Uno de cada cinco gobiernos estatales y municipales cuyas finanzas son calificadas por Moody’s presentó un deterioro en la perspectiva de pago, informó este martes Alejandro Oliva Villa, analista de la firma financiera. Expuso que en las entidades en que este año se realizaron elecciones para gobernador ocurrió una misteriosa correlación de incremento en el gasto operativo.

Con escasa capacidad para obtener ingresos propios, los gobiernos estatales y municipales dependen sustancialmente de las participaciones federales para atender sus compromisos de gasto y financieros.

En marzo de este año, las obligaciones financieras de los gobiernos estatales y municipales del país sumaron la cifra histórica de 396 mil 832.4 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Esta cantidad representó un crecimiento de 147 por ciento en comparación con la registrada en diciembre de 2006, de acuerdo con la dependencia.

Comparada, en cambio, con la situación que prevaleció al comenzar este siglo, hace 12 años, la deuda contratada por los gobiernos estatales y municipales ha tenido un crecimiento de 337 por ciento, al pasar de 90 mil 731.3 millones de pesos en diciembre de 2000 a la cantidad actual de 396 mil 832.4 millones de pesos, según información de la SHCP.

Durante los últimos 12 meses, algunos eventos aislados relacionados con procesos electorales han afectado la percepción del riesgo crediticio en los estados y municipios mexicanos. En algunos casos, los procesos electorales locales han coincidido con un abrupto deterioro financiero, detectó Moody’s.

Los gobiernos estatales y municipales tienen como reto generar fuentes de ingreso más sólidas, comentó a la prensa Alejandro Oliva Villa, vice presidente senior de Moody’s México.

En los últimos años, proyectos de asociación entre los gobiernos estatales y municipales e inversionistas privados para la construcción de infraestructura, una figura conocida como Asociaciones Público Privadas (APP), han contribuido a detonar el gasto de los gobiernos estatales y municipales. El especialista de Moody’s consideró que es todavía un pendiente que esas inversiones tengan un perfil más productivo.

Hasta ahora, la mayoría de las APP entre los gobiernos subnacionales y el sector privado se han concentrado en la construcción de oficinas administrativas, algunas incluso abandonadas después de algún tiempo, expuso. Para efecto de la calificación que realiza una firma como Moody’s, explicó, la celebración de contratos entre los gobiernos estatales y el sector privado bajo la figura APP es considerada como deuda.

Las APP son obras en las que el sector privado construye por cuenta del gobierno una obra, que puede ser una ciudad administrativa, o un sistema de tratamiento de aguas, autopistas o cualquier obra de infraestructura. La administración estatal y municipal paga por un tiempo determinado el costo de esa obra.

El costo electoral

Moody’s encontró que en los estados en que se realizaron elecciones este año ocurrió un misterioso incremento en el gasto corriente de los gobiernos, respecto de los niveles observados en los ejercicios precedentes, explicó Alejandro Olivo. Hay una misteriosa correlación de incremento del gasto operativo de esos estados, apuntó.

En 2012 se realizaron elecciones para gobernador en Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Chiapas y Tabasco. Además de la renovación en la Presidencia de la República y en esas seis administraciones estatales, este año se renovaron las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, además de la renovación de 583 cargos municipales.

El analista de Moody’s explicó que, en promedio, los gobiernos municipales sólo captan de 20 a 25 por ciento de sus ingresos a partir de fuentes propias, aun cuando tienen potestades para cobrar tributos, como el impuesto predial y otros derechos.

Las finanzas de los estados y municipios se están deteriorando. A finales de este año, cuando tengamos toda la información, se va a ver la magnitud de ese deterioro. Una de las razones de ese deterioro en las finanzas fueron las elecciones, añadió el analista.

Ante escenarios electorales competidos, la administración saliente puede tener incentivos para aumentar el gasto (generalmente gasto de capital). Estos incrementos suelen resultar en un rápido deterioro financiero seguido por problemas de liquidez, según un reporte de la firma. “Moody’s considera los riesgos relacionados con el ciclo político como una debilidad estructural que afecta el desempeño del sector”.

La proximidad de elecciones hace necesaria la contratación de deuda, tanto de corto como de largo plazos, para financiar el creciente gasto de los gobiernos, expuso. Cuando se trata de deuda de largo plazo, la mayoría de los estados y municipios afectan ingresos por transferencias federales como fuente y garantía de pago. Este tipo de obligaciones deben registrarse, a nivel federal, ante la Secretaría de Hacienda.

En contraste, abundó, las obligaciones de corto plazo no son registradas ante la SHCP y, en su mayoría, tampoco requieren la aprobación de los congresos locales, por lo que pueden pasar temporalmente desapercibidas y no ser reportadas. Tanto estados como municipios han recurrido a contratar este tipo de obligaciones como un mecanismo para financiar los excesos en el gasto ejercidos durante periodos electorales, sostuvo.