stamos a punto de que el Tribunal Electoral (TEPJF) resuelva la demanda del Movimiento Progresista para que se anulen las elecciones presidenciales por violaciones constitucionales. Es evidente lo que va a resolverse. Frente a esta decisión habrá que plantear una estrategia de corto, mediano y largo plazos que acumule fuerzas para un periodo de resistencia prolongado, en el que se consolide la unidad de todos los que participaron apoyando a AMLO y rechazando la propuesta de Peña Nieto.
Por su parte, las bancadas priístas en el Senado y en la Cámara de Diputados han anunciado su pretensión de aprobar entre septiembre y noviembre asuntos pendientes
que –según ellos– pudieran consensarse. Se trata de reformas estructurales que tienen largo tiempo esperando: la hacendaria, laboral y energética. En este frente habrá que actuar de inmediato para evitar que los nuevos legisladores aprueben estas reformas, ligando las acciones con las que se desarrollarán ante la decisión del TEPJF.
La resistencia a las reformas estructurales debe conjuntar acciones parlamentarias y de movilización social. Es probable que las bancadas panistas estén de acuerdo en avanzar en el programa neoliberal, por lo que la oposición tendrá que ser impulsada por diputados y senadores del movimiento progresista. Pero sólo logrará detenerlas si la discusión rebasa las Cámaras. Los movimientos emergentes serán decisivos para detener reformas que atentan contra la sociedad mexicana
, como han escrito los del #YoSoy132.
También lo serán para impulsar reformas que resultan estratégicas para que los procesos electorales permitan una representación ciudadana más efectiva. Una primera reforma en este sentido propondría terminar con el duopolio televisivo, permitiendo la participación de varias opciones adicionales, entre ellas una televisora del Estado Mexicano. Mientras se logra esto, en las entidades en las que gobierna la izquierda habrá que impulsar televisoras locales que ofrezcan contenidos plurales y que en los procesos electorales contrarresten la acción de Televisa y Televisión Azteca.
Otro frente de batalla legislativa es el Banco de México. Estratégicamente podría haber consenso con algunos panistas para impulsar cambios en su Ley Orgánica que establezcan un mandato dual: control de la inflación, compatible con el menor desempleo posible o, lo que es similar, con la mayor creación de empleos nuevos posibles. Mantener el objetivo único de controlar la inflación, explica que en 2009 Banxico detuviera repentinamente un proceso sostenido de una reducción de la tasa de interés que la había llevado de 8.5 a 4.5 por ciento. No fue el caso del Banco de Chile que redujo su tasa hasta un nivel de 0.5 por ciento, impulsando la inversión en ese país. La consecuencia de estas dos decisiones monetarias fue evidente en el comportamiento del PIB ese año.
Adicionalmente es indispensable acotar su autonomía limitándola a la manera de perseguir las metas, que los poderes electos establezcan. La reforma salinista le permitió a la junta de gobierno del BdeM decidir sus metas, decidir como conseguirlas, decidir la manera de evaluar su desempeño, sin que nadie pudiera cuestionarlas. La meta establecida de una inflación de 3 por ciento, más o menos un punto porcentual, bien pudiera ser de 4 o 4.5, según lo determinase el proceso legislativo, lo que tendría consecuencias importantes en el uso del crédito.
Esta autonomía frente a los poderes electos no lo es frente a los poderes reales. La burda maniobra operada por Banco de México, modificando el comprobante de una operación electrónica presentada como prueba de la existencia de dinero de procedencia ilícita en el proceso electoral pasado, da cuenta de ello. Esta maniobra es consistente, además, con la indebida asistencia del gobernador Carstens a una reunión de legisladores del PRI, expresando claramente una simpatía política incompatible con su autonomía legal.
Las semanas siguientes serán de definiciones centrales para los actores políticos y los movimientos emergentes. De ellas dependerá el curso próximo.
