La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo directo de un ciudadano de Colombia que fue detenido, se le inició proceso penal y fue sentenciado por delitos contra la salud, sin que –como alega el quejoso– las autoridades mexicanas hayan notificado a tiempo sobre su captura, lo que violaría tratados internacionales, como la Convención de Viena.

El asunto, que sería similar al de la francesa Florence Cassez, caso que por cierto se aplazó para su discusión que estaba prevista para el mes de agosto, fue atraído por el máximo tribunal a petición de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien es la instructora en el asunto de la ciudadana francesa condenada por secuestro.