A dos años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes indocumentados, las autoridades mexicanas no han cumplido la promesa de diseñar y aplicar un esquema de protección para dicho sector vulnerable, ni se ha avanzado en la identificación y el castigo de los responsables de este tipo de crímenes, indicó Amnistía Internacional (AI).

Mediante un comunicado, el director ejecutivo de dicha organización en México, Alberto Herrera, lamentó que el gobierno siga ignorando su responsabilidad en los hechos, y aún no haya dado a conocer un esquema para terminar con los secuestros y asesinatos de los migrantes.

A casi dos años de que las autoridades prometieron poner en marcha un plan de protección, no hay indicios de que la aplicación de esta política tan ampliamente anunciada haya tenido algún impacto, lamentó Herrera.

La organización de derechos humanos con sede en Londres consideró preocupante que a pesar de la indignación pública que siguió a estos crímenes y de los compromisos públicos para evitar su repetición, hasta el momento no existan señales claras de que estas promesas se estén materializando.

Es también preocupante la falta de información clara sobre los avances de las investigaciones de los responsables por los abusos cometidos contra migrantes en el municipio de San Fernando, añadió el director de AI en México.

Más allá de la retórica, enfatizó, las autoridades deben tomar medidas efectivas para que los abusos contra migrantes sean adecuadamente documentados, investigados y los responsables llevados ante la justicia, así como para esclarecer la identidad de los restos humanos descubiertos en el municipio.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que pongan en marcha un registro nacional de agresiones contra migrantes, de tal forma que podamos contar con información clara que permita dimensionar la magnitud de este escándalo de derechos humanos y tomar medidas adecuadas para enfrentarlo, aseveró Herrera.