El presidente Felipe Calderón envió ayer al Congreso de la Unión –junto con su último Informe de labores– dos iniciativas de ley con carácter preferente. En una propone la reforma laboral, que limita el derecho de huelga y flexibiliza al máximo las condiciones de trabajo.

Asimismo, sugiere nuevas formas de contratación, como periodo de pruebas hasta por 180 días, pago por hora, legalizar la subcontratación o outsourcing, facilita los despidos, impulsa la figura de multihabilidades y establece un límite de 12 meses para el pago de salarios caídos en caso de huelgas o conflictos.

En el documento de 132 cuartillas se señalan nuevas causales para que la autoridad laboral rechace el trámite de un emplazamiento a huelga y obliga al arbitraje de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el caso de conflictos de paro prolongados por más de 60 días.

La iniciativa laboral de Calderón es prácticamente una copia al carbón de la propuesta que presentó el PAN en marzo de 2010 en la Cámara de Diputados, y que fue elaborada por el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano. Incluye mecanismos para obligar a que se transparenten las finanzas de los sindicatos y para que la elección de las dirigencias gremiales sea por voto secreto y directo.

Propone que cada seis meses los dirigentes rindan cuentas a los trabajadores del manejo de las cuotas y, en general, de los ingresos sindicales. El patrimonio gremial deberá ser dictaminado anualmente por un auditor externo. Incluso, sugiere que los bienes de un sindicato que se extinga pasen a la propiedad del Instituto Mexicano del Instituto Mexicano del Seguro Social, en caso de que no esté claramente definido entre quiénes se distribuirán.

La otra iniciativa modifica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para establecer obligaciones a los tres niveles de gobierno, fundamentalmente estados y municipios, de transparentar todo compromiso financiero y deuda que contraten. Fue remitida al Senado.

Ambas propuestas fueron entregadas por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, a los presidentes de ambas cámaras, el diputado Jesús Murillo Karam y el senador Ernesto Cordero. Dado que se trata de iniciativas preferentes –nueva facultad que se otorgó al Ejecutivo federal en la reciente reforma política–, el Congreso dispone de 60 días naturales para votarlas.

En la exposición de motivos de su proyecto para cambiar la Ley Federal del Trabajo, Calderón argumenta que se incluirán nuevas modalidades de contratación, como los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado laboral.

Esa modalidad, además, permitirá al patrón conocer la aptitud, actitud y competencia de los trabajadores en un breve tiempo.

Asimismo, privilegia la productividad por encima de la antigüedad, como criterio para acceder a plazas definitivas o provi- sionales y a puestos de nueva creación.

Calderón pidió que la iniciativa laboral sea turnada a la Cámara de Diputados y la de rendición de cuentas gubernamentales al Senado.

Cada cámara tiene un plazo de 30 días para discutir el dictamen respectivo ante el pleno, pero hay dudas sobre cuándo comienza a correr. El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que, de acuerdo con su interpretación, es cuando las comisiones se hayan conformado, dado que se trata de una nueva legislatura.

El senador panista Héctor Larios consideró que el plazo corre a partir de anoche, cuando se recibieron las iniciativas, por lo que la reforma laboral debe votarse el primero de octubre en la Cámara de Diputados.