odos los procedimientos que se siguen después de realizadas las elecciones acaban siendo actuaciones inútiles y gratuitas. No sirven para nada después de que se ha tomado la decisión de imponer a un candidato o candidatos. No es precisamente la decisión de los ciudadanos lo que está en el fondo, sino una maraña concéntrica de intereses y de poderes parciales que son los mismos que han decidido el resultado de los comicios. Después, no hacemos otra cosa que asistir a una pantomima perfectamente previsible. Al final los resultados se confirman y todos los esfuerzos por limpiar las elecciones acaban en el basurero.

En estos procesos lo que dicen y ordenan la Constitución y las leyes es lo que menos cuenta. Siempre hay un modo particular de observar e interpretar las disposiciones legales y no hay referentes generales ni en los ordenamientos legales ni en la doctrina del derecho (que en esta materia es, francamente, pobrísima) a los cuales recurrir para encontrar un consenso en lo referente a dicha interpretación. Y los ejemplos sobran, pero hay uno, en especial, que llama poderosamente la atención: el desempeño del Instituto Federal Electoral.

En su párrafo segundo, el artículo 41 constitucional instituye que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. A su vez, la base V del mismo artículo dispone: “La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral… En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán los principios rectores”.

El artículo 104 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece: El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar elecciones. El artículo 105, a su vez, en su inciso f) define como uno de los fines del IFE velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, mientras que en su párrafo 2 impone: Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Todo ello quiere decir que el instituto hará siempre todo lo que esté de su parte por vigilar que los procesos electorales se desarrollen de acuerdo con los principios que establecen la Carta Magna y su ley derivada. Ello implicará, desde luego, atenerse a lo que la ley dispone en lo particular, pero que actuará por su cuenta, sin salirse de los marcos legales, para lograr ese objetivo. Se ha hecho tradición entre los servidores del IFE alegar siempre que, en muchos casos, ellos están con las manos atadas y piden siempre mejores leyes, culpando de las que no les sirven de ser obra de los partidos políticos en el Congreso.

Cuando se les hizo notar a los consejeros, alguna vez incluso por el PAN y a propósito de los espectaculares de Peña Nieto, que el candidato priísta estaba haciendo uso de recursos que iban por arriba de los topes de ley, muy a menudo en el último mes y medio de campaña, por los representantes del Movimiento Progresista, primero, dijeron que tenían que ver qué era lo que decían los partidos afectados (PRI y PVEM); luego, alegaron que les faltaban atribuciones legales y que ellos no podían actuar de oficio. Finalmente, ya ante pruebas y alegatos en concreto, se dedicaron a rechazar todas las peticiones en ese sentido.

Lo que se exigía del IFE no era que diera la razón a los actores, sino que se pusiera a investigar por su cuenta los excesivos gastos de Peña Nieto y, en particular, la abrumadora compra de votos. Los argumentos fueron siempre los mismos: no había base legal cierta para actuar como se solicitaba y los consejeros estaban atados de manos. Si el IFE es el depositario de la autoridad electoral, como disponen la Constitución y el Cofipe, es absurdo el alegato de que no puede actuar de oficio (ex officio). No puede fungir como tal, como depositario de la autoridad electoral del Estado, si se la pasa cruzado de brazos ante todas las denuncias que se le cursan.

El caso más dramático de la infuncionalidad institucional que padecemos lo representa la separación absurda que se establece entre los procesos de fiscalización de los gastos de campaña, que van hasta las calendas griegas, y el proceso de calificación de las elecciones por parte del TEPJF. Indagar los gastos de campaña puede tardar el doble o el triple del tiempo que se lleva la calificación, que tiene una fecha límite, el 6 de septiembre.

El resultado es que, por sucias que hayan sido las elecciones y por excesivo que haya resultado el dispendio de recursos, un candidato violador de la ley y de la misma Constitución queda indemne y, encima, se le premia reconociendo su triunfo. El resultado del proceso de fiscalización, si se hace como manda la ley, sólo implicará una penalización a posteriori (respecto de la calificación) para el partido o los partidos que hayan postulado al candidato.

El IFE y uno de sus consejeros en particular, han alegado que aceptar una fiscalización extraordinaria, vale decir, dentro de los mismos plazos de la calificación, a fin de que tuviera efectos directos sobre ésta, era contravenir plazos y procesos definidos en la ley. Y, ¿la limpieza de las elecciones y la posibilidad de consagrar a un violador de la ley y de la equidad electorales en la Presidencia de la República? ¿En dónde está el principio que impide al IFE actuar de oficio y cumplir con su deber de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio?

Cuando los grupos patronales y el PRI apuran a los magistrados del tribunal electoral a que terminen ya con la calificación, haciendo a menos los plazos legales, nos están mostrando que la limpieza de los procesos electorales les importan un comino y que lo que les urge es que su candidato derechista sea ya ungido de una vez por todas. La derecha no está hecha para las elecciones, porque en éstas actúa como lo hace en sus negocios o en sus trapacerías, siempre a la mala o engañando a los bobos. Como el notable escritor italiano Giorgio Bassani hace decir a uno de sus protagonistas (el Giampi Malnate): “Las derechas… [son] subversivas del orden democrático como todas las derechas de todos los países y de todos los tiempos” (Il giardino dei Finzi-Contini, Einaudi, Torino, 1962, p. 160).

¿Cómo contar los votos comprados? Esta es una pregunta idiota que sólo los priístas son capaces de hacerse. El Movimiento Progresista no pide recuento de votos, como en 2006; está pidiendo y con justas razones que se anule la elección completa y se convoque a nuevos comicios. Eso espanta a la derecha porque sabe que en unas elecciones limpias jamás podría hacer uso de su dinero ni de su poder corporativo para imponer sus preferencias.

¿Será capaz el TEPJF de anular estas elecciones fraudulentas y sucias? Nadie puede creerlo, pero no porque las pruebas del fraude sean débiles o inconsistentes, sino porque nuestras instituciones no pueden funcionar apegadas a la ley.