El pintor Francisco Toledo manifestó su apoyo al movimiento de investigadores y arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e historia (INAH), quienes demandan la suspensión de las obras en zonas arqueológicas de Michoacán y Oaxaca, y sitios históricos de Puebla.

Mediante una carta, el artista dio su apoyo en defensa del patrimonio cultural e histórico, según dieron a conocer representantes de los académicos durante una conferencia de prensa en la que adelantaron que interpondrán denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el director general del INAH, Alfonso de Maria y Campos, y la coordinadora Nacional de Arqueología, Nelly Robles García.

Las causas son destrucción y daños al patrimonio histórico y arqueológico, así como el incumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Investigadores y arquitectos sindicalizados del INAH desde el pasado 24 de julio mantienen tomado el Museo Nacional de Antropología, con la finalidad de que las autoridades federales atiendan un pliego petitorio de 19 puntos.

En el vestíbulo del recinto –al cual, según cálculos de los inconformes, han ingresado de forma gratuita entre 120 mil y 150 mil personas en 26 días de la movilización– el historiador Felipe Echenique precisó que las denuncias penales serán interpuestas en caso de que la Presidencia de la República responda de manera negativa a sus demandas, en un plazo que vence el día 28.

Nuestras demandas pueden resumirse en una sola: creación de una reglamentación, acordada con los especialistas de la dependencia, para dar certeza jurídica y académica al funcionamiento del INAH, agregó el también secretario general de los investigadores.

Se necesita un reglamento para que el director general (del INAH) y la gente que él designe deje de tomar medidas unipersonales, arbitrarias y que, en casi todos los casos, contravienen la legislación para la defensa, investigación y custodia de los bienes nacionales arqueológicos e históricos.

Dos casos que muestran la urgencia de ese ordenamiento, según el investigador, son el de la zona arqueológica de Tzintzuntzan, Michoacán, y el del sitio de la Batalla del 5 de mayo de 1862 y de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en la ciudad de Puebla.

De los dos se hicieron dictámenes para integrar las denuncias que interpodrán ante la PGR.

En lo que respecta a Tzintzuntzan, explicó, será por alterar y destruir la unidad urbana y arquitectónica de la zona arqueológica con la construcción de un museo.

Mientras en el caso de lo sitios poblanos será por sobreponer al Fuerte de Guadalupe una estructura metálica anulando totalmente el inmueble, que es monumento histórico declarado y cambiar su uso social cívico-histórico por el de una galería.

A esas denuncias se sumarán otras sobre la demolición de inmuebles históricos en Parral, Chihuahua, y la transformación y daños en la parte histórica de la ciudad de Campeche, además de afectaciones en la zona arqueológica de Atzompa, Oaxaca, entre otros sitios, agregó Echenique.

Informaron que extenderán su movilización hacia otros puntos del país y anunciaron la clausura simbólica de los fuertes de Loreto y Guadalupe el 7 de septiembre, un día antes de que el Presidente encabece la ceremonia oficial de reapertura.

Aseguraron que hoy entregarán un expediente al Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El escrito, precisaron, está integrado con la documentación probatoria del daño a los sitios antes mencionados, acompañado de la carta de los profesores-investigadores y los arquitectos-conservadores del INAH y más de 40 mil firmas de apoyo recabadas durante la movilización.

Por otra parte, tras sesionar este martes, los integrantes del Consejo de Arqueología del INAH se deslindaron categóricamente de los fines políticos que según ellos persigue el grupo de investigadores y arquitectos sindicalizados.

El órgano científico consultivo del instituto coincidió –en documento signado por sus integrantes– que los proyectos de salvamento, los cuales según los sindicalizados dañan el patrimonio arqueológico, se han realizado con apego a los ordenamientos legales y a las normas estandarizadas a escala internacional.

Ese pronunciamiento público del consejo fue signado por Nelly Robles, Francisco Sánchez Nava y Lorenza López, entre otros nueve especialistas.