La militarización derivada de la estrategia federal contra el crimen organizado y la corrupción de funcionarios públicos ha generado una mayor demanda de servicios sexuales y, en consecuencia, promovió tráfico con personas, coincidieron expertos al participar en las jornadas de discusión rumbo al Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México, informó Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera de Atención a la Mujer, organización participante.

Las organizaciones civiles reunidas en el encuentro organizado por la representación en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) y el Instituto Mora, denunciaron que hay un incumplimiento sistemático del gobierno mexicano para garantizar los derechos humanos de niños y adolescentes, en el contexto de explotación sexual, señaló.

Se abordó la situación particular de algunas regiones del país, como las zonas turísticas de Acapulco y la Riviera Maya, donde la trata de personas y la prostitución infantil está normalizada, es decir, no se reconoce el fenómeno como tal, y donde las autoridades están involucradas.

Juárez, caso típico

En el caso concreto de Ciudad Juárez, Chihuahua, expertos comentaron que paradójicamente, con la lucha contra el crimen organizado creció la cantidad de soldados y agentes federales en la ciudad y ello aumentó la demanda no sólo de sexo comercial sino de trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, “las chicas son extorsionadas por varios cárteles de narcortráfico, así como por policías locales y federales”, refirió en un comunicado la Red Mexicana de Trabajo Sexual, también participante.

En Nuevo León, concretamente en Monterrey y otras ciudades, se tiene conocimiento de personas que prostituyen a sus esposas con amigos y los jueces lo consideran delito de lo familiar y no como trata de personas, algo que también hemos documentado nosotros en el Distrito Federal y el estado de México, comentó Montejo.

A escala nacional, se consideran focos rojos en esta materia a los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala.

Alrededor de 50 trabajadoras sexuales de la Red Mexicana intentaron participar en el encuentro pero sólo pudo entrar una de ellas, y personal de la Unodc se comprometió a recibir a las demás en una reunión posterior.