La bancada del PAN en el Senado impulsa una ley para regular la publicidad gubernamental y establecer criterios que permitan que los recursos públicos destinados a la difusión y la propaganda oficial fluyan con equidad y transparencia en medios electrónicos y escritos, sin privilegiar a los afines, ni castigar a otros por su línea editorial.

Se trata de una iniciativa pendiente desde hace cinco años, cuando se promulgó la reforma constitucional en materia electoral y que senadores del PAN retomaron ahora, adelantándose al priísta Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a promover cambios legislativos en la materia.

La propuesta de ley federal de comunicación gubernamental, reglamentaria del artículo 134 constitucional, va a fondo y pretende acabar con la regla no escrita de la zanahoria y el garrote: de aquello de que si te portas bien te doy publicidad, te portas mal, te la quito, comentó el senador Javier Corral Jurado, autor de la iniciativa, avalada por otros legisladores de su bancada, entre ellos el ex gobernador Ernesto Ruffo y presentada en la primera sesión de la nueva legislatura.

En entrevista, Corral Jurado recalcó que se busca transparentar la relación entre gobierno y medios de comunicación. De entrada, se prohíbe el uso de la publicidad oficial para presionar, premiar, castigar o privilegiar a determinados medios por su línea informativa, conducta recurrente en Estados autoritarios.

A fin de garantizar la equidad, la propuesta de ley establece que ningún medio podrá recibir más de 20 por ciento de la inversión anual en publicidad gubernamental y ningún medio podrá tampoco concentrar un porcentaje mayor de 40 por ciento de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña.

Igualmente, prohíbe expresamente los subsidios encubiertos que beneficien directa o indirectamente a algunos medios de comunicación y las donaciones o cualquier contratación a título gratuito.

Corral detalló que pugnará porque la iniciativa se dictamine en cuanto se constituyan las comisiones en el Senado, ya que es prioritario transformar la finalidad de la publicidad gubernamental –que tiene cada año un presupuesto exhorbitante– sobre la base del derecho a la información de los ciudadanos y la rendición de cuentas.

Es una reforma, insistió, pendiente desde noviembre de 2007 cuando se promulgó la reforma constitucional electoral. En un transitorio de la misma se dio un plazo de 30 días al Congreso para aprobar la legislación secundaria, pero hasta la fecha el legislativo sigue en falta.

Detalló que la ley consta de ocho capítulos y 64 artículos y se propone garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de publicidad a todo tipo de medios de comunicación: incluidos los portales de Internet.

“Democratiza los tiempos de Estado, los llamados tiempos oficiales en medios electrónicos, al establecer criterios claros de distribución entre poderes y niveles de gobierno e introduce además nuevos mecanismos de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que podrá verificar, en cualquier tiempo, que la contratación y difusión de la publicidad gubernamental se realice conforme a lo establecido por el artículo 134 constitucional y la ley reglamentaria.

Otra de las aportaciones de la iniciativa, explicó, es que busca ampliar la participación de la sociedad, mediante la creación de un consejo consultivo para la evaluación y seguimiento de la comunicación gubernamental, que estará conformado por 11 profesionales de reconocido prestigio.

Corral agregó que esas normas aligerarán la carga excesiva que se dejó al Instituto Federal Electoral en torno a la publicidad gubernamental.

En el Senado hay otra iniciativa sobre ese tema que presentó en la pasada legislatura el perredista Pablo Gómez, pero nunca fue dictaminada por presiones de las televisoras.