El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa hoy la discusión sobre los límites del fuero castrense, al analizar un amparo en el que una mujer soldado es acusada de corrupción de menores y abuso sexual, por lo cual fue consignada penalmente ante un juez militar. El proyecto de dictamen da la razón a la quejosa a efecto de que el asunto pase a la justicia ordinaria, pero ella tendrá que permanecer en prisión.

El documento, elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, precisa que el auto de formal prisión dictado en contra de la acusada, Silvia Hernández Tamariz, se mantenga vigente hasta que el juez civil determine lo que proceda conforme a derecho.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la complejidad de este amparo radica en que a la acusada le dictó auto de formal prisión una autoridad incompetente (es decir, el juez militar) y, de acuerdo con la ley vigente, este solo hecho sería suficiente para que ella quedara en libertad. Sin embargo, como se trata de la presunta violación grave de derechos humanos, la intención de la ministra instructora es que, aunque se le otorgue el amparo a la quejosa para que el asunto lo resuelva la justicia ordinaria, ésta permanezca en prisión, por el tipo de delito de que se trata.

Éste será el segundo amparo de 28 que resolverá el pleno sobre el fuero de guerra. En este asunto, la ministra Sánchez Cordero plantea que, como se trata de la violación de derechos humanos de menores, la jurisdicción militar no conozca del asunto bajo ninguna circunstancia, no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

La resolución propuesta señala que el juez militar debe dejar insubsistentes todas las actuaciones realizadas con posterioridad al auto de formal prisión y declinar la competencia al juez federal correspondiente. El proyecto subraya que, como la acusada está privada de su libertad, la declinación de competencia del juez castrense deberá hacerse una vez resuelto el recurso de revisión que dio origen precisamente al amparo (134/2012).

Sanchez Cordero señala que el juez federal que asuma la competencia deberá delimitar la legislación y los preceptos aplicables al momento de la comisión de los hechos, y constatar si el delito que le imputó el juez militar es compatible con el Código Penal Federal.

De acuerdo con el expediente, al cual tuvo acceso La Jornada, un juez militar dictó auto de formal prisión a la acusada el 6 de enero y 20 de agosto de 2011, por los delitos de corrupción de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, y abuso sexual en agravio de menores de edad. Hernández Tamariz se desempeñaba como sargento segundo auxiliar educadora, al servicio de la Secretaría de la Defensa.