Aun cuando el nuevo proyecto de Ley General de Víctimas enviado por el presidente Felipe Calderón tiene algunas mejoras técnicas con respecto a la legislación anterior, estos avances no servirán de nada si los únicos encargados de instrumentar la norma son funcionarios gubernamentales, pues su falta de independencia con respecto al Poder Ejecutivo podría significar un obstáculo en la reparación del daño a las víctimas y en su acceso a la justicia.

Así lo advirtió el abogado Santiago Corcuera, ex integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en el contexto de una mesa de discusión organizada ayer en la Escuela Libre de Derecho con la participación de diversos especialistas, académicos e integrantes de organizaciones sociales.

Me gusta la nueva ley de Calderón. No la he estudiado muy a fondo, pero estoy seguro de que si pone en el centro a una institución como la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), donde la mayoría de los integrantes del órgano decisorio están relacionados con el gobierno, esa ley no va a funcionar, por muy bien que esté en sus disposiciones sustantivas, advirtió Corcuera al término del foro.

La falta de autonomía de Províctima, insistió, puede ser un lastre que anule las mejoras técnicas del documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo. “Si el órgano encargado de su ejecución tiene vínculos con el gobierno –insistió–, esa ley no le va a inspirar confianza a las víctimas, que son los beneficiarios de ella, y no van a acudir a buscar protección ni reparación del daño”.

Con respecto al análisis jurídico de la anterior ley, Corcuera enfatizó que la Suprema Corte no está juzgando sus bondades, sino únicamente el hecho de si el Presidente envió sus observaciones a tiempo.

Ricardo Sepúlveda Iguíniz, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos –una de las organizaciones participantes en la mesa de discusión–, valoró positivamente algunos aspectos de la iniciativa de Calderón, pero coincidió en que si ésta es aplicada por funcionarios gubernamentales, su efectividad estaría en entredicho.

Sí hay motivos para preocuparse, porque efectivamente, si se trata de un órgano de carácter nacional que va a tener la competencia integral en materia de víctimas, y conocerá de violaciones a derechos humanos, debe cumplir con los requerimientos internacionales de órganos de protección de garantías individuales, entre ellas un amplio margen de independencia frente al gobierno, explicó en entrevista con La Jornada.

Lo que busca la nueva ley es definir conceptos y competencias, y aclarar también su fundamento constitucional. [...] Hay que hacer un análisis más técnico del tema, pero sin perder de vista el objetivo final, que es priorizar la atención de la gente. Hoy por hoy, deberíamos tener una ley de víctimas, y no la tenemos, lamentó.