En su manifestación de impacto ambiental (MIA) el proyecto Los Pericúes, planeado al lado del parque nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur, se promueve como un desarrollo sustentable para producto turístico, residencial y de servicios orientado al turismo náutico y de campo de golf .

Señala que su objetivo es crear un polo turístico en donde la sustentabilidad será el eje rector del diseño y la operación, buscando integrar la infraestructura turística no sólo en el ambiente natural si no también en el social, cultural y económico.

La MIA de este plan, que contará con 23 mil cuartos de hotel y habitacionales, se pondrá a consulta pública próximamente, informó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En un comunicado anunció que en breve se darán a conocer los detalles sobre el lugar y la fecha donde se realizará la consulta.

La dependencia agregó que el 20 de agosto el promovente Desarrollos La Ribera ingresó a la Dgira el proyecto Los Pericúes, ubicado en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para su evaluación. El documento ya fue puesto a disposición del dominio público en la página de Internet de la dependencia.

Agregó que la organización Los Cabos Coast Keepers solicitó la consulta pública de información de este proyecto, de acuerdo con los tiempos establecidos en la normatividad y con los requisitos para su realización.

Apuntó que la consulta se hará para propiciar escenarios de participación ciudadana y establecer una comunicación activa y permanente entre los actores sociales, organizaciones comunales, autoridades departamentales y municipales, con el fin de socializar el proyecto y promover un proceso de análisis de los impactos ambientales y sociales.

Por su parte, Greenpeace consideró que la presentación de un nuevo plan en lugar del cancelado Cabo Cortés indica que existen fuertes compromisos e intereses privados en este caso, ya que el gobierno federal se ofreció a trabajar con los desarrolladores para un nuevo plan y deja su aprobación en materia ambiental a funcionarios que fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública por las organizaciones.