El de Felipe Calderón ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte.

Así resumió el movimiento #YoSoy132 la administración que está por concluir, en un contrainforme crítico presentado frente a la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el contexto de la entrega del último Informe de gobierno del titular del Ejecutivo federal, y que forma parte de su plataforma de lucha.

Luego de tres marchas en las que participaron diversas organizaciones sociales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los sindicatos de tranviarios y electricistas, entre otros, el colectivo universitario dio lectura a un documento de 18 páginas, donde hizo un recorrido de los seis años de mentira, simulación y corrupción de la gestión calderonista.

En su análisis, los jóvenes responsabilizaron al titular del Ejecutivo federal “por seis años de decisiones tomadas a espaldas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto –quien ya fue declarado presidente electo– este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política”.

El documento aborda seis ejes: democratización de los medios de comunicación; modelo educativo, científico y tecnológico; sistema económico neoliberal; seguridad nacional; transformación política y vinculación con los movimientos sociales, y modelo de salud.

Concentración y monopolios

En el tema de medios de comunicación, subrayaron que el periodo de Calderón fue un sexenio muerto, pues se propició la concentración de las telecomunicaciones en monopolios; se persiguió y violentó a periodistas y a miembros de radios comunitarias.

Resaltaron que Calderón asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios y desplegó acciones autoritarias y favoreció al duopolio televisivo. Criticaron que la única acción legislativa impulsada fue el aval al Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), que constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y a la libre expresión.

En cuanto a educación, ciencia, tecnología y arte, indicaron que en el sexenio por concluir se antepusieron los intereses del sector empresarial a las necesidades sociales, como lo demuestra la Reforma Integral a la Educación Media Superior, basada en un modelo por competencias y habilidades, que sólo forma obreros certificados en lugar de científicos y humanistas.

Añadieron que el acceso a la educación media y superior de alto nivel académico es complicado, porque el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda. Censuraron que las autoridades educativas culpen a los estudiantes de ser rechazados, cuando es el Estado el responsable de fortalecer y generar nuevas opciones de calidad.

Lamentaron la baja inversión en ciencia y tecnología (menos de uno por ciento del PIB, recomendado por organismos internacionales), que se traduce en que México importa 95 por ciento de las innovaciones técnicas que utiliza su sector productivo.

Subrayaron que la política económica neoliberal seguida por el Estado desde hace tres décadas privilegia la estabilidad macroeconómica en beneficio de los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida de la mayoría de la población.

Advirtieron sobre las llamadas reformas estructurales que buscan la privatización de los servicios del Estado, la apertura al capital privado de sectores estratégicos, una reforma fiscal que incremente el impuesto al consumo, en particular a medicinas y alimentos, y la total desregulación del mercado.

El alza de los pasados seis años en los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias, lo que se traduce en 12 millones de pobres más. Además del crecimiento de la economía informal, la cual suma casi 14 millones de personas, y del desempleo, cuya tasa pasó de 3.6 por ciento en 2006 a 5.4 en 2011.

En el tópico de seguridad recordaron que Calderón llegó a la Presidencia luego de un proceso electoral cuestionado y para legitimarse emprendió una guerra contra el crimen organizado, la cual aumentó los lazos de subordinación diplomática, política y militar con las políticas de Estados Unidos.

Dicha estrategia, lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen, la ha acrecentado, causando una verdadera catástrofe social con un saldo de 80 mil muertos, 250 mil desplazados de manera forzada, 30 mil desaparecidos, 20 mil huérfanos y 5 mil niños asesinados.

En el quinto tópico señalaron que la gestión de Calderón mantuvo una posición autoritaria y violenta ante la movilización social organizada, vulnerando los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y sobre todo el derecho a la protesta social. Añadieron que la paramilitarizacion del país ha permitido al Estado imponer de manera violenta políticas neoliberales de despojo, desplazamiento y sobrexplotación.

Finalmente, en materia de salud, el contrainforme de #YoSoy132 indicó que el actual gobierno ha incumplido el mandato constitucional de garantizar el derecho a una vida saludable, además que se impulsa la privatización de los servicios respectivos. Sin embargo, resaltaron que hoy existe la posibilidad de que la sociedad se organice y resista estas políticas para proponer un país diferente.