El proceso electoral entrará esta semana en su etapa final. El último de los juicios de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista, en el que solicita la nulidad de la elección y la declaratoria de no validez, deberá ser resuelto antes del 31 de agosto y se espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) proceda de inmediato al cómputo final, a resolver sobre la validez de la elección presidencial y, en su caso, emitir la declaratoria de presidente electo.

Hasta ahora los magistrados han resuelto prácticamente la totalidad de los 378 juicios de inconformidad que fueron promovidos en contra de los comicios presidenciales. De entrada 27 fueron desechados por improcedentes, uno más se declaró sobreseído y el viernes pasado, en paquete, se resolvieron 349 juicios promovidos en contra de los cómputos distritales, sin mayores variaciones.

Sólo falta la fase definitiva, en la que la comisión especial de magistrados creada para elaborar el proyecto de cómputo final y en su caso la declaratoria de validez y la de presidente electo (conformada por Flavio Galván, Salvador Nava y Constancio Carrasco) presente su proyecto al pleno de la sala superior.

En principio, de acuerdo con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, todos los juicios de inconformidad contra los comicios presidenciales deberán quedar resueltos antes del 31 de agosto y, aunque el plazo máximo para declarar la validez de la elección es el 6 de septiembre, todo apunta a que esta semana se concluya todo el proceso.

En vísperas del desenlace del largo litigio de la elección presidencial, Jaime Cárdenas, uno de los responsables de la lucha jurídica del Movimiento Progresista, resume sus consideraciones en torno a quienes decidirán la validez de los comicios: “Ninguno de los magistrados que integran actualmente la sala superior se ha distinguido como un activista en defensa de la democracia. Sólo defienden el establishment, el statu quo”.

Desde la perspectiva del Movimiento Progresista, los antecedentes no auguran que prosperen sus recursos. Cárdenas enfatiza la pasividad tanto del Instituto Federal Electoral (IFE) como del TEPJF para allegarse mayores pruebas que permitan corroborar que en los comicios ocurrieron violaciones a los principios constitucionales que deberían regirlas.

A la espera de la sesión del principal juicio contra la elección presidencial del pasado primero de julio, Cárdenas lamentó que el tribunal haya actuado sin un compromiso de llegar al fondo de los asuntos, pero sobre todo de allegarse de más pruebas, fuera de las que presentó la coalición demandante. Las denuncias sobre la compra del voto y el presunto rebase de topes de campaña están lejos de resolverse.

Por ejemplo, dijo, la petición para que López Obrador presentara sus alegatos de forma oral, incluso frente a sus contendientes, quedó en el tintero por una interpretación rigurosa de la norma, en el sentido de que el candidato presidencial presentó a destiempo la solicitud respectiva.

El tribunal ha sido a veces muy duro con nosotros, concluyó Cárdenas, quien señala que en su actuación cotidiana no puede obviarse que varios de los actuales magistrados aspiran a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Existen antecedentes polémicos de la relación de fallos del TEPJF que involucran al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto. Uno de los casos en los que se evidenció la cercanía de los jueces electorales con personajes de partidos políticos –más allá de las audiencias propias de un proceso– ocurrió el 9 marzo de 2011, cuando varios integrantes del PRI –entre ellos el coordinador de campaña de Peña, Luis Videgaray– se reunieron en la casa de la entonces magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís.

En puerta estaba la resolución de un juicio contra la utilización indebida de recursos públicos para promover la imagen del entonces gobernador mexiquense. El hecho detonó que por primera vez un partido –Acción Nacional– acusara a uno de los magistrados de actuar con parcialidad y exigiera su excusa de conocer el caso.

No obstante, al mes siguiente los magistrados decidieron, en sesión privada, que Alanís no estaba impedida para participar en las quejas relacionadas contra Peña Nieto. Al momento de resolver, se decidió por votación de 4 a 3 por no sancionar a Peña Nieto, con el voto de Alanís a favor de exculpar mexiquense.

Tras el saldo polémico de la calificación presidencial de 2006, el TEPJF modificó su estrategia para reducir tensiones: decidió elegir la comisión de magistrados previamente a los comicios; la integró con tres magistrados y ha difundido por Internet cada una de las acciones que han realizado los magistrados en torno a la calificación presidencial.

En las diversas decisiones del TEPJF a lo largo del litigio poselectoral, el sentido no ha favorecido al Movimiento Progresista. A juzgar por las cifras, las peticiones han sido un fracaso: de los 70 mil 3 paquetes que el Movimiento Progresista solicitó fueran recontados por el TEPJF, sólo se admitieron mil 125, esto es, 1.4 por ciento de la solicitud; de las 82 mil 493 casillas cuya anulación se pidió por diversas irregularidades, el TEPJF sólo anuló 524, 0.36 por ciento.

Otros intentos de la coalición han fracasado también: la solicitud de que el TEPJF ordenara al IFE adelantar la fiscalización de los gastos de la campaña presidencial se estrelló en la negativa de los magistrados. El Movimiento Progresista buscaba que con ello se evidenciaran los niveles de rebase de topes de campaña y se esclarecieran las denuncias contra la presunta compra del voto en la que habría incurrido la coalición Compromiso por México.

Sus quejas sobre ambas irregularidades se resolverán tiempo después de la calificación presidencial.