El Senado de la República sostuvo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la controversia constitucional presentada por el presidente Felipe Calderón en torno a la Ley General de Víctimas no tiene fundamento y advirtió que es el Ejecutivo federal quien violó la Carta Magna al vetar esa legislación fuera del plazo legal.

En un escrito signado por el presidente del Senado, José González Morfín, y dirigido al ministro instructor, Sergio Valls Hernández, se resalta que no tienen sustento jurídico los argumentos de Calderón, toda vez que la publicación de la Ley General de Víctimas, el pasado 29 de junio, se dio con apego al ordenamiento constitucional y a las facultades del Poder Legislativo.

En entrevista, González Morfín recalcó que se trata de una respuesta institucional, elaborada por los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado. El legislador panista hizo notar que corresponderá a la próxima legislatura (62) seguir con ese tema, pero la actual mesa directiva cumplió con su responsabilidad al hacer llegar a la Corte en tiempo y forma su respuesta a la demanda de Calderón .

El Presidente presentó la controversia constitucional contra la decisión del Senado de publicar la Ley General de Víctimas el pasado 29 de junio, con el argumento de que aún no vencía el plazo legal que él tenía como Ejecutivo federal para vetar la legislación.

Como se recordará, el Congreso remitió a la Secretaría de Gobernación el decreto para la publicación de esa ley –que se comprometieron a aprobar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad– el 10 de mayo, pero ese mismo día y de forma unilateral, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce, pidió que se la regresaran y la mantuvo 20 días en San Lázaro.

El Ejecutivo tomó como base esta última fecha y la vetó hasta el primero de julio a las ocho de la noche, luego de que las casillas ya habían cerrado.

En la demanda reconvencional ante la Corte, el Senado argumenta que la devolución del expediente a la Secretaría de Gobernación, el primero de junio, no forma parte del proceso legislativo, porque no representan la voluntad del Congreso de la Unión. Por ello, se insiste, es constitucionalmente inviable sostener que el plazo para que el Ejecutivo vetara la ley fue el primero de junio.

El director general de Asuntos Jurídicos, Carlos Cravioto, recalcó que actuaron en tiempo, toda vez que el plazo para contestar la demanda de Calderón vence el 12 de septiembre próximo.