l incidente de Tres Marías puso de manifiesto la proverbial ausencia de transparencia en las relaciones entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y las autoridades mexicanas, cuyo comportamiento arroja un sinfín de dudas y cuestionamientos. Más que el secreto o la discreción, que podría considerarse consustancial a las funciones que desempeñan, prima la opacidad, el afán de mantener fuera de la vigilancia pública la actuación de las corporaciones encargadas de combatir el delito. Es materialmente imposible saber –desde la óptica de un ciudadano atento– si los procedimientos se ajustan a las leyes y los involucrados están sujetos al control de alguna instancia nacional responsable. Por ejemplo, el Presidente ofrece disculpas al embajador estadunidense por el intento de asesinato de dos agentes de la CÏA, pero no informa al país sobre la emboscada que les tendieron policías federales en un operativo sospechoso de principio a fin. Las preguntas obvias están en el aire y no debería ser muy complicado.

Averiguar qué hacían los agentes mexicanos vestidos de civil esperando en ese camino prestos a frenar a tiros el paso de una camioneta blindada con placas diplomáticas. O dilucidar con qué delincuentes los confundieron.

No extraña, pues, que ante la ausencia de información fidedigna, la especulación (y el temor) crezcan exponencialmente. Y no se trata, como pretenden algunos, de arrebatos nacionalistas dictados por un concepción estrecha de la soberanía, sino de subrayar uno de los renglones torcidos de la política de seguridad adoptada por el gobierno saliente, que no se caracteriza por su transparencia.

El gobierno de Calderón deja el problema de la guerra contra la delincuencia organizada sin precisar la estrategia a seguir a mediano plazo. Se insiste en temas como el de la corresponsabilidad, pero hasta hoy hay una enorme asimetría en las aportaciones de los estados a un lado y al otro de la frontera. En este punto sería iluso y contraproducente no fomentar la cooperación binacional en un asunto que de suyo tiene una dimensión global, pero es evidente que la política de seguridad mexicana no puede seguir los principios y valores definidos para proteger a la sociedad estadunidense. Valga el lugar común: lo que es bueno para ellos no es forzosamente útil o satisfactorio para nosotros. México no puede dictarles a los demás qué hacer en materia de drogas, armas y lavado de dinero, pero tampoco puede admitir, con la excusa de la ayuda técnica que es indispensable, que otros fijen las prioridades para enfrentar un conflicto que ya ha costado decenas de miles de muertos y desaparecidos. La cooperación, más entre vecinos, siempre será fundamental, pero México tiene que definir cuáles son los objetivos que en esta materia se propone alcanzar y hasta dónde está dispuesto a llegar sin buscar nuevas alternativas. Apenas el martes, David Brooks daba cuenta en estas páginas del borrador de política exterior de la plataforma del Partido Republicano, donde se propone un esfuerzo unificado sobre crimen y terrorismo, con mayor coordinación de inteligencia y capacitación militar con México. No se trata de alzar el fantasma del intervencionismo sino de reconocer que en la sociedad estadunidense, sobre todo en el sector conservador, predomina la noción del Destino Manifiesto, el “excepcionalismo americano” que en última instancia depende –reza la mencionada tesis del Partido Republicano– de nuestra capacidad para emplear un poder militar abrumador.

El final del sexenio obliga a reflexionar de nuevo sobre la naturaleza de la violencia que azota la vida mexicana; a examinar todos los componentes delicuenciales que la integran, subrayando la urgencia de mirar al país como una unidad cuya integridad está en riesgo. Eso es lo fundamental. La pretensión de resolver el desafío de la inseguridad a partir de medidas coercitivas, por muy sofisticadas que sean, no cambia el problema de fondo: si la sociedad que no es capaz de generar las condiciones para reproducirse (empleo, salud, alimentación) mejorando sus condiciones de existencia las buscará de cualquier modo fuera de la legalidad.

Pero si hay en Estados Unidos quienes plantean unir la lucha contra el terrorismo y la lucha contra las drogas, hay también quienes presumen que la viabilidad de México depende de su capacidad de realizar las reformas estructurales que mejor corresponden al fortalecimiento de sus intereses corporativos. ¿Podría extrañar que en este juego perverso Pemex fuera convertido en moneda de cambio?

En la coyuntura que viene, ante la conjunción en el tiempo de la violencia anticriminal con la imposición de reformas que profundicen la desigualdad social y la mano dura en el plano del gobierno, será necesaria la configuración de un poderoso movimiento social, capaz de salir en defensa de los intereses ciudadanos sin traficar con la agenda nacional.