Cada vez es más claro que ni el PRI ni los colaboradores de Enrique Peña Nieto tuvieron que ver en negocio alguno con las empresas de José Aquino, aseguró un vocero del partido, luego de conocerse las respuestas del propietario de Frontera Television Networks a las cinco interrogantes de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE).

La misma fuente subrayó la trascendencia –para su causa– de la aceptación explícita del demandante, al admitir la inexistencia de algún vínculo contractual con Erwin Lino, David López y Roberto Calleja, a quienes Aquino demandó el pasado 7 de junio ante una corte del sur de California.

Los integrantes del equipo del candidato del PRI a la Presidencia, a quien se reconoce la mayoría de los sufragios del pasado 1º de julio, contrataron el despacho Kaplan Ludmer de San Diego, California, y su abogado Christopher Ludmer había hecho saber desde finales de julio que el representante legal de Aquino, Maxwell C. Agha, había dejado el caso.

Así, en las respuestas que Aquino da al IFE, reconoce que sus empresas nunca han tenido ni tienen negocio alguno con el PRI ni con los colaboradores de Peña Nieto, insistió la fuente del tricolor.

Al mismo tiempo, el representante jurídico del PRI, Raúl Cervantes Andrade, insistió en la condición irracional de suponer la existencia de un contrato como el presumido por el demandante, donde ellos ni siquiera firman; es entre particulares con un objeto ilícito, pues está prohibido por la ley electoral mexicana hacer promoción en el extranjero.

Tras exponer diversos vericuetos jurídicos por los cuales no asiste la razón al demandante, el abogado del PRI resaltó: nunca hemos estado preocupados, hemos estado ocupados; nosotros presentamos una denuncia penal contra quien resulte responsable.

La Procuraduría General de la República –añadió– tendrá que desahogar esa querella, en la cual se le solicitó que pida todas las cuentas “del sistema financiero mexicano donde está el señor Garza Sada, Carrillo Garza Sada, que era la parte toral por el dicho de Aquino –que es el que había armado esta maquinación– y revise si hubo flujo de dinero, como él dice, de 56 millones de dólares (...) No ha habido respuesta; se ve que tampoco ningún flujo, pero este es un tema de particulares que la racionalidad jurídica no nos hace preocupar”.