uanto más corrompido es el Estado, más numerosas las leyes, decía, y sabía por qué lo decía, Tácito (Publius Cornelius Tacitus), historiador, senador, cónsul y gobernador del imperio romano. 

México posee un estado de derecho de muy baja calidad, endeble, sorpresiva e inesperadamente pantanoso: salta la liebre de un terreno fofo en el cual se hunde la persona o el grupo que no cuenta con los recursos económicos y/o políticos para despojarse del fango rápidamente y salir del atolladero. Es así porque así son sus leyes y sus instituciones.

Además, en cada coyuntura la conformación de los poderes dominantes reforman la Carta Magna y las leyes que la reglamentan, para adecuarlas a sus particulares intereses y los de la coalición mediática político empresarial dominante.

Desde el 5 de febrero de 1917 que fue promulgada la Constitución Política que nos rige, han sido aprobados y publicados 203 decretos; el último cambio fue publicado el 9 de agosto pasado mediante un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia política. Cada decreto puede contener pocas o muchas reformas, de modo que por ahora sobrepasan el medio millar. El mayor número ha ocurrido durante el sexenio que venturosamente está por pasar con mucha pena para la mayoría de los mexicanos y sin ninguna gloria para Calderón.

Los constituyentes de 1917 no supieron que habían creado una constitución política de la nación, fundante pero mutante. Espere usted nuevas reformas y adiciones antes de que tome las riendas del Ejecutivo el señor Peña.

Es verdad, las realidades cambian y ello exige una adecuación de las leyes. Pero en nuestro caso el cambio de la realidad es igual al cambio de la coalición dominante, que a veces incluyen algunas bagatelas para las mayorías con propósitos de legitimación política: tenemos uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo (¡aguas!).

Ciertamente en cada caso debió haber un proceso complejo de acuerdos en la cúpula dominante, pero los intereses son cercanos de modo que ha podido establecerse ese récord de 203 decretos de reformas a la fecha, más los que se acumularán en breve y durante el sexenio.

Pero puede usted estar seguro que la de Estados Unidos ha sido una realidad sensiblemente más dinámica que la mexicana y ocurre que su Constitución representa la segunda Ley Suprema escrita más antigua en el mundo en uso hoy día y, desde su adopción, ha tenido tan sólo 27 enmiendas, habiéndose realizado las 10 primeras en 1791 y las diecisiete restantes a lo largo de más de dos siglos.

Un estado de derecho así de guango, además, pudo ser penetrado gradualmente, hoy más abiertamente, por los grupos altamente predominantes de la llamada iniciativa privada (con la exaltada bienvenida de los grupos corporativizados que lo manejan), y aun por el narcotráfico, incluido el núcleo duro de su defensa: las fuerzas armadas.

No basta a la coalición dominante poseer un estado de derecho así de guango; sus instituciones y leyes pueden ser sistemáticamente violadas por miembros de la coalición dominante, si las condiciones de su realidad lo requieren. Ello ocurre en el orden fiscal, en el orden penal, en el civil, en el mercantil, en el electoral… ¿Quién no puede poner ejemplos concretos de estas violaciones en todos los campos de lo jurídico? ¿Cree usted que un cuasi insignificante presidente de sala va a anular la elección cuando ya fue bendecida por el jefe del imperio del norte?

El presidente Calderón desató una dizque guerra al narcotráfico, encargando para ello a las fuerzas armadas, sin que la Constitución permita tal cosa. Su guerra produjo hasta ahora cerca de 100 mil muertos y abrir un formidable mercado de armamentos y municiones, y la guerra y el mercado de estupefacientes sigue en auge, y nadie hace nada legalmente. Fernández de Cevallos puede gestionar la devolución de impuestos por cientos o miles de millones de pesos a intereses privados, siendo senador de la República, y no pasa nada, que para eso están hechas estas leyes fiscales aguanosas, y lo mismo puede gestionar cualquier gran empresa, y no pasa nada. El perdón a un delito penal lo compra el que tenga suficientes recursos para llegarle al precio. Con más de 50 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza, y un inmenso segmento de ellos en estado de precariedad social profunda, llegarles al precio a estos electores es cuestión de fruslerías. La lista de violaciones a la ley por quienes las hacen y quienes dicen que velan por ellas, llenaría todas las páginas de este número de La Jornada, y no pasa nada.

El señor Peña puede ser investido a su alto cargo con una legalidad de yogur –como la regla en vigor–, y lo que puede ocurrir es una protesta social seguida de represión y cooptación.

A las izquierdas genuinas se les impone una reflexión profunda.