ócrates, Platón y Aristóteles plantaron semillas que han dado abundantes frutos. Una de ellas fue el thelos del Estado, en el que introdujo un contenido ético que se ha mantenido y renovado: el fin del Estado es buscar el bien común de los gobernados y para ello es preciso que lo gobiernen hombres virtuosos. Estadistas como Thomas Jefferson (Declaración de Derechos de Virginia) o Morelos (Sentimientos de la Nación) vertieron ideas semejantes.

Por mucho que el pragmatismo político y el abuso del poder se hayan vuelto cotidianos, mientras exista el Estado y sea concebido como producto de una voluntad de delegación colectiva e instituido para servir a quienes dan el mandato de cumplir con esta finalidad a sus operadores, es necesario insistir en que si así está inscrito en la conciencia común y en la ley, entonces, debe ser en los hechos.

A risa loca podrían mover estas ideas si hiciéramos desfilar frente a nosotros los estados del país. Nuevo León estaría en la descubierta. Desde hace un lustro, por lo menos, la entidad conservadora, pero industriosa y disciplinada en sus mejores momentos, dio un vuelco brutal. La violencia, la corrupción sin límites, la injusticia, el atropello a los derechos humanos, el tráfico de personas e influencias, la impunidad del dinero y el crimen organizados, la burla al respeto, atención y cuidado debidos a los gobernados por parte de los gobernantes se han impuesto de manera cruel a la sociedad. Estamos en presencia del anti-Estado.

Un lustro de crisis profunda que parece irremontable. Larga, empero, fue su gestación. Se inicia con la paradoja de un gobierno que pretende efectuar una renovación moral. En ese sexenio aparecen los primeros cárteles y sus poderosos capos, tanto que uno intentó comprar su libertad pagando la deuda externa de México. Aparecen también los primeros signos de descomposición del Ejército, una de las instituciones menos vulnerable a la infiltración del crimen organizado.

El huevo de la serpiente produce su criatura en el sexenio siguiente. Mario Ruiz Massieu, entonces subprocurador de Justicia, escribe un libro sobre los cárteles de la droga. Lo publica SEP-80s. Su análisis parcial será premonitorio de las políticas que desatan la llamada guerra contra el narcotráfico: el trato discriminatorio a los cárteles en favor de alguno de ellos. Nuevo León, bajo el paraguas de Carlos Salinas de Gortari, se convierte en centro de operaciones del cártel del Golfo. Comandado por Juan García Ábrego, este grupo no aparece, extrañamente, en el libro de Ruiz Massieu.

Los dueños del dinero en Monterrey descubren la globalización. Al cabo será la globalización la que descubra a Monterrey como un área de oportunidad y así las trasnacionales se harán de varias de sus principales empresas, convirtiendo a los dueños en adelantados de su capital. Es ritornelo de los empresarios: la crisis es oportunidad. Gracias principalmente a los alcaldes panistas habrán de florecer los table dancings, los cabarets que solicitan bailarinas con o sin experiencia, las salas de masajes, los casinos, los antros de toda laya convertidos en paredones y piras donde han muerto cientos de personas.

Los cuerpos de seguridad no logran contener a la delincuencia organizada. Su infantería, sus mandos y los gobernantes priístas y panistas infiltrados, o en la frecuencia del dispendio y el lucro, se ven señalados por la vox pópuli, pero continúan circulando impunes por diversos canales de la vida pública y los negocios.

Hace dos décadas, uno de los empresarios-gobernantes de Nuevo León llegó a gravar ciertos espacios de la Gran Plaza de Monterrey. Hoy, en el gobierno de Rodrigo Medina se registran, al parejo de un inexplicable enriquecimiento personal y de su familia, incontenibles actos de corrupción en los tres poderes y la elevación desmesurada de la deuda pública.

La anécdota está embarazada de ofensa y delación. El senador electo por Michoacán, José Ascención Orihuela, llega en su Porsche Panamera Turbo S, de casi 2 millones de pesos, a una reunión con su correligionario Enrique Peña Nieto. La foto incluye las placas: SMT-4734 de Nuevo León. Son de un lote de 313 mil placas robadas del Instituto de Control Vehicular.

El estado se halla virtualmente en quiebra después de haber sido contratada nueva deuda por 12 mil 500 millones de pesos (su deuda total es de 35 mil millones) sin que haya obras y servicios que la justifiquen; al contrario, la cultura sufrió un recorte este año de 30 por ciento. Reporte Índigo, entre tanto, señala la “injustificable fortuna de los Medina, familia que pasó de vivir en el barrio de Tampiquito, a tener fraccionamientos en Texas…”

La violencia criminal sirve de excusa para acallar voces críticas. El diario El Norte sufrió tres ataques consecutivos; la distribuidora de revistas Dipsa fue incendiada; la revista Proceso sufrió secuestro de ejemplares por parte de Soriana; la periodista Sanjuana Martínez, de nuestra casa editorial, fue tratada como jefa de un cártel por un asunto familiar en un operativo encabezado por una jueza venal.

La corrupción y el terrorismo con frecuencia van de la mano. Partidos políticos –hay que exigirles–, organismos gremiales y civiles, medios de comunicación, instituciones de cultura, ciudadanos, no podemos mirar para otro lado. El anti-Estado acecha. ¿Coletazo o reinauguración? Lo que sea, no podemos dejar que este ogro a secas deprede nuestro patrimonio y nuestras vidas.