Ciudades rurales y reordenamiento territorial: el camino del despojo

Abraham Rivera Borrego Miembro del Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK)

FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales Sustentables, Puebla, 02-09-2011

Las Ciudades Rurales en Chiapas son pequeñas ciudades edificadas ex profeso en el área rural, que ofrecen a las comunidades indígenas y campesinas una serie de servicios –entre ellos luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones y empleo– con el objetivo de “concentrar” a los hombres y a las mujeres del campo. Pero en realidad, detrás de este discurso desarrollista, afloran otros objetivos no explícitos que se hacen obvios bajo la lógica de una integración extractivista y basada en el despojo.

“Según datos oficiales, actualmente el Programa Ciudades Rurales Sustentables (CRS) en Chiapas comprende ocho ciudades rurales. Dos ya están habitadas: Nuevo Juan del Grijalva, donde fueron reubicados los afectados del desastre de 2007, y Santiago El Pinar, donde se reubicó a población indígena. Los planes del Programa incluyen seis ciudades más, de las cuales cinco se encuentran en etapa de construcción y una en fase de planeación” (Informe de la Misión Civil de Observación de la Red Paz y caik sobre el Programa Ciudades Rurales Sustentables).

Este Programa forma parte de un enorme esfuerzo por transformar la vida en el sur-sureste de México, particularmente la vida en el campo, hacia patrones de consumo y producción orientados a la lógica del mercado. Dicha iniciativa es parte de otros grandes planes del pasado que quedaron enunciados hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que han encontrado expresión en el Plan Puebla Panamá, ahora rebautizado como Proyecto Mesoamérica: proyecto de ”infraestructura y desarrollo”, centrado principalmente en las áreas de energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, agrocombustibles, carreteras y vivienda.

Para la economía neoliberal es muy importante que los territorios a explotar estén despejados y que la población que viva en ellos sea desplazada a una especie de núcleos de concentración urbanos. Las Ciudades Rurales son estos centros a donde los pueblos son reubicados anulando la posibilidad de tomar decisiones sobre el destino de su tierra, dependiendo totalmente del modelo económico imperante y quedando, consecuentemente, bajo un modo de vida campesino-indígena seriamente fracturado.

Actualmente, la forma de operar y anexionar territorios a la economía de mercado, se desarrolla mediante diversos elementos de control tales como los organismos financieros multinacionales, la banca multilateral, las empresas trasnacionales, los planes económicos de infraestructura y seguridad, los tratados de libre comercio, la ocupación militar y la guerra irregular, entre otros.

El verdadero trasfondo de estos tratados y acuerdos es obtener un control eficiente y mayor sobre las reservas energéticas del petróleo y del gas en territorio nacional, así como una mayor intervención sobre territorios estratégicos que contienen importantes dotaciones de biodiversidad en todo el continente americano. Hablamos de áreas como el Corredor Biológico Mesoamericano que comprende desde el sur-sureste mexicano, pasando por los países del Istmo Centroamericano y llegando hasta las fronteras con Colombia y Panamá.

FOTO: Orin Langelle

“El programa CRS no fue ideado ni por el gobierno estatal ni por el gobierno federal. Sus orígenes y elementos rectores pueden rastrearse en documentos y comunicados de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Esta institución preconiza la integración económica como la principal arma de lucha contra la pobreza, y como vía para “llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo”. (Boletín sobre las Ciudades Rurales de caik).

En este sentido, el territorio chiapaneco cobra vital importancia en el proceso de reordenamiento territorial ya que ofrece grandes posibilidades de ampliar circuitos económicos de alta rentabilidad para los inversionistas; sustentándose en el control de la biodiversidad, el agua, la producción energética, la extracción de minerales y petrolera, el desarrollo de la industria turística y la incautación de grandes extensiones de territorio para el monocultivo y la agroindustria.

Igualmente, como consecuencia de las relaciones de poder existentes hoy en día en todo el planeta, el acceso, gestión y usufructo de los recursos naturales están limitados y controlados por el poder geopolítico de los países ricos y los organismos multilaterales que pretenden la apropiación de territorios a los que antes no tenían acceso.

En este momento, la geopolitización de los recursos naturales ha arrojado una nueva doctrina de “seguridad ambiental”, que se lee como el aseguramiento o protección de zonas ricas en recursos estratégicos frente a escenarios de incertidumbre que pongan en peligro la estabilidad de la economía. Esta nueva doctrina promovida por los países ricos integra dentro de la estrategia de seguridad nacional el posicionarse, responder o reducir cualquier incertidumbre que desequilibre su desarrollo económico.

Uno de estos países es Estados Unidos, que integró esta doctrina (2008) dentro de su Plan de Seguridad Nacional. Desde luego este concepto de seguridad ambiental se presenta ante la opinión pública como garante de la conservación del medio ambiente, la ayuda humanitaria y el desarrollo social para los más pobres.

En este sentido, desde los años 90s, América Latina se coloca como reserva estratégica de Estados Unidos. Centroamérica y el Cono Sur operan en función de la geopolítica estadounidense vía el Comando del Sur y otros esquemas como el Plan Colombia. Canadá y México ya están bajo control militar estadounidense por medio del Comando del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y actualmente la Iniciativa Mérida. Todos estos planes militares representan el candado de seguridad de los tratados de libre comercio como el de América del Norte (TLCAN) y los “planes de desarrollo” como el Proyecto Mesoamérica a lo largo de todo el continente.

Ubicadas dentro de la lógica del Proyecto Mesoamérica, las Ciudades Rurales funcionarán entonces como una forma de lo que David Harvey llamó “acumulación mediante desposesión”. La separación entre el campesino y la tierra que es la base de la acumulación capitalista, sin la cual el capital no tendría mano de obra ni recursos naturales para explotar.

Asimismo, hay otro elemento que juega un papel fundamental en la desarticulación del modo de vida indígena-campesino: la cuestión alimentaria. En Nuevo Juan de Grijalva, las cientos de personas allí concentradas han perdido la capacidad de producir sus propios alimentos. En palabras también de un habitante de la ciudad rural: “Allá todo lo cosechábamos nosotros. Si queríamos pescadito íbamos al rio y allá lo conseguíamos. No nos costaba comprar sino que lo pescábamos. No sé cómo, pero cada quien buscábamos la forma de vivir. Aquí no hay con qué”.

La separación o alejamiento del campesino o campesina de su tierra trae importantes consecuencias sobre su alimentación y nutrición, y más aún, conlleva la dependencia total del dinero como forma de supervivencia. Esta subordinación alimentaria y económica es claro ejemplo de una estrategia que busca subsumir a la población bajo el control del mercado, destruyendo cualquier vestigio de autonomía, soberanía o independencia.
Concentradas en las ciudades rurales, las comunidades indígenas y campesinas no sólo pierden libre determinación sobre su modo de producción, sino también sobre la reproducción de sus culturas permaneciendo supeditadas a los sistemas de regulación social estatales.

Como dice un miembro de la Junta de Buen Gobierno del Caracol I de La Realidad respecto de las Ciudades Rurales: “El mal gobierno nos promete tierra preparada, con luz, agua potable, vivienda, hasta nos alimentan. Es sólo vivir y engordar como un puerco, eso es lo que nos prometen pues”.

En este contexto en el que el Programa de CRS tiene como meta principal eliminar la dispersión de la gente, hecho que los gobiernos estatal y federal consideran factor determinante de la pobreza, desde el calendario de abajo nace la alternativa de los Caracoles zapatistas, que representan una opción concreta en donde las “comunidades dispersas” están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción fuera del control social del Estado y de la lógica acumulativa y destructora del capital. Los Caracoles, “esos espacios liberados que son dichos gérmenes de un mundo nuevo, no capitalista” (Aguirre Rojas, 2007), constituyen un gran obstáculo frente al “espacio abstracto” de supercarreteras, plantaciones intensivas, extracción energética y Ciudades Rurales de la nueva fase del Proyecto Mesoamérica en Chiapas.

El afán por reubicar: las congregaciones
de los indígenas en la nueva España

Sergio Eduardo Carrera Quezada Posgrado en Historia-UNAM [email protected]

FOTO: Códice de San Pedro y San Pablo Atlapulco

En la agenda de las instituciones de gobierno en México siempre ha estado presente la necesidad de controlar el mapa demográfico de su territorio. Incluso en tiempos del dominio de la corona española, ésta desarrolló un proyecto para modificar el patrón de asentamiento disperso con el que estaban organizadas las sociedades indígenas en América, el cual se llamó “junta, reducción o congregación”.

El propósito era que los indios fueran concentrados en pueblos planeados bajo los cánones europeos para facilitar su evangelización y que adquirieran las costumbres de gobierno occidentales. Pero otros objetivos menos espirituales eran extraer los mayores beneficios económicos de la población nativa con el control de su fuerza de trabajo y sus recursos naturales. Junto al desplome de la población provocado por la guerra de conquista y las epidemias, el desplazamiento forzoso realizado de forma sistemática por el gobierno español quizá fue una de las experiencias más traumáticas por las que han atravesado los pueblos indígenas.

En un inicio este proyecto estuvo a cargo de las órdenes religiosas. Sus miembros argumentaban que en ellos recaía la responsabilidad de cristianizar a los naturales y que para conseguirlo era necesario juntarlos en pueblos, pero reconociéndoles sus derechos sobre sus dominios y jurisdicciones. No obstante, la intención de los frailes era regular la vida civil, política y religiosa de los indios. Entre 1531 y 1533 Vasco de Quiroga fundó en México y en Michoacán los primeros pueblos-hospitales de Santa Fe, llamados así porque en estos asentamientos se recibía a los indios de manera afable y hospitalariamente, invitándolos a que aprendieran la fe cristiana.

Otros intentos de reubicar a la población indígena dispersa se dieron en torno a los conventos recién edificados, durante los gobiernos de los virreyes Antonio de Mendoza (1535-1550) y Luis de Velasco (1550-1564), quienes se apoyaron en el trabajo de los misioneros y consideraron la opinión de los caciques para elegir los asentamientos. Muchos de estos conventos fueron construidos muy cerca, si no es que encima, de antiguos centros religiosos prehispánicos.

Desde mediados del siglo XVI los procesos de congregaciones corrieron a cargo del poder virreinal, lo que reflejó un marcado interés de la corona para que los funcionarios civiles tomaran el control de los pueblos y restar la influencia de los religiosos. El imperio español dio continuidad a la formación de nuevos pueblos o a la concentración en los ya existentes, lo que haría más eficiente la cobranza de los tributos. Al mismo tiempo las tierras desocupadas por los indios desplazados servirían para crear las villas de los españoles.

Durante la década de 1590 y la primera de la siguiente centuria se realizó el mayor número de congregaciones en todas las provincias de la Nueva España. Y aunque había leyes que protegían los derechos de los indígenas por las tierras que desocuparan, la verdadera intención del gobierno novohispano era disponer de las sementeras que quedaran sin cultivar para repartirlas entre los colonos europeos y fomentar el desarrollo de la propiedad privada. Este fue el periodo más intenso de congregaciones, en el que fue necesario el nombramiento de funcionarios para que realizaran las diligencias de reubicación, la asignación de tierras y los espacios de residencia a la población concentrada en los pueblos seleccionados para las nuevas reducciones. La mayor parte de los indígenas había sido removida en estos años, pero a lo largo de los siglos XVII y XVIII se efectuaron concentraciones forzadas en el norte novohispano y en zonas de colonización tardía.

En las congregaciones hubo diversas implicaciones, que iban desde los cambios a la traza urbana hasta el ajuste a nuevas reglas de convivencia. Las respuestas de la sociedad indígena frente a la política virreinal de reubicación fueron diversas, pero las más frecuentes fueron la resistencia abierta a abandonar sus lugares de origen y la exigencia de sus derechos por la posesión de sus parcelas. En muchos casos se verificó que una buena parte de la población había regresado a sus antiguos asentamientos, ya que las tierras que les habían asignado eran de menor calidad. Estrategias como estas continúan ejecutándose por las poblaciones que actualmente son desplazadas de manera forzada por el Estado mexicano, que en su afán por impulsar los llamados proyectos de desarrollo, justifica sus políticas demográficas para dar continuidad a la explotación de los recursos y de la gente en el territorio nacional.

Puebla “Desarrollo” y ciudades rurales FOTO: Niktehapk Milton Gabriel Hernández García ENAH-CEDICAR El amplio debate que hay sobre el tema-problema del “desarrollo” muestra claramente que la lucha social al respecto no se despliega exclusivamente en el terreno de las acciones, sino también en el de los conceptos y en el de la construcción social del sentido. De tal suerte que la disputa constituye un campo de fuerzas que se expresa de múltiples maneras, en una arena de conflictividad, dominio y construcción de hegemonía, resistencia y contra-hegemonía. Las políticas de desarrollo que se dirigen específicamente hacia la población rural del estado de Puebla se enmarcan en un supuesto que se pretende hacer pasar por axioma: la dispersión territorial de los asentamientos campesinos e indígenas es la causa fundamental del “estancamiento productivo”, de su “pobreza extrema, marginación y rezago socio-demográfico”. Desde esta perspectiva, un modo de vida históricamente configurado se considera una “barrera al desarrollo”, ya que “priva a las comunidades del acceso a los servicios públicos, a la infraestructura y a las oportunidades que ofrece el crecimiento económico”. En el documento “Proyectos estratégicos en materia social”, del gobierno estatal, se establece como un eje de desarrollo la promoción de la reubicación de la población dispersa de la “zona de influencia” de los centros urbanos. Con esto se busca abatir la pobreza multidimensional en que se encuentra, según datos oficiales, el 64 por ciento de la población rural de este estado. Así –ya sea generando conectividad por medio del transporte mecanizado o reconcentrando a la población rural en núcleos urbanos–, se pretende desplegar el modelo de desarrollo para combatir la pobreza como una estrategia de “desarrollo territorial rural”. A partir del análisis geoestadístico, el gobierno de Puebla ha identifi cado 50 áreas de mayor aislamiento a nivel estatal, susceptibles de ser reubicadas bajo la estrategia de las Ciudades Rurales. Estas zonas son las que se encuentran a más de ocho kilómetros de un centro urbano. Fuente: Iniciativa para la Integración del Desarrollo Microregional, Sedesol, 2012. Señala un funcionario: “El gobierno del estado propuso 50 áreas de atención como objetivo para los seis años del presente gobierno. Hicimos un análisis geo-estadístico para primero identificar cuáles eran las localidades que estaban en situación vulnerable por dos razones: porque están en los municipios de alta o muy alta marginación o porque están con un grado de alejamiento de los centros urbanos y de los subcentros de servicios (…) La iniciativa para la integración del sistema microregional es una propuesta del gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, es una propuesta que elaboramos para acompañar el proyecto del gobierno del estado que es el proyecto de Ciudad Rural versión Puebla”. El gobierno estatal ha anunciado desde 2011 la creación de 50 Ciudades Rurales, iniciando en el municipio de Zautla con el proyecto piloto. Frente a la imposición de estos proyectos, el posicionamiento de organizaciones como Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona) ha sido claro: no existe posibilidad alguna de negociar una estrategia de desarrollo como ésta, en un escenario en que se atenta contra su forma de vida, sus territorios, sus sitios y rutas sagradas, las milpas agrobiodiversas y los derechos colectivos de los pueblos consagrados en múltiples instrumentos jurídicos estatales, nacionales e internacionales. Señala un militante: “(…) Creo que el proyecto de Ciudades Rurales pudiera ser bueno, el más bueno o el más malo, pero me parece que tiene un detalle: no ha sido ni siquiera consultado a las comunidades. El mejor proyecto es malo si no se consulta a los ‘verdaderos beneficiarios’. Nosotros estamos planteando un desarrollo con autonomía de los pueblos indígenas, un desarrollo que en ningún lado vemos que diga que queremos cambios de residencia, porque no queremos dejar nuestros lugares; un proyecto de desarrollo donde sí queremos vivienda, claro que sí, vivienda ecológica, pero no en otros lugares. En el tema de la Ciudad Rural no vemos la propuesta de cómo se van a fortalecer o a incluir los sistemas normativos de los pueblos, cómo se va a dar la impartición de justicia, o cómo se va a reforzar nuestra identidad cultural (…) no estamos de acuerdo en que se sigan violando los derechos de los pueblos”. Como se puede observar, desde una perspectiva crítica, alcanzar el “paradigma del desarrollo” no equivale para los “subdesarrollados” (el mundo de la periferia) aspirar a los “estándares de vida” de los países desarrollados (del centro) sino construir una forma de vida en la que no exista más discriminación, exclusión y subyugación. Es decir, más que algo que tenga que ver con el atraso tecnológico y la carencia, el subdesarrollo es entendido desde abajo como algo que tiene que ver en primera instancia con un conjunto multiforme de relaciones de poder, inclusión subordinada o subsunción y al mismo tiempo, exclusión. Sin embargo, en el campo discursivo, la noción de desarrollo ocupa hoy día un papel central en las políticas de Estado y en la acción empresarial sobre mundo rural y campesino. Siempre que se trata de “atender” las necesidades de la población indígena y campesina, aparece la palabra “desarrollo” en medio de un complejo aparato discursivo. Y es que la idea de desarrollo tiene una profunda raíz histórica en la filosofía de la historia moderna que entendía el proceso histórico como “progreso” y que en el siglo XX configuró el supuesto de que una sociedad sólo puede aspirar a la modernidad si se inscribe en el único e inevitable camino del crecimiento y la expansión de la economía capitalista. Los pueblos y comunidades indígenas ya mucho saben de esto. Llevan siglos luchando y resistiendo contra la dominación. Es por ello que se sospecha que tal vez estas políticas de desarrollo encubren en realidad, políticas de muerte, de despojo y destrucción del modo de vida campesino-indígena. Así lo demuestra el hecho de que las Ciudades Rurales en Puebla vienen acompañadas de proyectos de minería a cielo abierto, presas e hidroeléctricas, a los cuales les estorba la población rural.