Santiago, 1º de septiembre. Miles de jóvenes mantienen vivas las protestas estudiantiles más largas en la historia de Chile. Exigen reformas estructurales que mejoren el actual sistema educativo, soluciones ante la proliferación de centros con fines de lucro y el endeudamiento de los alumnos en la educación superior. Ahora, 16 meses después, llaman a un nuevo estallido social.

Ante la crisis de la educación se requiere aumentar el gasto público y que dichos recursos estén orientados de manera efectiva al desarrollo de una mejor calidad de la educación, potenciando el sistema público, escribió en su blog la dirigente estudiantil Camila Vallejo el primero de mayo de 2011, a pocos días de realizarse la primera marcha de protesta, que reunió a cerca de 8 mil estudiantes.

Esta primera movilización, el 28 de abril de 2011, marcó el inicio de una serie de medidas de presión estudiantil, como marchas, actos culturales y ocupaciones de colegios y universidades, que darían el carácter de urgencia a la necesidad social de una mejor educación.

En Chile la enseñanza está regulada por la Ley General de Educación (LGE), que en 2009 derogó sin cambios sustanciales a su antecesora, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada en 1990 en los últimos días de la dictadura militar del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990).

Ambas legislaciones, LGE y LOCE, establecen la libertad de enseñanza sin asegurar el derecho al acceso a una educación garantizada por el Estado. Éste, como indica Naciones Unidas, debe implementar políticas públicas hacia la instauración de la gratuidad a nivel secundario y superior.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile posee la educación universitaria más cara del mundo, con un valor anual de sus aranceles de 3 mil 400 dólares equivalentes a 22.7 por ciento del producto interno bruto per cápita, cifra superior a la de países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia o Japón.

Para el que tiene privilegio, el sistema educacional chileno es el mejor mundo posible. La ley se pone enteramente a disposición de los ricos, denunció el académico Fernando Atria, de la Universidad Adolfo Ibáñez, experto en derecho social a la educación.

La educación como derecho y no como privilegio junto con educación pública, gratuita y de calidad han sido los lemas con mayor presencia en las marchas en estos más de 16 meses de protestas.

Estas consignas reflejan las peticiones de detener el endeudamiento a raíz de los altos aranceles cobrados en la educación superior, de fortalecimiento de la educación pública con la disminución del financiamiento compartido y de una enseñanza pública que alcance los estándares de calidad de los colegios privados.

Los colegios públicos chilenos son minoría en las mediciones de estándares de calidad educativa. De los 100 establecimientos con mayores puntuaciones en la Prueba de Selección Universitaria 2011, dos son públicos, mientras que de las 100 instituciones con mejor rendimiento en el Sistema Nacional de Evaluación, 99 son privadas y sólo una es pública.

El movimiento estudiantil exige cambios estructurales en el sistema educativo chileno, demandas a las que el ministro Harald Beyer, de Educación, ha respondido proponiendo becas para el 60 por ciento más pobre y crédito hasta el 90 por ciento de la población; fortalecimiento de la educación pública desde una elección más profesional de los directores hasta recursos que antes no existían, y la prohibición efectiva del lucro con una superintendencia que enfrente este problema de verdad.

Para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a las federaciones de estudiantes universitarios, las medidas gubernamentales no son suficientes, pues las autoridades solamente han planteado tímidas aspirinas en lugar de hacerse cargo del problema central.

La insatisfacción estudiantil hacia el sistema educacional comenzó expresándose con tres marchas de protesta en todo Chile entre abril y mayo de 2011, llegando a su punto más álgido cuando después del paro nacional del primero de junio de ese año, la Confech dejó en libertad de acción a las federaciones con respecto a las medidas de protesta que cada universidad decidiera tomar. Ya el 3 de junio, 17 universidades se encontraban movilizadas con la ocupación de sus dependencias.

Paralelamente, colegios secundarios comenzaron a ser tomados por sus alumnos. Del 7 y el 9 de junio de 2011 las ocupaciones se quintuplicaron de cinco a 26 y registró unas 600 a fin de ese mes.

Frente a este crecimiento del movimiento estudiantil, el 5 de julio de 2011 el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto Gran Acuerdo Nacional de la Educación, que sería financiado con los 4 mil millones de dólares del Fondo por la Educación, junto con la creación de una Subsecretaría de Educación y una Superintendencia de Educación Superior, para fiscalizar el lucro en la enseñanza.

Junto con estas medidas, el mandatario derechista declaró que la estatización de la educación demandada por los estudiantes constituye un grave error y que daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza.

Los estudiantes rechazaron el anuncio mostrando no solamente insatisfacción hacia el sistema educativo, sino también a las propuestas del gobierno frente a sus demandas, y respondieron con nuevas movilizaciones.

En septiembre de 2011, tras un cambio de gabinete, de tres propuestas ministeriales rechazadas y un histórico bajo nivel de aprobación al gobierno, el presidente Piñera encabezó una mesa de diálogo que reunió a los dirigentes estudiantiles, el Colegio de Profesores y el Consejo de Rectores.

Este primer intento de conversación fracasó, lo que motivó a los estudiantes a salir una vez más a las calles durante septiembre y octubre, mes en que las ocupaciones en colegios y universidades se depusieron frente al riesgo de perder el año académico, sumado a la renovación de los dirigentes de las diversas federaciones universitarias.

La tranquilidad vivida entre octubre de 2011 y abril de 2012, donde se registraron solamente dos convocatorias a movilizaciones, fue interrumpida en junio del presente año. El presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Gabriel Boric, declaró entonces que los estudiantes se cansaron de esperar respuestas del gobierno, de ver empresarios delincuentes y de no tener soluciones (...) Sin movilizaciones y sin presión social este gobierno no escucha, dijo.

Las palabras de Boric marcaron el comienzo de un proceso de pláticas entre los estudiantes para establecer una agenda de movilizaciones para agosto, y así iniciar un nuevo estallido social, como declaró la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Eloísa González.

Lejos de terminar, el movimiento estudiantil está retomando poco a poco la importancia que tuvo en 2011 con nuevas ocupaciones de colegios secundarios, pese a la inmediata reacción de las autoridades para desalojarlos, y con nuevas convocatorias a manifestarse a lo largo de todo Chile.

“El año pasado nos decían ‘bajen las tomas y vamos a dialogar’. ¿Qué pasó? No hubo diálogo. El año pasado nos dijeron ‘vamos a solucionar todo’, ¿y en qué estamos?”, declaró el vocero de la Confederación de Estudiantes Secundarios, Cristofer Sarabia, frente al resurgimiento del movimiento estudiantil a consecuencia de las nulas respuestas que ha dado el gobierno a las demandas de gratuidad, calidad y fin del lucro.

Las autoridades los han calificado de intransigentes, de minoría, de querer todo o nada y de atentar contra la educación pública con las ocupaciones. Pero los estudiantes no se rinden.