Con el propósito de restablecer la legalidad y el orden en el socavón siete de Barroterán, Coahuila, y de que sea respetada la libertad sindical de los empleados de esa unidad productiva, el sindicato nacional de trabajadores mineros demandó la intervención de los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré, y del Trabajo, Rosalinda Vélez, así como de la procuradora general de la República, Maricela Morales.

En una carta, el gremio pidió la intervención de dichos funcionarios, ya que los trabajadores fueron reprimidos luego de que el martes 7 de agosto la mayoría –pertenecientes a la sección 303– decidieron cambiar al comité ejecutivo local y reafiliarse al gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Indicó que la agresión provino de la empresa Minera del Norte, de Alonso Ancira Elizondo, director del Grupo Acerero del Norte y de Altos Hornos de México, y de golpeadores de la llamada Alianza Minera.

En la misiva, firmada por Javier Zuñia, secretario de trabajo, y Constantino Romero, secretario de contrataciones, se señala que dicha empresa se ha entrometido en la vida del sindicato e intentó obligar a los empleados a acudir con el grupo de la Alianza Minera si querían que les pagaran sus salarios semanales, pero como esa medida de presión no dio resultado, la compañía acudió a la violencia, armando al comité destituido con aproximadamente 600 golpeadores y porros pagados por Alonso Ancira Elizondo, quien los trasladó en autobuses y camionetas. Cometieron actos vandálicos y agresiones contra los mineros.

Los representantes sindicales señalaron que Coahuila es tierra sin ley, y solicitaron la intervención de las dependencias mencionadas para restablecer la legalidad en la mina y en la región carbonífera. Además, para que se paguen salarios a todos los trabajadores y se cumplan las 107 medidas de seguridad que ordenó la Secretaría del Trabajo.