Sin mensaje político alguno dirigido al Congreso de la Unión, en su sexto y último Informe de gobierno, el presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que la lucha por la seguridad ha sido una decisión legal y ética, cuyo objetivo es recobrar la tranquilidad de los mexicanos, pues la situación era ya insostenible con poblaciones asoladas por el crimen e instituciones policiacas frágiles, vulnerables e incapaces frente a la delincuencia organizada.

Sin autocrítica, el Informe afirma que en los cinco ejes que integran el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se concretaron transformaciones de fondo que han permitido a la población alcanzar mejores niveles de bienestar y desarrollo.

En materia económica, el documento sostiene que a pesar del difícil entorno financiero internacional, la economía de México está en una etapa de crecimiento sostenido, basada en la conducción responsable de las finanzas públicas y un sistema financiero sólido y cada vez más incluyente.

En su último Informe, que consta de un compendio de 786 páginas, un anexo estadístico de otro tanto, un disco compacto y un resumen ejecutivo de 47 folios, el presidente Felipe Calderón no sólo se refiere a sus actividades en el último año, sino también presenta lo que a su juicio son los los resultados más relevantes de todo su gobierno, iniciado el primero de diciembre de 2006.

Así, se refirió a los temas estado de derecho y seguridad; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental; democracia efectiva y política exterior responsable.

En la portada del Informe presidencial, todo en tono azul, aparecen diez integrantes –hombres y mujeres– del Ejército y de la Marina; en el centro, uno de la Policía Federal. Todos se muestran armados. Estas son las tres instituciones a las que ha recurrido el Ejecutivo federal para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El documento justifica que la necesaria intervención de las fuerzas federales, se dio debido a que regiones del país eran asoladas por el crimen, y las instituciones de seguridad y justicia eran frágiles, vulnerables e incapaces de hacer frente al problema de inseguridad.

Calderón afirmó que a casi seis años de gobierno se han registrado avances notables en esta materia. El esfuerzo realizado permitió construir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera, dice el documento.

Con una serie de cifras, el Informe presume avances en materia económica. Así, da siempre números positivos, y en algunos casos históricos, en materia de crecimiento del producto interno bruto (PIB); expansión del empleo –con un millón 859 mil plazas formales en todo su gobierno registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social; inflación anclada en un bajo nivel, con 4.3 por ciento en promedio; crecimiento de los salarios mínimos y del poder adquisitivo; reservas internacionales sólidas y crecientes, y una estabilidad económica envidiable para no pocos países.

De manera similar, da cuenta de indicadores sociales en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios públicos. Pero de manera especial en el tema de salud, en la que destacó principalmente la cobertura universal, gracias al crecimiento del Seguro Popular.

No deja de llamar la atención el poco avance que se observa en materia de seguridad o la incongruencia entre algunas de las afirmaciones hechas en el documento y los números que se dan en el mismo. Sólo una prueba de ello: se dice que por cada cien delitos federales cometidos, en materia de delincuencia organizada, sólo se logran 12.9 sentencias condenatorias, cuando en 2007 la cifra era de 21.2.

Además de lo que se perfila como un incumplimiento de su gobierno, sobre todo en materia penitenciaria. Se informa que los centros de reclusión construidos con financiamiento privado, a junio de 2012, apenas cuentan con un avance de 58.44 por ciento, por lo que se ve complicado que estén listos antes de diciembre, como ofreció inicialmente el gobierno federal.

En este caso están los centros penitenciarios de los estados de Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sonora.