A propuesta del PAN, el Senado condenó el asesinato de Guillermo Arévalo Peraza, perpetrado por elementos de la Patrulla Fronteriza el pasado 3 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Demandó al gobierno de Felipe Calderón emprender una investigación conjunta con Estados Unidos y solicitar la detención provisional, con fines de extradición, del agente estadunidense que resulte responsable.

De igual forma, pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores mantener el apoyo jurídico a los familiares de Arévalo Pedraza para llevar los procesos penales hasta sus últimas consecuencias.

Al presentar el punto de acuerdo, la senadora panista Laura Angélica Rojas dijo en tribuna que “el Senado debe elevar una enérgica condena ante lo que ya resulta un patrón de violencia reiterada de la Patrulla Fronteriza en contra de nuestros connacionales.

Hemos sido testigos de la impunidad y de la manera en que las autoridades estadunidenses deciden no presentar cargos contra quienes resultan culpables, y están de ejemplo los casos de Sergio Adrián Hernández Huereca y Anastasio Hernández Rojas, asesinados en 2010; Ramsés Barrón, Carlos Lamadrid y José Alfredo Yáñez Reyes, asesinados en 2011.

Cientos de víctimas

Desde la tribuna, la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, exigió: requerimos que el caso de Guillermo Arévalo no quede igual a los de cientos de víctimas que han sufrido y han sido asesinados por la Patrulla Fronteriza. Espero que el Senado se pronuncie y de veras veamos la efectividad de la voz, el rechazo, el repudio, y no de manera tibia, como hasta hoy se ha expresado la canciller; solamente ha emitido un mensaje en el que se corrige el nombre y se repite una y otra vez el repudio.

Gastélum exigió: pedimos que quien cometió el asesinato de Arévalo sea juzgado por las autoridades mexicanas, así como hace unos días Estados Unidos exigió a México que le entregara a una persona de origen extranjero, del que solamente presupone cosas, y el gobierno mexicano lo entregó.

En otro punto de acuerdo aprobado ayer, todos los grupos parlamentarios apremiaron al presidente Calderón a que instruya a la Secretaría de Gobernación a la publicar el Reglamento a la Ley de Migración que debió haberse publicado desde noviembre de 2011, y que se informe el resultado de investigación de las fosas clandestinas de San Fernando, donde fueron encontrados los cuerpos de más de 70 migrantes.