omo sucede en buena parte del mundo, los poderes económicos, en complicidad con los poderes políticos, abusan, se ensañan, se burlan de los ciudadanos, convertidos en meros objetos mercantiles, consumidores potenciales o votos para ser comprados. El descubrimiento de que el planeta se ha convertido en el teatro de un gigantesco drama donde sólo el uno por ciento (y hasta menos) explota al 99 por ciento restante hace pedazos las visiones políticas emancipadoras, incluyendo a las más avanzadas, y pone en entredicho la validez y legitimidad de la democracia representativa. México no es la excepción sino ejemplo notorio de lo anterior. Hoy resulta ya inservible todo el modelo de democracia construido en las últimas dos décadas por los partidos de la derecha, el centro y la izquierda, cuyas diferencias ideológicas y morales son cada vez menos perceptibles. A los banquetes y orgías del capital hoy son invitados buena parte de los políticos mexicanos, y viceversa, en las bacanales de la corrupción política está puntualmente presente la oligarquía industrial, mediática, comercial y financiera.

Salarios bajos, impuestos rigurosos a los trabajadores y perdón fiscal al capital más poderoso, servicios y combustibles caros, explotación privada del petróleo, importación de alimentos caros y tóxicos y no apoyo a los productores mexicanos, ganancias excesivas de la banca, millones de miserables, entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras, 98 por ciento de los homicidios cometidos sin castigo alguno, privatización de todo lo que se deje privatizar, devastación ecológica, aumento de enfermedades, inseguridad en más de la mitad del país y, last but not least, nuevo contubernio de los monopolios económicos y de las mafias políticas con el crimen organizado.

México es ya un infierno social, no sólo por lo que sucede sino por lo que habrá de suceder si el último de los agravios, la compra descarada y despiadada de las elecciones presidenciales, es legalmente avalada por esas fuerzas perversas en pleno contubernio. Es más, hoy la ilegalidad e inmoralidad del proceso electoral se ha convertido en el primer obstáculo para salir de ese infierno. Esta elección ya dejó de ser ideológica para volverse una elección moral, el primer paso para iniciar la regeneración nacional.

¿Frente a ello, qué podemos hacer los ciudadanos? Muy simple, como lo señalé en mi entrega anterior (La Jornada, 10/8/2012) “… si el juego no ha sido limpio, si otros jugadores y los árbitros nos hacen trampas, es muy sencillo: cambiemos de juego”. Lo anterior supone pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, poner bajo control social a los poderes económicos y políticos hoy convertidos en factores antidemocráticos, apátridas y de explotación ecológica y social. Cambiar de juego significa hoy dos cosas: desconocer la validez y legitimidad de la elección presidencial y, en segundo término, llevar a la práctica una nueva consulta que supere las limitaciones y trampas de la realizada por los poderes.

Para poner en práctica lo primero se requiere de actos colectivos y masivos como manifestaciones, mítines, cercos, cadenas humanas, irrupciones sorpresivas, diferentes clases de boicots, muestras de insurgencia civil, no al pago de impuestos diversos, etcétera. Para lo segundo hace falta realizar una consulta nacional (referéndum), organizada por la sociedad civil, que podría exponer al juicio público tres o cuatro preguntas cruciales. Esta consulta debería tener como objetivo alcanzar una participación de al menos 20 millones de votantes. Este referéndum debería realizarse de lo posible en el corto plazo (antes del primero de diciembre), ser impecable, vigilado por organismos nacionales e internacionales, y pensado para ejecutarse tanto por la vía del voto real como del voto cibernético o virtual.

¿Quienes están de nuestro lado? La Constitución de México (artículos 32 y 41), dos organizaciones sociales de gran escala (Morena y #YoSoy132), miles de organizaciones civiles o no gubernamentales, innumerables sindicatos de la industria y los servicios, buena parte de las organizaciones campesinas de escala nacional, estatal y regional, movimientos activos de resistencia, defensores del ambiente, derechos humanos y paz, miles de comunidades rurales e indígenas y, por lo menos, los casi 16 millones de ciudadanos que votaron por la única opción electoral honesta, la de Andrés Manuel López Obrador. Se cuenta además con la posibilidad de integrar al nuevo juego a las redes sociales y a sus 40 millones de participantes. El principal contingente, sin embargo, parece ser ese nuevo sector de ciudadanos decentes que marcharon en 70 ciudades del país sin que ningún partido u organización los convocara, y que muy probablemente pertenecen a los que son los verdaderos triunfadores de las elecciones de 2012: el 39 por ciento de los electores (30 millones de mexicanos) que, o se negaron a votar o anularon el voto y que igual sufren porque carecen de una vida digna material, intelectual, moral y/o espiritual.

El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Esto es lo que se lee en su portal. En unos días sabremos si son fieles a su mandato y están de nuestro lado, o si son uno más de los míseros cómplices, unos más de los miembros de ese uno por ciento de mexicanos que explotan y engañan al resto, y que están a punto de colocar a un delincuente como presidente de México. Sea lo que fuere, los ciudadanos estamos obligados a transformar esa democracia, paso primero para encontrar la salida a la tremenda crisis que padece el país. La hora ha llegado. Ceder un poco es capitular demasiado.

Para Maricarmen (1956-2012), toda una vida en defensa de la vida.