Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación porque algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen reticencias para reconocer como víctimas al padre y hermano de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009; en tanto que, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados demandó a la Corte que confirme el amparo promovido por los deudos de Bonfilio Rubio Villegas, con objeto de que los militares responsables de su muerte sean remitidos ante un tribunal civil.

Los activistas, por su lado, hicieron un llamado público a la SCJN para que proteja los derechos de las víctimas, al resolver el amparo en revisión 133/2012 y expresaron su confianza en la Corte ante las decisiones adoptadas en los conflictos competenciales discutidos en los días recientes, en los que la mayoría de ministros determinó que delitos cometidos por soldados en agravio de civiles, deben ser resueltos por el fuero ordinario.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras organizaciones, recordaron que el Estado mexicano contrajo obligaciones al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el derecho de las víctimas, entendidas éstas como los pasivos directos y sus familiares, para contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la ilegal extensión del fuero militar. Lo cual fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y en el caso de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Señalaron que la SCJN tiene ante sí la posibilidad de acotar el fuero militar, reconociendo en un caso como el que involucra a la familia Rubio los derechos de las víctimas, en un contexto donde los abusos castrenses crecen día a día.

El secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Enrique Ibarra, agregó que de concederse el amparo, se legitimaría a los familiares de la víctima, y se promovería la evolución de la figura del amparo como un instrumento de protección de los derechos humanos. También, dijo, se aclararía que el articulo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a la Constitución, a los derechos humanos que ésta reconoce y a los tratados internacionales, por que sobrepasa el objeto de preservar la disciplina militar y afecta a los derechos de las víctimas.