ememorar la masacre de San Fernando, donde fueron ejecutados 72 migrantes en el rancho de Tamaulipas el pasado agosto de 2010, es un acto de reiterada rebeldía y reclamo permanente porque se haga justicia y se derrote la impunidad.

Hasta la fecha y a pesar de las recompensas millonarias (45 millones de pesos en total), siguen prófugos e identificados Salvador Martínez, alias La Ardilla, principal jefe regional y responsable de la matanza, así como Ricardo Palomo Rincones, alias El Coyote, Juvenal Burciaga, alias El Alacrán, y José Guadalupe Rivera, alias El Sasi. Todos ellos miembros del grupo de Los Zetas e involucrados directamente en la masacre.

En abril de 2011 se capturó a Martín Estrada Luna, alias El Kilo, responsable regional de Los Zetas, y a su novia, Saraí Fabiola Díaz, alias La Muñeca, quien se entregó del brazo de su madre para que haga frente a sus responsabilidades. De igual manera se capturó a Edgar Huerta, alias El Wache, ex soldado de Michoacán, a quien de nada le valió irse de vacaciones con su novia a La Habana, para hacerse santo y quedar protegido por el rito de la santería.

A dos años de la masacre, la impunidad sigue tan campante. Se capturó a algunos de los participantes y se arraigó a 16 policías del municipio por encubrimiento, pero los principales responsables siguen prófugos. No se puede cerrar el caso hasta que se dé con todos los culpables. Pero curiosamente, no hay rendición de cuentas por parte de la autoridad, sólo hay alegatos grandilocuentes.

Por tanto, vale la pena recordar el discurso del presidente Calderón en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, que México organizó en diciembre de 2010, en el que se vio forzado a dar la cara ante el mundo y se refirió a la tragedia de la siguiente manera:

“Los hechos ocurridos en Tamaulipas recientemente, son hechos que nos apenan profundamente a los mexicanos en nuestro país y ante el mundo. Deploramos los hechos y, precisamente, desde que tuvimos conocimiento de los mismos, hemos actuado con firmeza y determinación.

“A la fecha hemos detenido a ocho presuntos delincuentes, involucrados en estos hechos; seis más han fallecido como consecuencia de enfrentamientos entre ellos, como delincuentes, con autoridades federales o entre enfrentamientos entre bandas criminales. Y hay dos más, personas, cercanas a los hechos, déjenme decirlo de esta manera, uno de ellos de 17 años de edad y otro de 14, que están recibiendo protección en su calidad de menores de edad y se encuentran bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Puedo asegurarle al mundo que estamos llevando y seguiremos adelante con las investigaciones, hasta las últimas consecuencias, porque no nos detendremos con haber detenido únicamente a una buena parte de los responsables, sino hasta agotar, precisamente, la persecución de todos estos criminales.

Los llamados hechos de San Fernando, lamentablemente no fueron hechos aislados. Pocos meses después se descubrieron varias narcofosas, con más de 140 cadáveres. Una de las contabilidades afirma que en total fueron 217 personas ajusticiadas en ese municipio.

Posteriormente, en otro discurso, en mayo de 2011, después de la captura de El Kilo, el Presidente afirmó: No podemos permitir que los autores de estos crímenes queden impunes. Y por eso, los estamos llevando ante la justicia. Afortunadamente, las fuerzas federales han capturado, y puesto a disposición de la justicia, a 74 de los presuntos responsables de estos actos.

En otro discurso, en septiembre de 2011, en Los Ángeles, el Presidente vuelve a repetir el dato: Por ejemplo, de los que hicieron esta horrible matanza de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas. Hemos capturado ya más o menos como a 70 personas de los que lo hicieron.

Discursos van y discursos vienen, pero a dos años de la masacre no hay un informe claro y preciso de cómo van las investigaciones. Pero sí se pueden rastrear en Internet los discursos del Presidente, cuando hace referencia a la masacre de San Fernando que ha quedado como una herida mal cicatrizada de su gestión. En la prensa se repite el dato oficial de 74 arraigados, pero no aparece ninguna información sobre La Ardilla y El Coyote, que son considerados como los principales responsables y por los que se ofrecieron millonarias recompensas.

De ahí la relevancia del acto celebrado hace unos días para conmemorar el segundo aniversario de la masacre y para presentar el caso ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que promueven diversas organizaciones de migrantes, académicas, religiosas y de derechos humanos. El caso será presentado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias nacionales e internacionales.

Se trata de hacer justicia, de identificar y castigar a los culpables de la masacre de San Fernando, no de ofrecer cifras grandilocuentes de presuntos culpables. En todo caso, ya es tiempo de informar por qué 74 personas fueron vinculadas a la masacre en 2011 y cuántas de ellas han sido encontradas culpables.

Cuando se acude a otras instancias y tribunales internacionales es porque no hay resultados confiables, porque campea la incertidumbre y la falta de información. Este es un caso más que tendría que evaluar el Presidente, quien se comprometió ante el mundo a castigar a los responsables hasta las últimas consecuencias.

Esta herida no debe quedar abierta, como sucedió con Acteal. Si el Presidente dijo, a manera de autocrítica, que no había sabido comunicar los éxitos de su gestión, este es el momento de informar con detalle y precisión el resultado de las investigaciones. No queremos presuntos culpables, queremos a los culpables de la masacre.