l pasado 9 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, presidido por John Kerry, presentó el informe Reformas judiciales y policiacas en México: elementos esenciales para una sociedad de derecho, en el cual se hace un balance del estado general del país en el contexto de la lucha contra el narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. Asimismo, presenta una serie de recomendaciones a efecto de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad en México y pondera el futuro de la cooperación entre ambos países ante la próxima transición de autoridades.
De acuerdo con el informe, durante la administración de Felipe Calderón se ha profundizado y ampliado la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, señala que pese a haberse registrado algunos éxitos al capturar a capos importantes del narcotráfico, la estrategia ha sido ampliamente criticada por restar importancia a las necesidades de seguridad de los mexicanos, aunado a la fuerte dependencia de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico, la cual ha contribuido a exacerbar la violencia en algunas zonas del país.
Por otra parte, se indica que la lucha contra el narcotráfico ha contado con el apoyo de un sector de la sociedad mexicana, aunque un gran número de mexicanos tiene dudas sobre ésta. Por ello, el informe destaca que dichas dudas se derivan de la incapacidad del gobierno para frenar la hiperviolencia que se produce en el país, así como por la desconfianza de la sociedad en las autoridades federales y estatales, debido a su historial de corrupción generalizada e ineficacia.
En lo relativo a la necesidad de una reforma policial, el informe reconoce que durante la presente administración se han realizado inversiones significativas para fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado. Sin embargo, organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa y Los Zetas han diversificado sus actividades ilícitas, e incluso han llegado a intimidar y ejercer influencias directas en algunos gobiernos estatales y municipales.
El énfasis por parte del comité en la necesidad de esta reforma se basa en la existencia de 350 mil efectivos policiales, los cuales cuentan con entrenamiento deficiente y recursos insuficientes, repartidos en 31 estados y más de 2 mil 500 municipios, los cuales poseen un historial de corrupción y abusos a los derechos humanos. Por otra parte, señala que ante la falta de mecanismos de rendición de cuentas, la sustitución de los elementos policiacos no contribuye sustancialmente al mejoramiento de la capacidad y la imagen de las corporaciones
En tanto, respecto de la reforma judicial, el informe subraya que el lento y opaco
sistema inquisitivo fomenta la impunidad, es altamente vulnerable a la corrupción y enfrenta serios problemas debido a las altas tasas de prisión preventiva, el hacinamiento en las cárceles, la falta de transparencia al uso de pruebas viciadas y de la tortura para obtener declaraciones. Por ello, el informe señala que ante la ausencia de una reforma judicial a escala federal, los delitos relacionados con la delincuencia organizada siguen siendo procesados en dicho sistema pese a sus debilidades inherentes.
Algunas de las recomendaciones mas relevantes realizadas por el comité se centran en garantizar la financiación de la Iniciativa Mérida para ayudar a nuestro país a acelerar el establecimiento de un sistema judicial acusatorio a escala federal y estatal a través del modelo de formación de formadores
, para lo cual se requiere cooperación política entre los partidos, así como entre las autoridades federales y estatales.
Incrementar los esfuerzos del gobierno estadunidense para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, para prevenir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos por parte de los elementos de las corporaciones policiacas, así como el aumento de las capacidades de éstas a fin de posibilitar el retorno de los elementos castrenses a los cuarteles; reforzar las capacidades del sistema de procuración de justicia federal y estatal, y vigorizar la colaboración de la embajada estadunidense en México en materia de promoción de la conciencia pública sobre el narcotráfico y la comprensión de la necesidad de los esfuerzos en lo referente a la reforma judicial, son asignaturas pendientes para la agenda de los próximos gobiernos de ambos países.
*Analista en temas de seguridad y justicia.
