La cédula de identidad para menores –uno de los principales proyectos del gobierno actual en materia de datos personales– quedará inconclusa. Según la posición que manifestó el PRI el año pasado, en la siguiente administración no estaría asegurada su continuidad.

El Registro Nacional de Población (Renapo) ha expedido, de acuerdo con el más reciente corte disponible (agosto 2012), 5.6 millones de documentos, de una base poblacional de casi 26 millones de niños y jóvenes de entre cuatro y 17 años.

Es decir, a menos de tres meses de que concluya el actual gobierno, el avance es de 21 por ciento. Por entidades, el Renapo tiene en marcha la toma de datos y expedición de cédulas en 15 entidades.

Tres secretarios de Gobernación han trabajado el proyecto: Juan Camilo Mouriño, José Francisco Blake y Alejandro Poiré, quien ayer dio el banderazo para la expedición de ese documento en Querétaro.

Otros estados que se incorporaron recientemente –apoyados en la estructura de los planteles escolares– son Puebla, Campeche y Quintana Roo, que se suman a Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Colima, Aguascalientes, Distrito Federal, Morelos, Chiapas, Baja California, Baja California Sur y Guanajuato. En algunos casos se ha cubierto el total de menores, y en otros el avance es mínimo.

Los recursos asignados al Renapo, cuyo principal objetivo es continuar el tema de la cédula, no son suficientes para avanzar con mayor celeridad, lamentan funcionarios responsables de la operación; para el año que transcurre cuenta con 700 millones de pesos.

La cédula de identidad tiene origen en 2008, dentro de los planes del acuerdo por la seguridad. Al comienzo se concibió como vía para construir un registro biométrico (huellas e imagen de rostro e iris), con alcances mayores a los de los datos personales contenidos en la credencial para votar, con el fin de apuntalar, por ejemplo, la localización de un niño extraviado o secuestrado.

Aunque entonces no se definió el alcance del registro (la Ley General de Población incluye la obligación del Estado de dar a los mexicanos un mecanismo de identidad), se estableció una meta de tres años para dotar de esa identificación oficial a todos los mexicanos, extranjeros residentes en el país y menores de cuatro años.

De inmediato surgió un diferendo con el Instituto Federal Electoral (IFE), cuyos consejeros advirtieron que dotar de una cédula de identidad a los adultos desalentaría la actualización del padrón comicial. Hasta ahora la credencial del IFE es tomada como única identificación oficial con fotografía que posee datos estratégicos.

Finalmente, el programa fue puesto en marcha en enero de 2010. Casi de inmediato los legisladores del PRI advirtieron que el Ejecutivo había tomado una medida unilateral al expedir el decreto de reformas a la Ley General de Población e incluir en el registro de la cédula huellas dactilares y codificación de la imagen del iris. Argumentaron que no había las medidas de seguridad necesarias para preservar la confidencialidad de los datos personales.

La inconformidad de los priístas fue tal, que llevaron la controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual falló en favor del Ejecutivo.

Actualmente, el reporte no alcanza 6 millones. Tampoco se dijo qué iba a ocurrir con el registro de menores de cuatro años o con los 80 millones de adultos inscritos en el padrón electoral.

En Querétaro, Poiré dijo que con la cédula se reconoce a los mexicanos con todos sus derechos.

(Con información de Mariana Chávez, corresponsal)