángel Albino Corzo, se va a reubicar a cerca de siete localidades, tres de las cuales están en la Reserva de la Biósfera El Triunfo. En el campamento correspondiente, además de que la gente hacinada espera lo ofrecido, han perdido la libertad de expresión, el derecho a la palabra. Le comentaron a la periodista Gloria Muñoz, que los “regañaron de la presidencia (municipal); nos dijeron que no debemos dar ninguna explicación a los periodistas, porque ellos lo único que quieren es ganar” (La Jornada, 5 de mayo 2012). La condición bajo la que se encuentran estas personas no es ciertamente la de una supuesta ciudadanía universal de una nación o un Estado; se parece más bien a la condición que tienen los prisioneros en cárceles donde los derechos humanos se violan a voluntad.

Cuando miembros del Seminario “Democracia y territorio: construcción de identidades” –que se trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM– íbamos a Nuevo Juan de Grijalva, una autoridad de la Ciudad se hacía presente de inmediato par acompañarnos. Su nerviosismo, e incluso su silencio, nos hacían saber que asumía el papel de vigilante.

La calidad de vida de los habitantes de esta CRS se deterioró en todos los aspectos. No hay trabajo suficiente, algunos proyectos productivos inicialmente instalados ya están cerrados, el agua de lluvia se filtra por los techos de las casas, los muros están húmedos gran parte del año y las familias están escindidas pues los hombres se van a buscar trabajo y no pueden regresar a diario. Hay reportes de que la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia están huyendo debido a que tienen el temor que de un momento a otro los detengan.

Engaño tras engaño, promesas incumplidas, impunidad, recursos millonarios desviados váyase a saber a dónde, transparencia cero, criminalización de la protesta, trato humillante de las fuerzas “del orden”, atentados contra la libertad de expresión, violación al derecho a la información, tolerancia plena a la ilegalidad, promoción gubernamental de la corrupción. Pero nada de esto importó, decíamos, porque el proyecto continúa, y ahora extendido al menos hacia Puebla.

Este proceso de reubicación de pueblos en ciudades rurales es uno de los muchos mecanismos que hay para despejar el campo a negocios de modernización y de alto desarrollo tecnológico que buscan la extracción de recursos naturales del subsuelo, como hidrocarburos o uranio, o proyectos de turismo “ecológico”.

Quiero terminar con dos frases que escuchamos desde 2008 hasta 2012 en las pláticas con la gente afectada por la Ciudad Rural de San Juan Nuevo Grijalva. Una la decían cuando hablaban de su casa y su tierra perdida: “antes lo tenemos todo” (sic); y la otra, su contraparte: “ahora todo lo tenemos que comprar”.

Chiapas Reacomodos poblacionales a partir de la economía cafetalera FOTO: Oriana Eliçabe Sandra Gerardo Pérez El punto más austral del territorio nacional ha sido desde hace siglos lugar de tránsito; desde mucho antes de que miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses arriesgaran sus vidas en la búsqueda del sueño americano, los habitantes de Centroamérica ya cruzaban esos ríos y montañas que hoy son frontera. Pero además las regiones del Soconusco y la sierra han sido territorio de diversos pueblos indígenas, principalmente mames –aunque también cachiqueles, mochós y kanjobales– que se han asentado ahí por generaciones desplazándose entre las tierras de la costa y la sierra, defendiendo el territorio y compartiéndolo con diversos grupos étnicos que llegaron de fuera de la región. En esta parte de la frontera sur los patrones de asentamiento han estado marcados por la producción de bienes cuyo intercambio rebasa el mercado local. En un primer momento el cacao y después, de manera más drástica, el café exigieron desplazamientos y establecimientos según la fuerza de trabajo que se necesitara. A finales del siglo XIX, esta región entró de lleno a la economía mundial por medio del café; desde entonces su devenir histórico y social estaría supeditado a las fluctuaciones de precios del grano fijados en las grandes metrópolis. Para hacer crecer el preciado fruto, y las ganancias que lo acompañaron, las potencias capitalistas requirieron grandes extensiones tierra y abundante mano de obra. Con la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, los inversionistas mataron dos pájaros de un tiro y los mames de la costa sufrieron el despojo de sus tierras y de su modo de vida, y es que una vez delimitada la frontera, las compañías deslindadoras pusieron en manos de alemanes, estadounidenses y algunos mexicanos los territorios mam, y los nativos fueron desplazados hacia tierras en la sierra. Para cuando se impulsaba la acción de las compañías deslindadoras, según señalan diversas fuentes, los terrenos de la región se encontraban “despoblados”. Aunque durante el período colonial la población nativa del Soconusco decreció significativamente y no logró recuperarse, decir que el territorio se encontraba “despoblado” ignoraba a las aproximadamente dos mil familias mames que estaban asentadas allí subsistiendo del autoconsumo, familias que en su mayoría fueron desplazadas a la sierra donde poco se daba la milpa. Más bien, la idea del “despoblamiento” se refiere a que había poca mano de obra para el trabajo requerido por la producción del café. Fue precisamente con el asentamiento forzado de los mames en la región Sierra, que los magnates del café se hicieron de parte de una de sus más preciadas mercancías: la mano de obra, que les resultaba sumamente costosa si se traía de Los Altos de Chiapas. De esta manera, a partir de la expansión de los cafetales, los patrones de asentamiento de los indígenas de la región girarían en torno a la explotación en las fincas, porque con el confinamiento a tierras menos productivas la economía de autoconsumo se vio severamente afectada, y para subsistir, los otrora pobladores de la costa tuvieron que vender su fuerza de trabajo a las fincas. Al pasar de las décadas, con las luchas obrero-campesinas en la región y las políticas cardenistas, estos pobladores fueron dotados de tierras y se oficializó la territorialidad que habían ejercido por 50 años; los primeros ejidos de la región fueron en la sierra y no en terrenos de fincas afectadas, y a varios de los beneficiados con tierras ejidales, la dotación les “costó” el nacionalizarse como mexicanos, y es que en las décadas anteriores indígenas de Guatemala, y algunos con dificultad para probar su nacionalidad por la condición de frontera del territorio, habían sido también empujados a las laderas serranas. Como sea que fuere, los mames y otros pueblos indígenas se resistieron a la desaparición a partir de un patrón de asentamiento que implicó movilidad –de la costa a la sierra–. Si bien el nuevo terreno, e incluso la adscripción a la nacionalidad, les fueron impuestos, la adaptabilidad del pueblo y la creación de territorio a partir de las condiciones dadas hicieron posible su subsistencia. Ante los embates del mundo actual, con nuevos desplazamientos forzados y sus fronteras teñidas de sangre, habrá que ver cómo es que resisten estos pueblos y sus territorios.

Chiapas

Ciudad Rural de Santiago El Pinar

Ejemplo de una política que se desmorona

Asmara González Rojas Profesora-investigadora, Universidad de Guadalajara [email protected]

FOTO: Asmara González Rojas

En 2007 el gobierno chiapaneco a cargo de Juan Sabines inició la construcción de las Ciudades Rurales Sustentables (CRS). ¿Qué resultados han tenido en términos de una formulación de política pública para aliviar la pobreza?

“La Ciudad Rural quedó muy pendiente, es pura subida; cuando empiece a llover suficientemente en los meses de noviembre, diciembre, o si viene un temblor, se va a llevar todas las casas. Es lo que estoy viendo, porque es muy pendiente el terreno y el material de tablaroca no aguanta, ya se está rompiendo y pudriendo (…) hubieran tomado un terreno más plano y mejores materiales, pero no supieron planearlo y tomar acuerdo con el comisariado ejidal y con la gente (…) hubieran tomado un acuerdo que se mejoraran sus viviendas en su mismo lugar. El terreno se está cuarteando; cuando venga un deslave se va a llevar todo el caserío, es lo que estoy viendo” (entrevista a líder comunitario de Santiago El Pinar, mayo 2012).

Con 112.6 millones de habitantes, México tiene 52 millones viviendo en pobreza y 11.7 millones de ellos en pobreza extrema, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Este es un grave problema para la sociedad en su conjunto, que los gobiernos tratan de subsanar con la formulación de políticas públicas en los ámbitos de empleo, salud, educación, alimentación y servicios de vivienda. En los sexenios recientes se ha recurrido a políticas de corte asistencialista –basadas en el individuo– y se han minimizado las de corte colectivo y de fomento a la organización productiva del campo. La pobreza es aún más notoria en el mundo rural del sur de México, donde también se concentra una parte significativa del territorio indígena.

En tal marco, la prensa de Chiapas y los discursos de los funcionarios de gobierno local difunden que esta entidad ha dado un ejemplo al mundo con políticas novedosas para la erradicación de la pobreza. ¿De qué hablan? Según el discurso oficial, la creación de las CRS busca combatir la pobreza causada por la dispersión territorial que imposibilita la dotación de servicios básicos en las comunidades que conforman los municipios chiapanecos más marginados.

En este artículo me refiero particularmente a la CRS en el municipio de Santiago El Pinar, en Los Altos de Chiapas, cuya extensión territorial es de 17.76 kilómetros cuadrados, su población suma tres mil 245 personas, y colinda con los municipios de San Andrés Larráinzar y Aldama. Esta CRS es la segunda y se inauguró en marzo de 2011, con una inversión de 394 millones de pesos, para la construcción de 115 casas, un hospital, una escuela, un mercado, una planta potabilizadora, una subestación eléctrica, un vivero, tres granjas avícolas, y seis invernaderos, todo ello hoy subutilizado o sin funcionar.

La provisión de servicios básicos no es una decisión inadecuada, pues idealmente estaría incidiendo en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la forma en que han sido planeadas y concebidas las CRS genera muchas dudas, por la ausencia de una consulta previa con los pobladores –o más bien la realización de una consulta simulada; la falta de transparencia en los recursos; cuestionamientos sobre la calidad de la infraestructura, la sustentabilidad y el ordenamiento territorial, y por la demagogia al decir que se avanza en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales Sustentables, Puebla, 02-09-2011

El establecimiento de una política pública requiere la participación de la sociedad para que tome en cuenta sus necesidades y características. Cuando no hay tal participación, se genera descontento entre los “beneficiarios” y las decisiones son inoperantes. Esto es claro cuando se escuchan testimonios de los habitantes, por ejemplo, el de un connotado líder comunitario:

“Es cierto que se construyeron casas de cartón como se publicó en el periódico; además, no se respetó la costumbre: las mujeres tienen la costumbre de hacer su fueguito para tortear; desde ahí veo un poco mal la CRS, porque no se construyó bien su cocina, no tienen solar para secar café, nada, no se platicó con la gente” (entrevista, mayo 2012).

Una de las principales críticas a la CRS es que no hubo un diagnóstico adecuado ni una consulta ciudadana eficiente, y no se respetaron las formas de organización social, económica y cultural del pueblo tsotsil de la zona.

La creación de la CRS se basó en una premisa falsa, la del binomio dispersión territorial-pobreza. Sobre este punto, otro habitante de Santiago afirma que: “¡La CRS es una burla! Cómo vamos a ir a vivir allá, cuando algunos vivimos cerca de nuestro paraíso, de los cafetales y la milpa en nuestras casas; la solución debería ser otra, porque aunque el gobierno dice que hay dispersión territorial, no es muy cierto, casi todas las comunidades acá están a pie de la carretera, tienen acceso para llevar los materiales y los servicios a sus casas, y no llevarlos a vivir a un chiquero. Los únicos beneficios son el hospital y la escuela, pero ni eso porque no tienen agua, ni luz” (entrevista, marzo 2012).

Respecto a la superación de la pobreza con el programa de CRS, uno de los beneficiarios, quien, cabe mencionar, no habita su “nueva” casa, argumenta que: “Supuestamente era un proyectazo, pero no le veo ningún resultado, supuestamente este es el municipio más pobre de México, y el programa supuestamente es para salir de la pobreza. Nosotros como indígenas y campesinos no podemos vivir así en ese espacio tan reducido. Hubieran puesto una casa de block en su terreno, pero ¿a dónde se va el dineral? Y, así que digas que ya salimos de la pobreza, no, al contrario nos incrementan los gastos de la luz, ya nos pusieron una tarifa más alta, por eso de la “ciudad”, a mi me perjudica, otras comunidades que no están dentro de la ciudad siguen con su misma tarifa. Fue una mala obra” (entrevista, mayo 2012).

Uno más de los testimonios afirma: “no hay avance, el presidente municipal toda la vida anda fuera del municipio, no hay crecimiento en el pueblo, ni buen apoyo, ahora nosotros estamos viendo que nos echen la mano para gestionar proyectos productivos para el campo, apoyos a las mujeres, para que de verdad haya progreso en el pueblo”.(entrevista, mayo 2012).

A todas luces la CRS en Santiago El Pinar no está funcionando y puede considerarse un elefante blanco más en Chiapas, pero más grave aún, dicha política no sólo no esta incidiendo en el bienestar de la población sino que reproduce los patrones de desigualdad de una ciudad llevados al campo y alienta el conflicto social, puesto que también se reproduce el problema de inclusión y exclusión de otras políticas asistencialistas.

Por otro lado, los pobladores de Santiago no lo echan todo a la basura puesto que consideran que el hospital y la escuela son buenos beneficios, pero se requiere que realmente los hagan operar. Sobre este punto, un funcionario comentó irónicamente que “hay beneficios colaterales”, pero en su conjunto parece un fracaso.

Es urgente y necesaria una evaluación de las CRS. Algunas recomendaciones comienzan a circular por parte de relatores de las Naciones Unidas; sin embargo, deben ser los gobiernos federal y chiapaneco los responsables de evaluar a conciencia está política y proyectar soluciones junto con la sociedad. La indignación ciudadana ante tal derroche de recursos no es para menos, además de que despierta suspicacias de corrupción y juego de intereses personales y políticos. De poco sirve generar políticas públicas sin raíces y que se deslavan a la luz de caprichos sexenales.

La línea de investigación de la autora de este artículo es desigualdad, etnicidad y políticas públicas en contexto de conflicto. Actualmente realiza su investigación doctoral en Los Altos de Chiapas.