15 de septiembre de 2012     Número 60

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

Ausente, una política pública de asentamientos rurales: Gustavo Gordillo


FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales
Sustentables, Puebla, 02-09-2011

Lourdes Rudiño

Los asentamientos rurales en México –que evidencian una alta y creciente dispersión– han sido producto de historias regionales, de tradiciones y luchas, más que de una política pública consistente; en muchas ocasiones se ha querido impulsar el agrupamiento de poblados con el argumento de posibilitarles la llegada de servicios básicos, como agua potable y electricidad, pero el resultado es de fracaso, pues los procesos de inducción implican incentivos supuestos como la ubicación de las escuelas, o a veces medidas represivas, pero soslayan la lógica interna de tales poblados e ignoran la situación agrícola, con el minifundio como unidad predominante.

En entrevista, Gustavo Gordillo de Anda, quien fuera subsecretario de Agricultura y de Reforma Agraria entre 1988 y 1994, comenta que no obstante la urbanización del país, el número de poblados rurales –que hoy superan los 170 mil, predominantes sobre todo en el centro y sur– se ha mantenido en aumento desde inicios del siglo pasado (en 1910 eran 70 mil).

En general, precisa, en el país no se ha desarrollado una política pública deliberada de asentamientos humanos rurales –con excepción de la ligada al reparto agrario–, y no se ha entendido la lógica en la cual se desarrollan los poblados.

“No se entiende particularmente por qué la gente quiere seguir viviendo en poblados de menos de 400 habitantes. Y yo encuentro en muchas regiones una serie de correlaciones. En momentos de auge económico o estabilidad (en el país) generalmente los pequeños poblados se vacían, su gente se va a vivir y a trabajar a poblados más grandes o migra a ciudades o a Estados Unidos, y en momentos de crisis económicas o políticas esos poblados se vuelven a llenar. Esto me indica que los pequeños poblados son una forma de seguro, actúan como amortiguador frente a las crisis, y por eso la gente no va a ser demasiado incentivada por factores como una escuela” cuando se busca concentrarla en localidades más grandes. “Veo un fenómeno que es económico, pero también social y hasta antropológico, porque muchos de esos poblados tienen una existencia de décadas si no es que de siglos”.

Considera que en los gobiernos hay un problema estructural de falta de comprensión sobre qué tipo de servicios entendemos para el ámbito rural. Si lo pensamos con una perspectiva de ciudad caemos en un grave error, porque es posible desarrollar sistemas integrados agroecológicos, que permitan generar electricidad, agua potable y otros servicios en condiciones de pequeña escala (…)”.

Por otra parte, “no entendemos que este es un país donde predominan las pequeñas explotaciones agrícolas, la agricultura campesina, y junto a ello está el pequeño poblado. Pero (en el gobierno) hay una visión que me parece equivocada, disfuncional, de que el minifundio es ineficiente y por lo tanto hay que hacer extensiones más grandes. Extensiones que requieren campesinos empresariales entre comillas y ciudades más grandes, al modelo estadounidense. Nosotros tuvimos que haber volteado y debemos voltear a ver hacia China, Japón, Corea del Sur o Taiwán, cuyas agriculturas en pequeña escala son eficientes porque están organizadas desde el punto de vista de instituciones públicas para atender a la pequeña agricultura”.

De acuerdo con Gordillo, la única política de asentamientos humanos rurales que ha habido en México, que fue exitosa en realidad, fue la vinculada al proceso de reforma agraria, muy fuerte en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-40) y luego con menos intensidad; su propósito fue generar poblados rurales donde la gente recibía sus tierras. En la medida que el reparto fue perdiendo peso, también la política de asentamientos declinó. Pero hubo experiencias muy interesantes, como la del Valle del Yaqui-Mayo, cuyos ejidos obtuvieron dotaciones inferiores a lo establecido por ley (cinco hectáreas por campesino en lugar de 20, aunque de riego), y no recibieron zonas urbanas ejidales; durante tres años la gente habitó viviendas lejanas hasta en cien kilómetros respecto de sus tierras de cultivo. La coalición de ejidos del Valle “hizo una presión muy fuerte, señaló tierras ociosas del Valle, donde se podían establecer sus zonas urbanas, y amenazaron con invadirlas. Un gobernador progresista, Samuel Ocaña, firmó un decreto de expropiación de esas tierras y entonces se formaron 16 poblados en el Valle que generaron un programa muy vasto de vivienda rural, en el que yo participé. Más de 15 mil familias se instalaron, y ellas mismos establecieron empresas alrededor, de cerrajería, carpintería, materiales pétreos… Ahora esos 16 poblados son más grandes e incorporan a más personas que los ejidatarios que originalmente estaban”.

A Gordillo le preocupa la visión gubernamental actual. “No me parece que se pueden crear ciudades de forma artificial. Las que se han creado así han tardado mucho en despegar; el caso más notorio mundialmente es Brasilia, que requirió muchos subsidios. En México no sé si estén o no funcionando en Chiapas o si vayan a funcionar en Puebla (…) Lo que tendría uno que ver no es un mapa de lo que uno quiere en función de tal o cual propósito, sino cuál es el mapa que se deriva de la historia y desarrollo de la gente.

“Algo que ocurre es tratar de convertir a poblados en casi mano esclava de alguna empresa. Es necesario meter una muy severa investigación y regulación a las concesiones mineras porque es lo que está dañando ecológicamente al país y socialmente a los pobladores del campo. Se ha estado actuando con una irresponsabilidad total, con una actitud de despojo absoluto”.

Comenta la necesidad de entender la imbricación rural-urbana que tenemos en el país y que se ejemplifica en ciudades como Guasave, Sinaloa; Huejutla, Hidalgo; Izúcar de Matamoros, Puebla, o Ciudad Guzmán, Jalisco –cada una con más de 25 mil habitantes–, donde la población está muy articulada con las actividades rurales. Señala que tenemos el reto de generar lo que en los años 90s algunos analistas británicos denominaron “ciudades campesinas” que pueden ser grandes; son ciudades que “integran actividades rurales y urbanas”, y ello implicaría políticas públicas de asentamientos humanos con visión territorial y regional –no sectorial–. Así, “creo que el desarrollo futuro del país será muy semejante al que se ha dado de forma natural, aunque no completamente, en Veracruz y Sinaloa, donde no se tiene este fenómeno de la megápolis (…) En contraposición al fenómeno de concentraciones extremas urbanas (como ocurre en Jalisco y Nuevo León), lo que deberíamos tener, de forma natural, son muchas ciudades regionales capaces de articular regiones y de tener una mayor capacidad para entender la dinámica regional que no se comprende desde una visión centralista”.

La vida de los pueblos a
la luz de sus asentamientos

Mauricio González González y Sofía I. Medellín Urquiaga ENAH / CEDICAR AC

El México rural tiene en sus asentamientos una de sus construcciones más maleables y potentes. Su gran diversidad depende de factores ligados a las condiciones ecológicas en las que se establecen, los aprovechamientos que se realizan y las cualidades culturales en las que son forjados, amalgamando condiciones organizativas muchas veces irrepetibles. Entre ellas destaca un tipo de conformación que ha dejado rastro en investigaciones históricas y antropológicas: los barrios duales mesoamericanos, cuyo mecanismo de alianza prescribe el matrimonio con gente del mismo barrio (endogamia), siendo la descendencia adscrita tanto al grupo de parientes paterno como al materno (filiación bilateral).

Este sistema es legible desde el virreinato –consecuencia de leyes aplicadas en la segunda mitad del siglo XVI acordes con la política de congregación–, pero es muy probable que haya abrevado del parentesco indígena de nuestra América. A la fecha es común encontrar pueblos que nacieron con dos barrios, nombres como barrio arriba-barrio abajo, barrio alto-barrio bajo…

Las poblaciones rurales aún pueden pensarse bajo las categorías de dispersas, semi-dispersas y concentradas. Entre las primeras encontramos el asentamiento que pequeños grupos de pescadores han adoptado al acompañar el circuito de especies comerciales que bordean el litoral del país. Son poblamientos temporales (campamentos) que en más de una ocasión serán semilla de alguna población costera. Se les suele identificar por su origen; es normal que, por ejemplo, en los puertos del Pacífico –donde se abastecen y realizan intercambios comerciales– se hable del paso de chiapanecos, oaxaqueños o sinaloitas.

El segundo tipo de poblamiento es el que en la Sierra Tarahumara aún se constata con población ralámuli que habita las cañadas o en las riberas, como en el río Palizada en Campeche. Este tipo de poblamiento era frecuente incluso en comunidades campesinas donde grupos familiares se asentaban lindando sus parcelas que, en una gran cantidad de casos, estaban harto alejadas de núcleos poblacionales. Las políticas agrarias y de urbanización poco a poco fueron concentrándolos; constituyen los hoy característicos “núcleos urbanos” de ejidos y comunidades, y ya desbordan sus cualidades agrarias; configuran francas poblaciones urbanas.

Pero, por más concentrados que estén los núcleos agrarios, su dinamismo es inmenso por la migración, temporal, como la de los wixárika o huicholes a plantíos tabacaleros en Nayari–, o permanente, como las colonias triquis que habitan regiones agroindustriales en Sonora. Las estrategias de poblamiento incluyen movimientos de núcleos agrarios enteros por periodos de cinco a siete años, tal como lo ejercen algunos ejidos coahuilenses en los que el aprovechamiento de candelilla por recolección requiere descansar el corte por este tiempo; en ejidos como San Pedro de las Colonias o Cuatro Ciénegas de Carranza, es común que la gente emigre a otros poblados por lapsos íntimamente relacionados con el desarrollo de arbustos del semidesierto chihuahuense.

Queremos destacar un componente que con gran fuerza echa raíz en buen número de asentamientos: aquellos espacios en que los ancestros aún habitan. Cerros, cuevas y cuerpos de agua son morada de pobladores que nos antecedieron. No es extraño que sean considerados “Patrones”, que en más de una ocasión destacan su alta jerarquía coronados por cruces que avivan la religiosidad popular. En otros casos, como en los pueblos del desierto sonorense, participarán de la familia cosmológica como hermanos mayores que incluyen no sólo la tierra, sino también el cielo y el mar, y conjuntos que agrupan más de una especie animal, linajes más allá de lo humano. La imprecisión de ese “más allá” se constata en el muy acá de la fiesta de muertos, que en comunidades maseualmeh o nahuas de la Huasteca, como en Xochiatipan, Hidalgo, no sólo requieren de ofrendas a difuntos niños y adultos, sino la toma de decisión en el camposanto para elegir autoridades, proceso en el que participaran quienes ya no están de cuerpo presente. El panteón es lugar donde habitan los no vivos, su importancia atraviesa el respeto, el afecto y la veneración de quienes disfrutamos la herencia de su trabajo, por lo que renunciar a ellos, como en los casos en que se pretende desplazar a comunidades por presas, como en La Parota, es inadmisible.

Chiapas

de la auto sostenibilidad a la dependencia
¿Ciudades rurales sustentables
o pueblos fantasma?

FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales Sustentables, Puebla, 02-09-2011

Laura Baas Integrante del equipo del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), parte de la Red por la Paz Chiapas http://chiapaspaz.wordpress.com/ [email protected]

Información publicada el pasado 28 de marzo en la página web del Instituto de Comunicación Social de Chiapas (Cocoso) destaca el interés de la Fundación Dies de financiar el Programa de Ciudades Rurales Sustentables (CRS). Dice que los representantes de la Fundación –cuyo objetivo es buscar recursos internacionales para desarrollar infraestructura de alto impacto social- afirmaron que “el esquema chiapaneco está probado, funcionando y medible, se puede definir muy bien el beneficio social de la inversión de este tipo”.

Seguramente el Programa de CRS ha tenido sus impactos sociales, pero no han sido del todo positivos, ni mucho menos.

En los meses posteriores a la nota de Cocoso se han dado varios foros y encuentros de la sociedad civil con el tema de las CRS y se han publicado varios informes y artículos periodísticos que destacan los impactos negativos del Programa de CRS: se cuestiona la falta de fuentes de empleo, la pérdida de tierras para sembrar, la ruptura del tejido social de las comunidades y el debilitamiento de la autonomía y libre determinación de los pueblos. Una texto de la revista Proceso, del 25 de agosto; afirma que el proyecto de CRS impulsado por el gobernador Juan Sabines “es hasta ahora un fracaso”. Relata que especialistas que visitaron la ciudad rural de Santiago El Pinar en Los Altos de Chiapas, evidenciaron sus defectos e incluso la denominaron “pueblo fantasma”, pues de las más de cien casas construidas sólo diez están habitadas. Esta situación se debe sobre todo a la falta de oportunidades de trabajo en la CRS, a pesar de que la oferta de empleo, en forma de una granja de gallinas o una ensambladora de triciclos, por ejemplo, es uno de los objetivos centrales del proyecto.

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en un informe de 2012, también criticó los impactos del proyecto, aunque inicialmente fue avalado por el representante de la ONU en México. El informe enfatiza que, aunque hubiera inversiones importantes de la comunidad internacional para el fomento de empleo, falta el acceso a los mercados; subraya el deterioro de la auto sostenibilidad de la gente, ya que las ciudades rurales dependen completamente de los precios de mercado, y menciona que es posible que algunos habitantes de las CRS “no puedan seguir cultivando sus tierras, debido a la distancia geográfica que los separa de sus nuevas viviendas o la falta de apoyo para la rehabilitación de sus tierras”.

Un documental realizado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), de 2010, ya había ilustrado la dificultad de los pobladores de la CRS de Nuevo Juan de Grijalva por la falta de dinero para pagar los pasajes hacia sus tierras de cultivo, mientras en la CRS se carecía de suficientes fuentes de empleo asalariado.

En el foro “Exclusión… Inclusión neoliberal. Miradas sobre las Ciudades Rurales Sustentables”, convocado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y llevado a cabo el 18 y 19 de mayo pasado, investigadores universitarios y habitantes de las CRS coincidieron en su rechazo al Programa de las CRS. El periodista Hermann Bellinghausen, en un artículo sobre el foro, resumió la situación como “de campesinos autosuficientes a clientes”, en referencia a la pérdida de tierras propias para sembrar y a la inserción de la población en el sistema de mercado por la presencia de tiendas y empresas en las CRS.

En el foro, los habitantes de Nuevo Juan de Grijalva hablaron de la situación de dependencia que les toca vivir. Uno mencionó que iban a trabajar en invernaderos de tomate, pero rápidamente se frustraron por la falta de suficientes compradores de la hortaliza. Y no pudieron regresar a trabajar a sus anteriores tierras porque ya habían perdido, entregado o vendido los títulos. Otro propuso que “hay que hacer un estudio si conviene o no la ciudad rural porque nosotros lo estamos viviendo y no es sustentable”. Sin embargo, según la ponencia de la investigadora Dolores Camacho, de la UNAM, el gobierno sigue promoviendo las Ciudades Rurales como modelo a seguir ante las embajadas, el Grupo de los 20 y otras instancias.

Exportación de un proyecto fallido. La nota en la web de Cocoso plantea “que el proyecto CRS es uno de los más importantes de la administración de Juan Sabines, que ha convertido a Chiapas en pionero a nivel nacional, así como un ejemplo que está siendo replicado en otras entidades”.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, durante la primera asamblea plenaria del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Copladep), en marzo de 2011, anunció el programa piloto de la primera Ciudad Rural en la entidad. Detalló que “Lo que se busca es darles (a los habitantes de la zona) vivienda, entender sus necesidades, dotarlos de servicios como agua, luz, drenaje y que a la vez esté a menos de cinco kilómetros de la comunidad de origen para que puedan vivir en la Ciudad Rural, pero que puedan trabajar en sus tierras de labor. La intención es llevar los servicios a un menor costo”. El punto de partida del proyecto piloto en Puebla es el mismo que en Chiapas: la dispersión de las comunidades indígenas y campesinas es percibida como la principal causante de la pobreza.

El combate a la pobreza es el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El gobernador de Chiapas ha incluido la eliminación de la dispersión como meta principal del Programa CRS. Moreno Valle ha reconocido problemas luego de que se entregaron viviendas abandonadas a afectados de deslaves en Teziutlán, “lo más complejo de la ciudad rural es de tipo cultural, ya que la gente en ocasiones no se acostumbra a ocupar esas ciudades”. Sin embargo, seguía avanzando la preparación del proyecto de CRS, ya que en septiembre de 2011 el gobierno poblano informó que había identificado 143 poblaciones que podrían beneficiarse por ese esquema. Por cierto, ya se cambió el nombre de los poblados propuestos a Centros Integradores de Servicios.

El informe de la Red por la Paz y caik, publicado en inicios de 2012, afirma que el proyecto gubernamental de CRS causa violaciones a los derechos humanos y percibe como derecho fundamental violado el de la libre determinación. Muchas personas decidieron trasladarse a la CRS sin haber entendido bien en qué consistía el proyecto y sin haber sido debidamente consultadas acerca de sus deseos y necesidades. En Santiago El Pinar, mujeres tsotsiles comentaron a integrantes de la Misión de Observación de la Red por la Paz y caik acerca del proceso de preparación del traslado a la CRS: “llegó gente del censo a las comunidades y platicaron del proyecto de ciudades rurales. Entendimos que nos iban a dar una casa nueva en mi comunidad. No sabemos cómo cambió pero tuvimos que venir a vivir en la ciudad rural”. La vivienda que les fue entregada en la CRS no corresponde a sus necesidades básicas, ya que no pueden hacer fuego dentro de la casa para cocinar y el lote es muy pequeño por lo que no pueden sembrar ni tener animales.

El derecho a la información es también violado por el proyecto de CRS ya que la información que les llega a los supuestos beneficiarios no es del todo clara, completa ni verdadera. Durante el foro de mayo, un habitante de Nuevo Juan de Grijalva dijo que “si hubiéramos tenido la opción, lo hubiéramos pensado mucho, de qué tenemos aquí y qué tendremos allá. Quizás hubiéramos dicho que sí pero después de pensar mucho. Otras personas también lo tienen que pensar mucho”.