Puebla

Hacer comunidad después de la desgracia

FOTO: Arturo Alfaro Galán

Leopoldo Trejo

En el calendario católico el 4 de octubre está dedicado a San Francisco de Asís. No obstante, en el medio rural mexicano la celebración del fraile está ligada al conocimiento agrícola-meteorológico y por eso hablamos del “cordonazo de San Francisco”. Con esta expresión los campesinos nombran a las fuertes lluvias que suelen marcar el final del temporal y el inicio de los “nortes” o heladas.

Se trata de un fenómeno temido por los pueblos que habitan la Sierra Madre Oriental y su declive costero, pues con él llega el riesgo de perecer ahogados por sus aguas o sepultados por la tierra que arrastran. Así ocurrió el 4 de octubre de 1999, cuando la depresión tropical número 11 cobró vida y luego entró en contacto con el frente frío número 5, lo que generó una gran cantidad de vapor de agua que habría de descargarse por espacio de cuatro días sobre la Sierra Norte de Puebla y gran parte de la región septentrional de Veracruz.

Para la mañana del 8 de octubre los periódicos de Puebla hablaban de más de 200 muertes en los 35 municipios afectados en esta entidad, además de pérdidas millonarias en carreteras, siembras y ganado; en fin, se trató de un desastre de magnitudes épicas. En esos días la lluvia no cejó en intensidad y obligó a los ríos a abandonar sus cauces, al tiempo que los cerros de desgajaban dejando caer por sus laderas avalanchas de lodo y piedra que a la postre sirvieron de sepultura a cientos de personas.

El municipio serrano de Pantepec, Puebla, fue triste testigo de una de las desgracias humanas más dolorosas. Mientras se guarecían de la lluvia en el pequeño jardín de niños de la comunidad totonaca del Mixún, dos promotoras educativas y 15 pequeños fueron tragados por la tierra. Los testigos cuentan que se escuchó un tronido muy fuerte y al momento la tierra se abrió justo donde estaba la escuela haciéndola caer al fondo del enorme orificio.

Llenos de zozobra, los sobrevivientes del Mixún abandonaron sus casas llevando consigo todo lo que pudieron salvar, pues sabían que no habrían de regresar a sus hogares. Las lluvias de octubre de 1999 marcaron la desaparición de la comunidad del Mixún. Es así que junto con el dolor de haber perdido a un hijo o una esposa, las familias debieron afrontar el no tener un techo, no ser una comunidad.

Gracias a las redes parentales y rituales que caracterizan a los pueblos indígenas, algunas familias pudieron establecerse temporalmente en alguna de las comunidades totonacas que ocupan la parte oriente del municipio. Pero la escasez de predios para vivienda, y sobre todo la pobreza que los mantiene sin tierra, forzó a los sobrevivientes a esperar por los apoyos gubernamentales.

Se inició un proceso de reacomodo poblacional que supuso la dotación de predios y casas a los damnificados. Sin embargo, la respuesta gubernamental no contempló el reacomodo de la comunidad como tal; optó por integrarla dentro de otro asentamiento ya establecido. Los antiguos pobladores del Mixún pasaron a formar parte de la comunidad de Santa Cruz.

La dinámica que se genera entre la población originaria y la recién llegada ha distado de ser tersa. Mixún ha tenido que aprender a hacer las veces de barrio, y los pobladores originarios de la Santa Cruz se hacen a la idea de que ellos también son un barrio.

Los mecanismos de reciprocidad y competencia que se han generado responden a una lógica profunda común a varios pueblos indígenas de nuestro país. Conocidos como sistemas de barrios duales, estas formas de organización socio-territorial son buen ejemplo de cómo algunas coyunturas (el desastre y las políticas gubernamentales) son canalizadas según formas o patrones culturales internos. En este contexto, es muy probable que la gente del Mixún tienda a marcar las fronteras del barrio (que son de su comunidad), al mismo tiempo que sus anfitriones intentarán imponer un sistema jerárquico donde ocupen la posición superior.

Puebla

Nuestra sierra, siempre verde,
hoy amenazada de muerte

FOTO: Ángel Morales Rizo

Alma Adriana Zárate Arroyo ENAH

El 6 de septiembre pasado se realizó en la cabecera municipal de Ahuacatlán, Sierra Norte de Puebla, un foro de información para alertar a la población sobre las amenazas al territorio.

La convocatoria provino del Consejo Tiyat Tlali y participaron cerca de mil personas del propio municipio, pero también de Cuetzalan, Huehuetla, Hermenegildo Galeana, Tetela de Ocampo, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, Tlapocaya, Zaragozay Zautla, entre otros, así como invitados de la ciudad de Puebla, del estado de Veracruz, del Distrito Federal, y académicos e investigadores de diversas universidades. Allí, organizaciones que representan la vida, la tierra y el patrimonio cultural, como la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), la Pastoral Indígena, la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi), Tetela Hacia el Futuro y Organización Indígena Independiente Ahuacateca Nahua y Totonaca (OIIA) reflexionaron colectivamente sobre el plan para frenar los proyectos mineros e hidroeléctricos que se están imponiendo en la región.

Además de informar acerca de la construcción de hidroeléctricas que habrá en la Sierra Norte de Puebla y los daños socioambientales que implican, se alertó sobre el hecho de que estas obras son sólo parte de una cadena de “proyectos de desarrollo” que traerán beneficios principalmente a las empresas privadas.

Entre esos proyectos, se dijo, está la explotación de minas a cielo abierto y algo que se promueve desde el gobierno federal: las Ciudades Rurales Sustentables, cuya justificación es reagrupar a las comunidades que están muy dispersas y con escasas condiciones para que el gobierno las proporcione servicios. En Zautla, Puebla, ya se está construyendo una.

“El agua es sagrada, no es una mercancía”, dijo la representante de la Asamblea Veracruzana a la Iniciativa de Defensa del Medio Ambiente. Dio a conocer el caso de varias hidroeléctricas que han perjudicado enormemente a las comunidades y al entorno natural en su estado.

Se dijo que ninguna comunidad está en contra del progreso, pero sí de la destrucción, porque las empresas tienen una vida aproximada de entre cinco y 10 años. Después de eso, se van, pero los daños para los habitantes de estas regiones son permanentes.

Las organizaciones buscan que se frene este tipo de proyectos, ya que los consideran un ataque a la vida y quieren defender su tierra, su patrimonio y sobre todo a la fuente de vida de todos nosotros, la madre naturaleza. Los compañeros y compañeras de las organizaciones tienen muy claro que la Sierra Norte de Puebla funge como pulmón del propio estado y además de Tlaxcala y parte de Hidalgo. Por eso la lucha es por no venderla, porque la tierra es de todos y nosotros somos parte de ella, se concluyó en este foro.

En la declaratoria final se establecieron las principales ideas surgidas de la discusión:

Que el concepto de tierra, como madre, para los pueblos originarios, significa vida, alimentación, trabajo, espiritualidad, y que al mismo tiempo que le ofrecemos nuestro trabajo, ella nos proporciona sus frutos. Nuestro territorio es el lugar donde nacemos, vivimos, soñamos y en el cual morimos.

Para los pueblos la tierra y los ríos no son una mercancía, por eso no se venden. Varias ponencias mostraron que en contraposición a esta visión, el sistema neoliberal busca privatizar la tierra, los ríos, la luz, el agua, los bosques y la cultura. En nuestra región se muestra claramente que este sistema tiene una voracidad por apropiarse de todos los recursos posibles de la Sierra Norte de Puebla, dejándonos contaminación, destrucción de las montañas, trayendo enfermedades, problemas sociales, división de las comunidades y descomposición social y moral.

Es indispensable el derecho a la consulta, el derecho a la decisión individual de los afectados, pero sobre todo el derecho a la decisión colectiva, pues nuestro territorio no tiene un solo dueño, nos pertenece a todos.

El foro concluyó con una oración comunitaria náhuatl y con muestras de solidaridad entre los pueblos que quieren seguir caminando en la defensa de nuestra madre tierra.

Sinaloa

el centro integralmente planeado de teacapán:

Ciudad de ensueño en medio
de una pesadilla

Adriana Rodríguez Cabo Doria Maestría en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Sinaloa

FOTO: Molly Miller

Cuando en algún momento de 2007 la administración de Felipe Calderón decidió dar luz verde a lo que pretendía ser una ciudad de ensueño para los jubilados estadounidenses, se desencadenó una serie de procesos, aún en marcha, en la dinámica habitual de este gobierno: todas las ganancias para políticos y empresarios, todas las pérdidas para los habitantes del lugar.

Concebido de inicio como un desarrollo turístico inmobiliario por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Centro Integralmente Planeado (CIP) de Teacapán se empezó a vender como un desarrollo que tendría el doble de tamaño de Cancún: más de 40 mil cuartos de hotel, la mayoría en realidad condominios; dos marinas, una de ellas para mega yates; tres campos de golf; canales para deportes acuáticos y un sinfín de áreas comerciales. Todo ello barnizado con una capa de sustentabilidad que reflejaba en áreas como un “centro cultural para adultos activos”, una ciclovía, granjas y mercados “orgánicos”, viveros y una “Universidad del Turismo”.

El sitio en el que se ubica el CIP ahora llamado Playa Espíritu (a los estadounidenses les costaba pronunciar Teacapán) se encuentra en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa, en las costas del Mar de Cortés. Las dos mil cuatrocientos hectáreas que adquirió Fonatur para el desarrollo le fueron vendidas por el ex gobernador y ex secretario de Reforma Agraria, Antonio Toledo Corro a razón de 500 mil pesos la hectárea. Con esta transacción, Toledo Corro se embolsó más de mil millones de pesos de dinero público. Al día de hoy continúa un proceso legal en el que la comunidad indígena de Chametla acusa al ex Gobernador y a Fonatur de despojo de parte de sus territorios ancestrales.

Poco antes de que se hiciera el lanzamiento del CIP, la información se filtró a las personas adecuadas: empresarios pesqueros de Sinaloa comenzaron a adquirir las tierras de los ejidos colindantes con el CIP. Un caso ilustrativo de esta dinámica de especulación y acaparamiento de tierras se dio en el ejido Isla del Bosque. En junio de 2008 se intentó tener en un mismo día tres asambleas ejidales: en la primera se reconocería como nuevos avencidados a empresarios mazatlecos. En la segunda los avencidados obtendrían la calidad de ejidatarios. En la tercera y última se desincorporarían 600 hectáreas de los terrenos de uso común del ejido, que serían asignadas en parcelas a los nuevos “ejidatarios”. Todo ello en presencia del visitador de la Procuraduría Agraria. Los inconformes con el despojo se manifestaron en el lugar y fueron desalojados por la policía municipal, y comenzó entonces un conflicto que se prolongó hasta finales de ese año, teniendo como saldo final un muerto y la concreción de la venta de las tierras de uso común.

A lo largo de 2010 y 2011 se realizaron los trámites por parte de Fonatur ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la obtención de los permisos ambientales para el CIP. En el ínter, se conformó una coalición de organizaciones que se oponían al modelo de desarrollo que se pretendía imponer, con los lemas: “¡Yo vivo aquí, mi opinión cuenta!” y “Otro CIP es posible”. La coalición llegó a agrupar a dos federaciones y una unión de cooperativas de pescadores y acuicultores; dos ejidos; 34 cooperativas de pescadores; siete organizaciones ambientalistas, y a varios catedráticos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta coalición recurrió a los cauces institucionales y, mediante procesos de reflexión compartida en talleres, presentó una serie de propuestas a las autoridades encargadas de la evaluación de los impactos ambientales del CIP. Finalmente, en febrero de 2011 la Semarnat autorizó la construcción de la primera etapa del CIP y comenzaron las obras en el lugar.

A lo largo de todo el proceso, una preocupación se hizo manifiesta: ¿Cuántas personas llegarían a vivir a Escuinapa y a Isla de Bosque como resultado del desarrollo del CIP? ¿De qué servicios requerirían? ¿Cuál era la capacidad del municipio para atender un crecimiento exponencial de Isla del Bosque y proveerla de servicios, cuando ésta es considerada como el “pueblo de apoyo” del proyecto de Fonatur?

Hoy esas preguntas siguen sin respuesta. Se sabe que Isla del Bosque, una localidad de poco más de cinco mil habitantes ya está creciendo por la llegada de trabajadores de la construcción de distintas partes del país. Se sabe también que la actividad agrícola del ejido se encuentra en riesgo por la construcción de la marina, que, según los expertos de la región, generaría la salinización del acuífero del que depende el cultivo de miles de hectáreas de chile y tomate. Se sabe también que el agua disponible para consumo humano en la región es ya insuficiente y que el CIP tendrá garantizado su consumo por sobre cualquier otra consideración. Se prevé el crecimiento de Isla del Bosque, que pasaría de ser un pueblo habitado por pescadores y campesinos, a una ciudad mediana de migrantes que lleguen a trabajar a la ciudad de ensueño. Una reedición de Cancún y sus cinturones de miseria. Pero del doble de tamaño.

Mientras tanto, Fonatur y las autoridades estatales y municipales blindan el proyecto. En estos días se discute el Plan de Desarrollo Urbano de Isla del Bosque cubriendo las formalidades de la consulta, pero sin asegurarse de que la población del lugar pueda participar en los procesos de manera informada, de la misma manera en que transcurrió la consulta del CIP.

A lo largo de todo este proceso ha quedado claro que los cauces institucionales para la participación social son insuficientes. En lo que se refiere a impacto ambiental, porque aun y cuando haya disposición y reflexión social sobre los aspectos técnicos de una obra, la autoridad no está obligada a considerarlos. Y en lo que se refiere a la posibilidad de transformar una localidad rural en una ciudad mediante la reconfiguración del territorio asociada a un mega proyecto, porque simple y sencillamente, en México no evaluamos los impactos sociales. Ahí las tareas pendientes.