no quisiera ser optimista en cuanto a las posibilidades de México, pero las cosas no se anuncian bien. El tema principal, por supuesto es el de las elecciones. Ciertamente dependen de la resolución del tribunal electoral, pero da la impresión de que las justas observaciones de Andrés Manuel López Obrador, acompañadas de cientos de pruebas contundentes, no van a ser suficientes para convencer a los señores magistrados de que deben anular los comicios y abrir un nuevo proceso electoral.
El problema principal es, sin embargo, el económico. Tomo la información de la Hoja obrera del Área de investigación de la Universidad Obrera de México que refuerza mi pesimismo. Copio al pie de letra sus palabras: México basa su crecimiento en los costos de las empresas y la competitividad en el mercado global, en el deterioro de los salarios y en la generación de empleos precarios, al mismo tiempo aplica severas políticas monetarias y fiscales, impidiendo el desarrollo del mercado interno. La economía muestra incapacidad para mantener un crecimiento sostenido: crece a un ritmo anual de sólo 2.1%. Y se enfrenta al enorme desafío de generar empleos que atiendan por lo menos al crecimiento anual de la población económicamente activa (PEA)
Como consecuencia, en ese período hubo un crecimiento de 6.5 millones de jóvenes que demandaron empleo y sólo se crearon dos millones 972 mil puestos. Obviamente influyó el hecho de que los empresarios no crean más que relaciones precarias de contratación, lo que obliga a los trabajadores a acudir a la economía informal, la que de acuerdo con el Inegi comprende 14 millones de personas que no cuentan con seguridad social, lo que ha conducido a los jóvenes a la llamada economía subterránea (drogas, piratería, usura, tráfico de órganos y secuestros, sin olvidar la emigración hacia Estados Unidos).
Lo curioso del asunto es que los proyectos de Ley Federal del Trabajo (LFT) que ha presentado el PAN en los tiempos de Felipe Calderón son peores que malos, ya que se sustentan en la posibilidad de firmar contratos de trabajo temporales, o a prueba, con notable reducción de los salarios devengados durante el despido y naturalmente desproveyendo a los trabajadores de la seguridad social. Con enorme descaro se dice que así se crean más puestos de empleo, pero no mencionan que es a cuenta de la desaparición del principio fundamental de la estabilidad laboral.
Tal parece que la idea es crear una nueva ley del trabajo que tendría que cambiar su nombre por el más expresivo de ley del desempleo de los trabajadores, porque eso es lo que vivimos en parte por la práctica empresarial, lo que incluye de manera preferente a la tercerización, protegido en los proyectos del PAN, o la simple desaparición de las empresas que, por supuesto, no se han ocupado de otorgar contratos de trabajo: todo verbal, ni de expedir comprobantes del pago de los salarios ni, por supuesto, inscribir a los trabajadores en el Seguro Social.
Entre tanto el Seguro Social vive malos momentos. Ya no tiene recursos para el pago de las prestaciones de larga distancia: pensiones de invalidez o de cesantía en edad avanzada, porque los recursos con que contaba para ello hoy forman el patrimonio de las Afores, que disfrutan de la disposición de esos fondos y del producto de las inversiones que hacen, privilegio del que gozan por regla general las instituciones de crédito que fundaron las Afores, institución que puede acabar con la seguridad social, que ha sido, sin la menor duda, la mejor institución creada en nuestro país, partiendo de una idea de Lázaro Cárdenas y puesta en marcha por Manuel Ávila Camacho.
Corresponderá al nuevo Congreso hacer las cosas bien. De ahí la importancia de la tarea del Tribunal Federal Electoral, cuya resolución esperamos con ansia, aunque sin demasiada confianza. No quisiera imaginar lo que podría resultar de lo contrario, de la evidente alianza del PRI y el PAN, absoluta mayoría sin duda alguna. El PRI fue muchos años el partido de la esperanza. Ojalá le quede aún algo de eso. Me temo que no soy optimista.
