Cinco mineros gravemente heridos y decenas de golpeados, es el saldo de la represión que llevaron a cabo este fin de semana, cerca de 600 golpeadores contratados por Minera del Norte (Minosa), del empresario Carlos Ancira, contra trabajadores de la mina 7 de Barroterán, Coahuila.

Según aseguró el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, los miembros de la sección 303 habían decidido buscar su reincorporación a las filas de la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, cuando se generó la agresión.

La titularidad del contrato colectivo de esta sección lo tiene la Alianza Minera Nacional, sin embargo, en días recientes los sindicalizados decidieron salirse de las filas de esta organización y regresar al sindicato.

El ataque ocurrió luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ordenó a la empresa Minera del Norte el pago de salarios a los mineros. En este sentido el sindicato minero apuntó que el pasado martes 21 de agosto el dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, había demandado a esta dependencia que Minosa actuara con apego a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los ordenamientos internacionales sobre libertad sindical, además que atendiera las 107 irregularidades detectadas en el funcionamiento de la mina.

En una actitud diferente a la que había mantenido el anterior secretario, Javier Lozano, la dependencia atendió el reclamo y el jueves 23 de agosto la titular de la dependencia, Rosalinda Vélez, envió una orden al procurador federal de la Defensa del Trabajo, Gustavo Hernández Vela Kakogui, para que se requiriera a la empresa pagar los salarios a los trabajadores, en estricto apego al derecho y a los principios de libertad y autonomía sindicales.

La empresa respondió con un desafío frontal y descarado de Alonso Ancira a las órdenes del gobierno federal de resolver el problema con apego a la Constitución, a la LFT y a los derechos de los trabajadores.

El sindicato minero responsabilizó a Alonso Ancira Elizondo y socios, de cualquier desenlace fatal que derive de esta violencia, así como también al gobernador Rubén Moreira, quién según su opinión, no ve ni oye los reclamos de los mineros y en cambio, defiende los intereses de estos y otros empresarios.

Aseguró que la empresa Minosa ha puesto precio a las cabezas de los auténticos dirigentes de los trabajadores, tanto de la sección 303 como del comité ejecutivo nacional del sindicato minero, como si se tratara de delincuentes, y corrió la voz de que está dispuesta a pagar recompensas por su entrega, vivos o muertos.

También alertó que la empresa pretende no pagar los salarios de hambre que da a la mayoría de los trabajadores de la mina 7, porque quiere torcer la voluntad de los miembros de la sección 303 para que no reingresen al sindicato. Incluso antes de la agresión, cómplices de la empresa y de la Alianza Minera ofrecieron a trabajadores que se sumaran a los golpeadores, a cambio de que no se les descontaran sueldos, en lo cual no obtuvieron éxito.