La recuperación del predio del panteón Morelos ubicado en la delegación Iztapalapa, que el miércoles dejó al menos 20 personas heridas y 11 detenidas, derivó de una denuncia vecinal, aclaró la consejera jurídica, Leticia Bonifaz Alfonzo.

La funcionaria detalló que hace un par de meses empezaron a llegar denuncias de que en el predio, el cual fue expropiado en octubre de 2011, se hacían fiestas y cobraban, cuando el terreno es propiedad del gobierno de la ciudad.

Explicó que desde que se hizo la expropiación del predio se vio que en uno de los extremos había un galerón de lámina, en una superficie de 339 metros cuadrados, deshabitado, que no se tocó.

Este espacio fue acondicionado como salón de fiestas; había luces de colores y Bernardo García Matías, líder de la Organización de Vivienda Valle de Luces, lo rentaba. Es decir, cobraba por usar un espacio que no es suyo, sino del gobierno capitalino, señaló.

La consejera comentó que se había acordado con los vecinos la recuperación del predio, e incluso la esposa de García Matías pidió que les entregaran el material que retirarían con maquinaria para reutilizarlo, por lo que se preveía que no hubiera conflictos.

Sin embargo, los vecinos relataron que, por la tarde, los invasores se reagruparon y arremetieron con ladrillos, palos y botellas con gasolina, contra los granaderos de la policía capitalina que resguardaban el lugar.

Habitantes de la colonia Valle de Luces, en Iztapalapa, explicaron que ese predio estaba ocupado desde hace muchos años hasta que el gobierno local lo expropió, pero que la organización, para conseguir vivienda, lo seguía utilizando.

Si no habían sacado al grupo de invasores es porque eran allegados a funcionarios del GDF. Ahora que se los quisieron quitar, ya con construcciones y todo, pues no se iban a dejar, aseguró una mujer cuyo comercio se ubica en la zona.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que por esos hechos, 11 personas, entre ellas tres menores, fueron puestas a disposición de la Fiscalía Central de Investigación por resistencia de particulares.

Los ochos adultos rinden declaración ante el Ministerio Público, en tanto los menores fueron canalizados a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.