Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, académicas y periodistas enviarán en los próximos días una carta dirigida a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, para manifestar su oposición a la eventual contratación de Carlos Castresana como asesor en el caso Campo Algodonero, toda vez que pende sobre él una acusación de violencia familiar interpuesta por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez.

En entrevista, Lucía Melgar, especialista en género, precisó que la misiva no es contra Castresana en particular, sino contra el hecho de que se invite a participar –con recursos públicos– en instancias que se ocupan de la violencia contra la mujer a cualquier persona con antecedentes de maltrato.

El mensaje que envían los funcionarios –dijo– es de simulación; están diciendo: no importa, podemos seguir actuando igual que siempre.

Señaló que la unión de diversos colectivos y académicas es para expresar la importancia de plantear que haya relación entre las conductas privadas y las públicas.

Lo privado es privado, es verdad, pero las conductas privadas de las personas hablan sobre su coherencia en cuanto a sus principios, apuntó.

En julio pasado, Sanjuana Martínez fue detenida arbitrariamente en su domicilio por elementos de la policía estatal de Nuevo León y se presume que su ex marido tuvo que ver con la detención.

En el boletín correspondiente a este mes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Derecho Humanos de la UNAM apareció con el título de acción urgente un texto en el cual los firmantes “manifestamos nuestra preocupación ante la agresión sufrida por la periodista Sanjuana Martínez, por un asunto de violencia que a todas luces puso en evidencia el abuso de poder y la alianza de Carlos Castresana con las autoridades que detuvieron arbitrariamente a la comunicadora; hacemos un llamado a la opinión pública para que los investigadores y expertos que desee contratar la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por razones de Género seleccione personas que no tengan antecedentes de agresión, sobre todo que mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a las víctimas de violencia de género y feminicidio”.

Melgar refirió que hay cuatro personas más altamente calificadas en la terna en la que se propone a Castresana como perito que bien podrían ocupar ese puesto.

Es hora de que la sociedad mande un mensaje a las instituciones, las diputadas y las funcionarias, de que si realmente se quiere resolver el problema de violencia contra las mujeres debe existir un mínimo de coherencia. No queremos funcionarias autoritarias ni oficinas donde haya acoso, ni expertos sobre los cuales pende cuando menos una acusación.