Democracia y Desigualdad

Julio César Cervantes Ortega
Secretario de Comunicación de la Central Campesina Cardenista (CCC)

FOTO: Vanesa Anaya

Para que la democracia funcione con un margen de fiabilidad respetable, se necesitan condiciones de equidad, niveles dignos de educación y desarrollo económico, el fortalecimiento y cumplimiento de los derechos de la población, el acceso a la información, el ejercicio real de la libertad de expresión y una mínima cultura política, es decir, el cumplimiento de las garantías básicas para que los habitantes del territorio rural y urbano sean verdaderos ciudadanos.

Sin embargo, cuando hablamos de México, habitado por 113 millones de personas, tenemos que hablar de la pobreza que somete a más de 52 millones, de las cuales 28 millones viven en pobreza alimentaria. Debemos hacer notar que nueve millones de jóvenes no tienen la posibilidad de estudiar y muchos de ellos forman parte de los 20 millones de mexicanos sin trabajo. Es éste un país inmerso en una guerra civil que en seis años ha dejado 60 mil ciudadanos muertos, y tenemos una deuda externa que creció 154 por ciento en el sexenio que termina.

La elección del 1 de julio tuvo como base estas condiciones sociales, económicas y políticas, las cuales dificultan que se desarrolle un proceso democrático ejemplar en un país tan injusto y desigual como el nuestro. La desigualdad tiene su propia geografía: se encuentra en las zonas rurales, en las poblaciones indígenas y en los cinturones de pobreza de las ciudades. En tiempos electorales a estas regiones, a estos distritos, a estas secciones se les designa una tarea: el usufructo de la necesidad.

Debemos de pensar no sólo en la elección presidencial; en el proceso estuvieron en juego la Cámara de Diputados, el Senado de la República, siete gubernaturas (Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán y Distrito Federal) y la renovación de Congresos locales y ayuntamientos en ocho procesos locales; la participación de las estructuras partidarias no sólo representaban el apoyo al candidato presidencial, sino los intereses reales y tangibles de actores políticos de todos los niveles de gobierno.

Las campañas en el sector rural comenzaron antes del 30 de marzo, actores políticos locales promovieron del voto por sus candidatos, aprovechándose de tragedias como la sequía que azota al norte del país. En Siete Zacates, localidad de Durango, el gobierno municipal aprovechó la entrega de forraje para promover el voto por sus candidatos. A un mes de comenzar las elecciones en Coahuila el gobierno estatal y el federal entregaron tinacos recalcando que sus respectivos partidos se preocupaban por la situación de sequía que viven los campesinos.

Asimismo, antes de que comenzaran las elecciones, investigadores como Luis Mochán y Víctor Manuel Romero, basándose en la información del Instituto Federal Electoral (IFE), reportaron irregularidades en el crecimiento del padrón de electores en las zonas rurales. Los datos analizados difieren de los obtenidos en el Censo 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según el IFE en el 2012 votarían hasta nueve millones más de personas en las casillas rurales y mixtas respecto de 2006, mientras el INEGI reporta que la población de estas zonas sólo aumentó en un millón de personas.

Ya iniciada la contienda electoral, la diferencia en los gastos de campaña se hizo notar en las zonas rurales. Mientras la presencia del candidato del Movimiento Progresista se limitaba a algunas lonas y bardas, los utilitarios repartidos por el candidato del PRI-PVEM, invadían todas las casas, los espectaculares se encontraban en todas las carreteras, la propaganda en todas las comunidades, en todas las tortillerías... En Santa María Chimalapa, Oaxaca, los simpatizantes de López Obrador tardaban más tiempo en conseguir y colocar una lona o propaganda de su candidato, que ésta en desaparecer.

FOTO: Vanesa Anaya

La información con la que el ciudadano puede orientar su voto aún es escasa en las ciudades (donde se concentran la mayoría de los medios), existen cercos informativos patrocinados por los gobiernos estatales. En las zonas rurales esta condición se agrava: muchas zonas sólo tienen acceso a las dos grandes cadenas de televisión. En los estados que cuentan con un canal de televisión local la parcialidad informativa fue igual o aun mayor que la del duopolio televisivo.

Los procesos electorales en el campo son diferentes respecto de la ciudad: el proselitismo es el reparto de despensas en una zona donde aceptarla puede significar la alimentación de tres días, y la repartición de láminas y otros materiales significa la mejora inmediata de las condiciones de vida de los ciudadanos. En el campo el abandono del Estado convierte la contienda electoral en mercancía para los partidos. Entendamos al Estado no sólo como el gobierno, sino también como la ciudadanía, que también lo compone.

Llama la atención que 84 por ciento de la ventaja de Peña Nieto sobre López Obrador proviene de votos de las zonas rurales. En el país se instalaron 143 mil 437 casillas, 64 por ciento de ellas en zonas urbanas y 36 por ciento en zonas rurales o mixtas. Según el conteo distrital, la ventaja de Peña sobre López Obrador fue de 3.33 millones, de los cuales 2.84 millones de votos se obtuvieron en las casillas no urbanas. La ventaja promedio por casilla rural o mixta de Peña Nieto sobre López Obrador es de 54.3 votos, y en la democracia hasta un voto cuenta.

Un dato que se debe rescatar es el incremento de participación rural. El campo siempre ha tenido una tendencia al abstencionismo, cuyo principal condicionante es la dispersión poblacional y las distancias entre la casilla y las viviendas. En las pasadas elecciones el fenómeno se revirtió, las zonas rurales tuvieron una participación 61.9 por ciento contra las urbanas, donde sólo acudió a votar un 60.8 por ciento. Históricamente, mientras más participa la ciudadanía en una elección, peor le va al PRI (tan sólo recordemos Oaxaca); esta vez no fue el caso.

A nivel nacional la impugnación que ha realizado el Movimiento Progresista ante el IFE por las múltiples irregularidades de la elección se ha centrado en un par de ejes mediáticos: el caso Monex y las tarjetas Soriana. En el campo, la operación de compra y coacción del voto fue diferente.

Muchas de las tácticas para la compra del voto en el campo no han cambiado: en la zona norte de Zacatecas se repartieron fertilizante y semillas; en el municipio de Tuxtla Chico, en Chiapas, se compró el voto en la misma fila de la casilla y los precios iban de 200 a mil pesos dependiendo de la zona; en Las Choapas, Veracruz, el acarreo pasó de los camiones a los taxis.

Una nueva forma de coacción del voto fue la participación de “niños halcones” a quienes contrataban como espías y delatores de quienes se comprometían a votar por quien les pagara el voto, violando los derechos de los niños que participaron en dichos actos. Este hecho deplorable se observó en varios estados de la República. Hay un informe detallado en la página de Alianza Cívica (http://bit.ly/ODxuiu).

Algunos se preguntarán ¿por qué es tan sencillo comprar el voto en zonas rurales?, ¿cómo la gente vende su voto por unos pesos? Como siempre, las correlaciones de poder en el campo son diferentes. En muchas de estas zonas todavía existen los caciques, aquellos que utilizan su autoridad o la fuerza para coaccionar el voto, aquellos que amenazan a los pobladores. ¿Cómo enfrentarse o denunciar un acto que afecta la democracia, si quien la debería de defender es quien la viola? Defender el voto en el campo es una batalla que no termina con la jornada electoral, es una lucha. La pobreza, desigualdad y la desinformación son un factor que permite la compra del voto.

El ejemplo de la victoria de la izquierda en Oaxaca y su derrota en Chiapas tiene que ver con el refuerzo de las campañas mediáticas, con la calificación de los electores a sus gobernantes, con la actuación de los caciques y con la presencia de los partidos en los territorios. López Obrador realizó la tarea titánica de recorrer todos los municipios del país; Peña, la tarea mediática de estar en todo lugar al mismo tiempo.

La capacidad operativa del PRI es innegable a pesar de no dirigir el aparato federal desde hace 12 años. Esto ha sido porque –por medio de los gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores– han logrado mantener la más vasta presencia en el territorio nacional. Mientras que el PRI cubrió el 93 por ciento de las casillas del país, el Movimiento Progresista y el Movimiento de Regeneración Nacional sólo lograron cubrir un poco más del 50 por ciento de las casillas instaladas el día de la elección y el PAN defendió el 71.8 por ciento de sus votos.

La defensa del voto es una tarea inconclusa para la izquierda, sobre todo en las zonas rurales donde la presencia de los partidos de izquierda es mínima o nula. Es en estas zonas donde recae la responsabilidad en las organizaciones campesinas, ya que en los hechos no hemos podido lograr un trabajo coordinado de defensa del voto. En el campo, donde se han organizado campesinos y campesinas para la defensa del derecho a su tierra, a servicios de salud, a acceso a servicios que les permitan tener una vida digna, se debe profundizar la participación ciudadana para la defensa del derecho a sufragar libremente.

FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País se manifestó el 2 de agosto ante las ofi cinas del Instituto Federal Electoral (IFE), para exigir al PRI que retire sus acusaciones a la Campaña de haber participado en el financiamiento proselitista de Andrés Manuel López Obrador. Demandó al PRI que “no ensucie más el proceso electoral”. También pidió al IFE que deslinde a los movimientos sociales de las maniobras priistas.

Todavía hay un camino por recorrer, las impugnaciones y evidencias que se pudieron recolectar tal vez esclarezcan y corrijan el sentido de la elección, sin embargo como ciudadanos del campo y de la ciudad tenemos que hacernos responsables de garantizar los procesos electorales libres y transparentes que estimulen la participación ciudadana. Esta elección es la última llamada para trabajar en conjunto, para lograr que ningún derecho sea pisoteado, para recuperar la capacidad de indignación.

La izquierda tiene la oportunidad de representar en el Congreso de la Unión, digna y eficazmente a millones de ciudadanos que le depositaron su confianza en las urnas, más que a sus partidos o a sus corrientes. Para hacer frente a las fuerzas neoconservadoras, debe formarse un Frente Legislativo de Izquierda y ser una fuerza influyente y determinante en las grandes transformaciones de México.

La población de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Oaxaca han optado por una votación mayoritaria hacia la izquierda, al igual que en Morelos y Tabasco en donde una nueva forma de gobierno deberá satisfacer sus necesidades ancestrales. La izquierda recuperó ciudades importantes del Estado de México y en el horizonte se acercan posibilidades reales de triunfo en otras ciudades del país en las próximas elecciones locales.

El adeudo de la izquierda es también con el campo, hay que ganarse al campo. Las responsabilidades ciudadanas en materia de lucha por la democracia, alcanzan a las organizaciones campesinas y, congruentes con ello, es necesario enfatizar nuestra agenda al respecto para hacer realidad el concepto constitucional plasmado en el artículo 3 Constitucional: “(…) considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (…)”

Desde la Central Campesina Cardenista proponemos tres cosas que consideramos fundamentales:

1. Una reforma electoral y constitucional que tipifique como delito electoral y sancione la compra y coacción del voto con la nulidad de la elección y del registro del candidato o partido que lo promueva, y ponga a salvo de manera efectiva las libertades democráticas.

2. Legislar para garantizar el derecho a la banda ancha a todas las zonas rurales del país y hacerlo una realidad durante los próximos seis años.

3. Modificar la política social para desterrar la pobreza y desigualdad rural y hacer efectivo el derecho a la alimentación.

Otro campo es posible.

¿Voto informado? Victor Alberto Damián Loya Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) Después del 1 de julio y a punto de terminar el proceso electoral por la Presidencia de la República, vemos que buena parte de los políticos, analistas y miembros de la sociedad en general desean neuróticamente que México sea un país democrático. En pleno proceso de impugnación, los argumentos por la invalidez o el reconocimiento de Enrique Peña Nieto tienen como trasfondo la parte procedimental de la elección. Por ello, quiero referirme a un elemento que es fundamental en la democracia pero que, en el actual debate, parece poco relevante: el voto informado. La información con la que cuenta el ciudadano para orientar su voto es escasa y tiene un manejo que soslaya a la población rural, sobre todo a la más alejada de las ciudades, en el interior de la República. En la democracia representativa moderna, el ciudadano ha sido concebido como una extensión política del consumidor, es decir, optará por la mejor decisión para él a partir de la información que tenga del producto; por eso, todos los productos y servicios en el mercado deben, rigurosamente, detallar sus contenidos. Sin embargo, en el ámbito de la política no se ha sido igualmente de exigente, pues la información de los políticos y sus partidos ha sido parca o incluso inexistente. FOTO: Enrique Pérez S. / ANEC La democracia mexicana ha delegado a tres instancias la difusión de la información y la formación cívica de los ciudadanos. Estos tres pilares son los medios de comunicación, el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos. Los primeros fueron una obviedad dentro de la teoría democrática moderna, pues se esgrimieron como los garantes de una de las libertades primordiales de los derechos políticos, la libertad de expresión. El segundo y el tercero se encuentran enmarcados como los conductos legales dentro de la Constitución ya que ambos son instituciones ciudadanas autónomas. El problema recae en que estas tres instancias no son corresponsables socialmente y han actuado incluso en detrimento de la información que se brinda al ciudadano, pues podemos observar cómo la mayoría de los medios de comunicación adoptaron el rol de un cuarto poder que busca influir en las designaciones políticas; el IFE carece de una real autonomía ya que sus consejeros son propuestos por los partidos políticos con los que tienen afinidades y los partidos políticos se convirtieron en los canales de ambiciones particulares que poco tienen que ver con los intereses ciudadanos. Esta situación ha dejado pocos espacios informativos por los cuales la ciudadanía pueda obtener los elementos indispensables para crearse sus opiniones y, consecuentemente, emitir su voto de manera razonada conforme a sus fines, como supondría Weber. Esta condición se agrava de manera exponencial en las áreas rurales pues la pluralidad de los medios de comunicación se acota gravemente a las dos televisoras con señal abierta. El IFE ha determinado delegar la formación e información ciudadana a los spots y los partidos políticos actúan como mercenarios del voto clientelar y desinformado. Viví este proceso electoral en el norte de Sinaloa, de la zona noreste de Culiacán a la frontera con Sonora. Ahí se encuentran nueve municipios y una parte de Culiacán. Además, se asientan tres ciudades importantes: Mochis, Guasave y Guamúchil. En 4 meses observé en la región que la mayoría de la gente, independientemente de su filiación partidista o intención de voto, desconocía la plataforma electoral o el pasado político de los candidatos a la Presidencia, y ni qué decir de los candidatos locales. La información en las zonas rurales se manejaba a manera de rumor, impactando a todos los candidatos. La carencia de información sobre los candidatos era tal que muchos no conocían a todos los contendientes y los medios de información disponibles no contribuían a enriquecer el conocer ciudadano. El voto representa la voluntad del individuo, lo que desea para él mismo, sin embargo, es fundamental que el ciudadano tenga acceso a la información de aquellos que solicitan su voto. Información real que no dependa de las filias, fobias e intereses particulares. Actualmente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay una lucha por defender la libertad de los ciudadanos a optar libremente por algún candidato; no estaría de más hacer una defensa del ciudadano para que éste tenga los elementos necesarios para elegir lo que realmente prefiere ya que es casi imposible o, al menos, poco deseable que una sociedad elija desde la ignorancia. Muchos están empeñados, casi desesperados, por definir a México como un país democrático; empero, poco nos acercamos a la democracia, sobre todo si seguimos menospreciando al ciudadano al no darle elementos verídicos de juicio para tener un voto razonado. Sólo fortaleciendo el papel del ciudadano podremos acceder a una democracia real, como cita el artículo 3 de nuestra Constitución, que entienda a la democracia como un sistema de vida y no sólo como una estructura jurídica y un régimen político.

Impresiones de un proceso electoral
fraudulento: voces de la UNORCA

Alfredo Acedo
Director de comunicación social y asesor de la UNORCA

FOTOS: Lourdes E. Rudiño

La reciente puesta en escena de la democracia simulada, o el “fraude que parece elección”, tuvo en la sociedad rural la expresión más cruda de las prácticas de manipulación del voto. Las cifras sin parangón dejan entrever el sesgo y los testimonios son reveladores.

La votación en el campo fue de 64 por ciento, cerca de cuatro puntos por encima del promedio nacional, cuando hace seis años quedó seis puntos abajo.

En las casillas rurales, que representan 35 por ciento del total, la supuesta ventaja de Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador fue de dos millones 801 mil 42 votos, esto es 85 por ciento de su presunta ventaja nacional. Las proporciones son inconsistentes y están fuera de rango de la votación rural de las tres elecciones presidenciales previas.

En los estados asolados por las bandas de narcotraficantes, la violencia se redujo en el mes anterior a la elección y después volvió la misma contabilidad de muertes. En el Triángulo Dorado, donde se produce 80 por ciento de la mariguana del país, el narco presionó a la gente para que votara por el PRI.

Estas son algunas impresiones de líderes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que reflejan la complejidad y podredumbre del proceso electoral visto desde las organizaciones campesinas:

“Una experiencia importante para la gente del campo en este proceso electoral fue la convergencia promovida por varias organizaciones campesinas en el proyecto Plan de Ayala Siglo XXI. A partir del 28 de agosto de 2011, en Ayoxuxtla, Puebla, acordamos con López Obrador impulsar esta propuesta, suscrita el 10 de abril de 2012 en Torreón, Coahuila.

“En el Plan establecimos la necesidad de un nuevo pacto social encaminado a cambiar el modelo de desarrollo, reactivar el campo, atender las demandas de campesinos e indígenas y establecer un programa nacional de alimentación para combatir el hambre y la malnutrición en el campo y en la ciudad y para lograr la soberanía alimentaria (Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo nacional y dirigente de Sonora).

“Veníamos considerando el Plan como algo que iría más allá del proceso electoral y de sus resultados (…) Teníamos una gran oportunidad de arribar a un periodo de verdadera transición con un gobierno de izquierda, pero los manejos del poder, las instituciones electorales y las televisoras han impedido concretar un proceso realmente democrático. Desde antes de la elección estaba claro que se podía dar la intervención del narco y la circulación de dinero para comprar voluntades” (Jaime Castillo Ulloa, comisionado ejecutivo nacional y dirigente de Puebla).

“El 1 de julio por la noche, el Instituto Federal Electoral (IFE) estaba declarando la limpieza del proceso electoral, y al día siguiente el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo que lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa, es decir adelantó 60 días sus conclusiones.

“El PRI hizo su estrategia desde hace varios años: en 2007 la elaboraron y en 2008 la definieron legislativamente. Ellos deliberadamente no permitieron que el gasto de campaña excesivo y la coacción y compra del voto fueran causales de anulación de elecciones. Desde entonces decidieron que esa sería su estrategia para ganar la elección 2012. Ahora la presunción de lavado de dinero le ha dado otro rumbo a la impugnación del proceso (Luis Meneses Murillo, asesor y ex dirigente nacional).

“El ejército en las calles y la violencia desatada sirvieron también para amedrentar a la gente para que no saliera a votar, y que los votantes fueran mayormente los que recibieron dinero; puros votos a favor de los candidatos del sistema. Hubo muchos casos de amenazas. Y a pesar de todo el dinero que metieron, el presunto lavado, la intervención de Televisa, TV Azteca, las propias instituciones de gobierno y los gobernadores que estuvieron apoyando al PRI, a pesar de todo eso, AMLO tuvo más votos que el 2006 (Carlos Rivera Vielmas, dirigente de Nayarit).

“No todas las organizaciones del campo jugaron un papel decisivo en favor de la izquierda en el proceso electoral, algunas sin ideología o con bases endebles fueron fácilmente cooptadas a base de las dádivas de cemento, fertilizante y semillas, actos que van contra la dignidad del ser humano (Marcos Pinedo Hernández, dirigente de Zacatecas).

“Día y noche los mapaches trabajaban con pacas de dinero, y con la promesa de premios a los que compararan más votos, esto fue un atraco peor que hace seis años; tuvimos que enfrentar en desventaja al poder económico y a los narcos porque mientras nosotros convencíamos votantes ellos los compraban (Olegario Carrillo).

“En Tabasco fue un proceso diferente porque AMLO es originario de esa entidad; pero ahí se dio también la compra desmedida de votos, los regalos a mucha gente; aun así, un 60 por ciento de los votantes se inclinó por Andrés Manuel. Siento que nos faltaron estrategias de cómo apoyar más efectivamente esta campaña y por eso tenemos otros resultados en el plano nacional (Martina Ocaña Cruz, dirigente de Tabasco).

“Hubo un apoyo evidente del gobierno local a los candidatos del PRI y el Partido Verde, la votación subió 118 por ciento de 2006 a 2012 y eso se reflejó en que Peña Nieto ganara la elección en Chiapas. Es también el resultado de la descomposición de los partidos políticos y el debilitamiento del movimiento social en el estado, desde el sexenio de Pablo Salazar a la fecha. Durante la administración de Juan Sabines se ha entregado al capital privado 34 por ciento del territorio estatal. Hay unas 97 concesiones mineras que abarcan un millón 115 mil hectáreas. Existen 77 mil hectáreas sembradas con palma de aceite destinadas a agrocombustibles. Tenemos 331 mil 200 hectáreas en Montes Azules sujetas a servicios ambientales en perspectiva de convertirse al programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), y 600 mil adicionales para el mismo fin. Y en medio del proceso electoral nos informaron que se liberaron permisos para soya transgénica Solución Faena, de Monsanto, en 53 mil hectáreas (Jesús Andrade, integrante de la dirigencia de Chiapas).

En el orden del día, junto a la lucha contra la imposición, la defensa del territorio se ha vuelto un tema crucial de la agenda unitaria campesina ante el embate de las mineras, los megaproyectos y el entreguismo del gobierno a los acaparadores y los grandes capitales.

Es una urgencia la lucha por erradicar el hambre mediante una estrategia propia, por el respeto a la autonomía e independencia de organizaciones y liderazgos y trabajar verdaderamente por la democracia y la equidad en el país, tanto en la sociedad, en el gobierno, en las organizaciones y en los partidos políticos, como en los procesos electorales.

La sociedad rural no aguanta más un trato indignante por parte del sistema electoral, específicamente del PRI, que envileció el ejercicio del voto, aplastó los derechos ciudadanos y vulneró la aspiración de una vida digna para hombres y mujeres del campo.