Distrito Federal

Las Malvinas, en Xochimilco

Juan Carlos Loza Jurado [email protected]

FOTO: Juan Carlos Loza Jurado

San Ignacio Tlachiutepec, en la delegación Xochimilco, es un asentamiento con una historia añeja pero tiene en la organización de sus habitantes 30 años claramente registrados. Ubicado en la zona de montaña de esta delegación sureña, el referente inmediato de los paseos en trajinera y la producción de la chinampa cede ante la realidad por la aparición, a los costados de la carretera Xochimilco-San Pablo, de un buen número de asentamientos denominados “irregulares” o “fuera de casco urbano”. Sobre las laderas de los cerros y terrenos circundantes surgen los parches a base de cemento y monobloc que claramente identifican la urbanización que se va haciendo en estos sitios.

Sin embargo, don Mario, sentado en el patio de su casa mientras muestra fotografías de los trabajos comunitarios del paraje en la década de los 80s, nos cuenta que la historia de Tlachiutepec es distinta. Señala que las 109 familias censadas en esta colonia tienen sus raíces en San Andrés Ahuayucan, a escasos diez minutos de ahí. Cuenta que a fines de los 20s e inicios de los 30s, sus abuelos fueron los promotores de los bienes comunales para establecer los límites entre cada poblado, “pero lejos de resolver los problemas, en aquella época lo que ocurría es que los pueblos vecinos sólo se agarraban a balazos”.

FOTO: Juan Carlos Loza Jurado

Eso, a pesar que existía documentación –de la cual tiene copias, asegura– como la Cédula Real del siglo XVIII, donde los españoles reconocían a la gente común de Ahuayucan, a los comuneros. En tal documentación se marcan los distintos parajes que conformaban el antiguo territorio de San Andrés y del cual Tlachiutepec era uno de ellos. Nunca se arregló nada porque no hubo quien representara los intereses del pueblo. Los límites comunales de San Andrés llegaban poco más allá de San Francisco Tlanepantla, hasta el monte, pero con el tiempo Tlalnepantla y Cuauhtenco se fueron ampliando. De Ahuayucan ya nadie se interesó por lo comunal, pues los vecinos prefirieron ser pequeños propietarios.

Don Mario recuerda que, herencia de sus abuelos, la documentación pasó a manos de su papá, pero fue su mamá, doña Ignacia Millán –bisnieta de Placido Olivares, segundo subteniente de Zapata en Tlatenango, Morelos–, quien reinició la lucha por recuperar las tierras comunales.

Pasos Un día los rurales llegaron de nuevo a la ciudad del lago. En bola, se entiende, porque ya estaban allí como sombras y retales humanos desde hacía tiempo. Llegaron en bola pisando las calles. Pisando fuerte las calles. Llegaron en bola. Con pancartas, banderas, volantes. Las calles centrales tomaron sus huellas de pies desnutridos, cansados, con grietas, de pies campesinos. Pisaban fuerte, muy fuerte, esos pies esas calles del centro. Ya eran tiempos globales. Pedían, recuerdo, lo realmente absurdo: tierra, libertades, alimento. Que no a las trasnacionales –decían–, tampoco al sometimiento. Que precios libres de cuota, que nada a los monopolios. La bola desembocó en el Zócalo por Madero. No eran cientos: eran miles los rurales llegando al centro del centro. Bien recuerdo. Ya eran tiempos globales y pedían lo imposible: Que educación para todos, que libertad a los presos; que autogobierno del pueblo y no sé cuántos inventos. Ya eran tiempos globales y aún pisaban el centro. Julio Moguel, Alebrijes y otros poemas, Editorial Juan Pablos.

Fue así como la gente del pueblo que no tenía tierra propia para vivir apoyó a doña Ignacia, quien a finales de los 70s empezó a moverse en los tribunales para recuperar la tierra, pues además aparecieron “dueños” que ya empezaban a fincar casas de fin de semana.

También don Eusebio y su esposa, que atienden su negocio semifijo de quesadillas junto a la primaria a pie de la carretera, recuerdan cómo en aquellos años los fines de semana doña Ignacia voceaba en el pueblo e invitaba a la lucha para recuperar la tierra. Ellos, que no tenían casa propia en Ahuayucan, se animaron y –ya sea dejando a sus hijos encargados, o cargando con ellos– asistían a las marchas y visitas a los tribunales para hacer presión junto con los demás vecinos. Recuerdan cómo cerca de donde ahora está la escuela primaria “Agustín Banda Sevilla” y el kínder “Callialtepetl” había una cabaña donde carros lujosos llegaban para hacer sus comidas los fines de semana. Eran tiempos de lucha, dicen.

Parte del paisaje actual de Tlachiutepec son las casas de tabicón, algunas con acabados y techos de losa, otras más con techos de lámina. Existen también algunos andadores sin asfaltar y otros más con huellas ecológicas, pero algo que se observa en todos los accesos a las viviendas, o lo que podríamos interpretar como algunas esquinas de la colonia, son los tambos metálicos de 200 litros, donde, de acuerdo con una programación, la delegación Xochimilco les lleva agua potable a los vecinos. Es donde el tandeo de agua se reparte en los sitios considerados fuera del Programa de Desarrollo Urbano.

En su recuento de lo logrado en 30 años, don Mario señala primero cómo se recuperaron nueve hectáreas en los tribunales agrarios por medio de una sentencia, y llegado el momento debieron decidir entre ser comuneros o pequeños propietarios. Optaron por lo segundo. Cuenta cómo se repartió la tierra de acuerdo con las leyes agrarias y detalla también que a los vecinos de San Andrés –compañeros de la lucha– que tenían más de cinco años viviendo en el pueblo se les entregó un pedazo de tierra para vivir.

Calcula que están ocupadas actualmente aproximadamente dos hectáreas. Rememora cómo en aquellos años, cuando tomaron la tierra, los pobladores de las comunidades vecinas los enfrentaban y los acusaban de paracaidistas e invasores, a lo que siempre ataja diciendo que tiene en su poder las sentencias de los tribunales agrarios y que son originarios de Ahuayucan. En esos años les quemaban sus casas y se enfrentaban con piedras. Producto de esas luchas, y en el contexto de la guerra que inició en 1982 entre el Reino Unido y la república de Argentina por las islas Malvinas, los vecinos de Tlachuitepec también adquirieron ese sobre nombre para su paraje, que aún hoy día es más popular que San Ignacio. Recuerda que para Tlachiutepec la lucha de las mujeres fue trascendental y tuvieron su “dama de hierro”.

Fruto de la lucha y cooperación entre vecinos, están la sala de juntas, la cancha de basquetbol y el área de juegos infantiles. Colocaron la tubería para el drenaje listo sólo para conectarse. Cuentan con terreno para un tanque de almacenamiento, así como áreas forestada, reforestada y por reforestar en el cerro Tepetlitic. Entre vecinos hicieron las banquetas, guarniciones y la capilla de San Ignacio que, en honor de doña Ignacia, celebran cada 31 de julio. Para su fiesta patronal reciben las “promesas” de colonias vecinas y se organizan bailes.

Don Mario recuerda cada gestión: por la luz, el teléfono, la compra del transformador y las escuelas, pero sobre todo los trámites para obtener el uso de suelo, la alineación y el número oficial, pues ello significaba tener acceso al agua potable domiciliaria y el drenaje. Gestiones que, claramente señala, se detuvieron en su paraje desde que las administraciones delegacionales cambiaron en 1997. Han avanzado en todo lo que marca la ley, pero siguen atorados. Parte de su lucha es también contra la corrupción, pues dice que ellos han respetado el convenio de crecimiento cero firmado de manera mancomunada con anteriores administraciones, pero la propia Delegación Xochimilco ha favorecido el crecimiento de más asentamientos alrededor de San Ignacio –y en otros poblados– al no actuar y aplicar la ley. Finaliza diciendo que “la ley es para quien puede pagarla, la ley se la aplican a los pobres, pero a los que tienen dinero y la pagan a esos no les afecta la ley”.

Argentina

Recuperar territorios

Darío Aranda

Rosa Rua Nahuelquir y Atilio Curiñanco FOTO: Sebastián Hacher

La multinacional italiana Benetton posee en la Patagonia Argentina 970 mil hectáreas, el equivalente a 48 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Es el mayor terrateniente del país. En 2007, un matrimonio del Pueblo Mapuche (Atilio Curiñanco y Rosa Rua Nahuelquir) decidió recuperar su territorio ancestral y, en una acción inesperada para el poder político y empresarial, se instaló en 535 hectáreas en el corazón de las estancias de los hermanos Carlo y Luciano Benetton.

En la década reciente, los pueblos originarios de Argentina han recuperado –mediante la acción directa– 240 mil hectáreas de territorios ancestrales. Estaban en manos de la multinacional Benetton, empresas mineras, grandes estancieros, Ejército y Gendarmería Nacional.

Los pueblos indígenas de Argentina fueron despojados de la mayoría de sus territorios en campañas militares que se iniciaron en 1879, políticas de Estado que se ejecutaron bajo el nombre de Campaña del Desierto (aunque no era desierto, sino un lugar habitado desde hacía generaciones).

La decisión había sido introducir nuevos territorios al mercado capitalista, para cría de ganado, agricultura y extracción de madera. Aunque en menor magnitud, con el paso del tiempo el desalojo de comunidades indígenas nunca se detuvo.

El Consejo Asesor Indígena (CAI) es una de las organizaciones referentes de la lucha del Pueblo Mapuche. En la década de los 80s, a fuerza de movilizaciones y debates lograron una legislación provincial de avanzada (Ley 2287). Los puntos más novedosos eran la expropiación de tierras para entregar a las comunidades y la investigación histórica del despojo territorial, con posterior restitución.

Luego de diez años de insistir por la vía administrativa, con exiguos resultados, en 1997 un trawün (asamblea) decidió avanzar con recuperaciones territoriales, acciones directas.

Entre 1987 y 1989 realizaron reafirmaciones territoriales (asambleas donde se remarca la pertenencia a un lugar) en 30 mil hectáreas de la provincia sureña de Río Negro. En 2000 se produjo la primera recuperación, de la Comunidad Casiano-Epumer, ocho mil hectáreas que había usurpado un empresario y terrateniente local. Entre 2002 y 2005 se avanzó sobre otras 30 mil hectáreas, siempre en manos de grandes empresarios. Hasta enero de este año, y con una veintena de casos, el Pueblo Mapuche de la provincia de Río Negro llevaba recuperadas 160 mil hectáreas.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) tiene cuatro décadas de historia en las reivindicaciones del Pueblo Mapuche de la provincia de Neuquén, en el sur de Argentina. Aunque en la actualidad los mayores conflictos territoriales se dan por la avanzada de empresas petroleras, mineras y estancieros, lleva recuperadas 73 mil hectáreas. En 1995 comenzó con la mayor acción de recuperación, en un predio llamado Pulmarí, que había sido apropiado por el Estado luego de la Campaña al Desierto, expropiado por el primer gobierno peronista (1946) y una de las mayores estancias, transferida al Ejército.

En el lugar siempre permaneció un cementerio indígena. Éste y arte ancestral en piedras confirman la pre existencia indígena. El Pueblo Mapuche siempre exigió a devolución territorial.

Luego de reiterados reclamos, la CMN recuperó 70 mil hectáreas, incluidas diez mil que estaban en manos del Ejército. Nueve comunidades, 900 familias, tres mil 500 personas, volvieron a territorio ancestral.

La mayor parte de las recuperaciones territoriales se dieron en el sur del país, pero hay excepciones en el extremo norte. Formosa es una de las provincias más pobres del país, con un gobernador feudal (Gildo Insfrán) que se mantiene desde hace 25 años en el poder. En 1947, durante el gobierno de Juan Perón, la Gendarmería Nacional asesinó a no menos de 500 indígenas del Pueblo Pilagá. El hecho fue conocido como la “matanza de Rincón Bomba” (por el nombre del paraje). La Gendarmería se apropió del territorio indígena.

En abril de 2010, familias del Pueblo Pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio, 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por 20 comunidades apoya políticamente la recuperación. “Resistimos desde 1492. El Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería, es del Pueblo Pilagá”, explicó el presidente de la Federación, Saturnino Miranda.

El poder político, judicial y económico cuestiona las acciones directas de recuperación territorial. Pero los pueblos indígenas han logrado, además de la batalla política, dar la pelea jurídica, y tienen de su lado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en Argentina tiene rango supralegal (por encima del Código Civil y Penal).

“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

La comunidad mapuche Lefimi vivió por más de cien años en Taquetrén, clima desértico de Chubut, corazón de la Patagonia. Hasta que en la década del 80 fue estafada por un empresario local que se quedó con sus diez mil hectáreas. En diciembre de 2009, la comunidad volvió a su territorio ancestral, recuperó seis mil hectáreas, enfrenta al mismo empresario que desalojó a sus ancestros y, como si fuera poco, a la multinacional minera Panamerican Silver, que planea extraer plata y plomo. “Desde hace años que queríamos volver a un nuestra tierra. Intentamos hablar con el gobierno pero nadie nos atendió. Nos cansamos de mendigar y decimos volver”, explicó paciente Germán Lefimi, de 38 años. Advierten que no dejarán su tierra, “ni por dinero, ni por otras tierras, ni por nada”.

Cuba Las terrazas en la sierra del rosario: una ciudad rural sustentable León Enrique Ávila Romero Universidad Intercultural de Chiapas [email protected] FOTO: Lídice Valenzuela Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche… Polo Montañez En la guerra de Independencia en Cuba, el ejército español utilizó los métodos de tierra arrasada, con la finalidad de acabar con el campesinado que apoyaba la lucha emancipadora, y se concentró a la población en grandes aldeas, las cuales eran controladas política y económicamente. En la Revolución mexicana, el general Juvencio Robles en Morelos realizó similares acciones. Consistían en “ordenar la concentración de los habitantes de muchos pueblos en algunos centros importantes, mientras pegaba fuego y arrasaba las aldeas para así terminar con los nidos de zapatistas”, según señala Adolfo Gilly en su libro La revolución interrumpida. De acuerdo con Juan Pedro Viqueira y Mario Ruz, en su libro Chiapas, los rumbos de otra historia, “el general Alvarado ordenó un programa de reconcentración de poblaciones en ‘aldeas estratégicas’. Los departamentos de Tonalá, Tuxtla, Chiapa y La Libertad, al sur del Grijalva, fueron declarados zonas rebeldes. Todos sus habitantes deberían reacomodarse en pueblos controlados por el gobierno o serían considerados y tratados como rebeldes (…)”. Es así que cuando provienen desde el gobierno propuestas de concentrar a la población rural en un solo lugar, surge la memoria sospechosista, por lo que el presente apartado le haremos de abogado del diablo, y encenderemos el debate con base en una experiencia singular que se viene desarrollando en la hermana república de Cuba desde la década de los 60s del siglo pasado. El gran actor de la Revolución cubana fue el campesinado, el cual a partir de una guerra de guerrillas fue la base fundamental que permitió el triunfo en 1959. Con el ingreso del país a la esfera soviética, se generó una especialización de la producción agrícola, con énfasis en los cultivos tropicales, en particular la caña de azúcar, y se dejaron de lado otras actividades. Existían terrenos degradados en los que era necesario impulsar procesos de restauración forestal; es así que en el municipio de la Candelaria, en la provincia occidental del Pinar del Río, se construyeron unas terrazas en las cuales se sembraron árboles en más de 50 kilómetros cuadrados, y se planteó la creación de una villa que fuera un ejemplo en la convivencia entre el ser humano y la naturaleza: se ideó como una pequeña ciudad en miniatura, la cual se dotaría de todos los servicios ( escuela, médico, vías de acceso, entre otras) y sería un ejemplo del socialismo en el medio rural. Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo, dirigente histórico de la Revolución cubana, fue el primer director de la villa –que se denominó Las Terrazas–; eso permitió a la villa tener ciertas singularidades respecto a la población rural de la isla (la cual sufría las políticas del mercado común de los países socialistas, y decisiones burocráticas e ineficientes en el agro). Existía un mercado no regulado por el Estado entre los habitantes de la villa y el surgimiento de una actividad empresarial. Esto lo podemos observar en la presentación del complejo: “Sus cinco mil hectáreas de ríos, valles, montañas y bosques forman parte, desde 1985, de la Reserva de Biosfera Sierra del Rosario, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 1968 esta zona se sometió, de manera experimental, a un sistema de terraceo a fin de repoblar las áreas montañosas, dañadas por más de tres siglos de deforestación. Ello se complementó con la edificación –en 1971– de la comunidad de Las Terrazas y la apertura de vías de acceso necesarias para el desarrollo del área. Estas vías permitieron su conexión con la red vial nacional en todas direcciones. En 1990 comienzan los planes para organizar Las Terrazas como un destino turístico, basado en sus múltiples atractivos naturales, históricos y socio-culturales (…)”. De acuerdo con Osmani Cienfuegos, al evaluar la actividad de Las Terrazas y su apuesta por el turismo: “Esto implicaba impulsar una actividad económica que fuera capaz por sí misma de darle a ese ambiente físico, a esa comunidad, un modo de vida y una participación superior a la media. A partir de ahí, el desarrollo de esa actividad económica ha permitido que desde el punto de vista social y económico, la gente que vive en ese espacio geográfico mire su vida de una manera un poco distinta y se va incorporando a todas las manifestaciones (...)”. A casi 35 años del denominado Plan Osmani, Las Terrazas se ha convertido en un complejo turístico que ha coadyuvado a la diversificación de ingresos en el medio rural, la generación de una singular belleza escénica y la convivencia del hombre con la naturaleza. En un primer término se pensaría que se ha generado la posibilidad de una alternativa civilizatoria dada la presencia de una propuesta de desarrollo sustentable enfocada en múltiples dimensiones: ambiental, socio-cultural y económica. Desde 1995 el complejo no recibe dinero del Estado, y se parte de un proceso autogestionario, en el cual los pobladores participan activamente en la toma de decisiones y la reparación del complejo en diversas áreas (carpintería, plomería y albañilería, entre otras). Esto ha permitido la generación de una propuesta singular que tiene diversos puntos débiles que en la construcción de una alternativa, deberían ser subsanados: a)    El desplazamiento de la población local sobre el extranjero por la generación de divisas (un centro planeado para el turismo social entendido como el derecho al ocio que tenemos los seres humanos, ha sido transformado lentamente en un centro ecoturístico para los extranjeros, limitando la capacidad de carga del complejo) b)   La presencia de universidades extranjeras que han realizado procesos de bioprospección en el Área Natural Protegida (ANP) Sierra del Rosario y de incipientes procesos de mercantilización de la naturaleza en la búsqueda de los negocios verdes. c)    La relación con los entes administrativos gubernamentales continúa siendo difícil y de corte burocrático. Para finalizar, debe destacarse que experiencia de Las Terrazas es única; sería iluso y utópico pensar trasladarla a otras áreas geográficas.