La Subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia Organizada (Siedo) investiga a jueces y funcionarios de juzgados federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, tras detectar que expedientes completos relacionados con grupos criminales, y hasta cédulas que contienen datos de identidad reales de testigos protegidos, fueron copiados en un negocio que aparentaba ser una pequeña papelería y bonetería.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que una persona fue detenida, y que al parecer el negocio donde se fotocopiaban los expedientes podría ser propiedad de familiares de empleados del Poder Judicial de la Federación.

El caso aún no ha sido hecho del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano que debe garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Sin embargo, la Siedo buscará tener evidencias más concretas contra los jueces o funcionarios menores de los juzgados con sede en Matamoros para que no solamente se actúe por la vía penal, y de esa manera el Consejo de la Judicatura Federal sancione a quienes, sin apego a la ley, han permitido que información sensible de procesos penales instaurados contra integrantes del crimen organizado sean del conocimiento de personas ajenas a la defensa de los inculpados o del Ministerio Público Federal, y principalmente sin que se respete el secreto de las identidades, señalaron las fuentes consultadas.

El caso fue detectado por la Siedo debido a una denuncia anónima en la que se avisó al Ministerio Público que existía una papelería donde funcionarios federales trasladaban paquetes, y que al lugar acudían personas sospechosas que después de unos minutos salían con paquetes en sus manos.

La Siedo solicitó y obtuvo autorización para llevar a cabo un cateo. Durante la diligencia descubrió que en el lugar había copiadoras de alta velocidad y por lo menos dos expedientes completos (de más de ocho mil páginas) y tomos de actuaciones que correspondían a diversos procesos penales, así como también copias de cédulas de identidad de testigos protegidos con sus datos verdaderos.

La identidad del detenido permanece en secreto, y del asunto, la PGR no ha difundido ninguna información que permita identificar a los juzgados involucrados en la copia de expedientes.