Entre críticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque no hubo una investigación real sobre la presunta propaganda encubierta de Enrique Peña Nieto en Televisa (y otros medios), y los señalamientos del consejero Alfredo Figueroa de que no se efectuaron diligencias fundamentales, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó exculpar con 8 votos a 1 a ambas partes de cualquier imputación de campaña ilegal y encubierta.

Con ello, el IFE desechó la queja perredista a partir de la publicación del diario británico The Guardian, que en vísperas de los comicios denunció la estrategia Peña-Televisa.

Tras mencionar que no se citó a ningún conductor de la televisora como Carlos Loret de Mola y su colaboradora Laura Barranco, que en un chat aludieron a estas prácticas, Figueroa concluyó: Es evidente que no se hizo una investigación para poder allegarse de los elementos suficientes para este caso.

El consejero fue explícito en señalar las omisiones de la investigación, la cual debió incluir requerimientos de información a personas físicas y morales referidas como partícipes directos en los hechos denunciados. Me refiero a Jessica de Lamadrid, Laura Barranco, Carlos Loret de Mola, por no señalar a Joaquín López Dóriga o a la periodista Maxine Woodside (la denuncia incluye también una estrategia similar de Radio Fórmula).

Omisiones varias

El senador perredista Pablo Gómez cuestionó el proyecto porque, juzgó, “hubo ausencia de investigación (…) la autoridad no convocó ni siquiera a las personas encargadas de cristalizar los supuestos denunciados”.

Agregó: ¿No era necesario ir a averiguar los cheques, las facturas en cuanto a las grabaciones del IVA y, por tanto, lo que se le debe entregar a Hacienda? Todo esto el IFE lo puede hacer, tiene facultades, se las hemos proporcionado, pero no las ha ejercido en materia de quejas, más que de fiscalización.

Acorde con el proyecto aprobado –que también involucra a Radio Fórmula por otro presunto paquete de entrevistas vendidas–, se hace referencia a The Guardian: En la publicación se puede advertir que la autora de la nota refiere que no le ha sido posible verificar la autenticidad de los documentos en los que se basó su investigación.

Mas adelante señala que no hay un elemento vinculante que haga suponer que existió una contratación encubierta para favorecer, en medios de comunicación, al candidato del PRI. Concluye que no se acreditaron las imputaciones relativas a la supuesta venta, contratación o difusión de propaganda de Peña Nieto, ni como gobernador, precandidato o candidato presidencial.

Con matices, el consejero Lorenzo Córdova votó a favor del proyecto, pero desglosó sus consideraciones. Dijo que hay hechos que se registraron antes de 2007, cuando no había restricciones legales; otros supuestos denunciados ya fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no pueden volverse a juzgar. Sin embargo, expresó que en otros casos sí ameritaba una investigación más exhaustiva, pero debido a que se trata de un procedimiento especial sancionador, ya no era posible reabrirla.

Para qué molestarlos...

En favor del dictamen hablaron los consejeros Benito Nacif y Francisco Guerrero, defensores recurrentes de las posturas de Televisa. Nacif subrayó que la información difundida por la televisora se hizo siempre siguiendo el criterio editorial y periodístico que está protegido por el derecho de libertad de expresión, y concluyó que no podemos poner al periodismo en radio y televisión siempre bajo sospecha.

El consejero Francisco Guerrero sostuvo a su vez que muchas de las conductas denunciadas ya han sido previamente juzgadas y resueltas por el tribunal electoral, y respaldó la posición de la secretaría ejecutiva del IFE, pues adecuadamente no llevó a cabo los actos de molestia que se referían a un número importante de periodistas.

Sebastián Lerdo de Tejada (PRI) acusó al PRD de asumir posiciones macartistas y calificó como una intención grave pretender traer al paredón a los periodistas, intimidarlos y preguntarles por qué entrevistan a tal o cual actor político. No es la función que le corresponde a esta autoridad electoral.

Gómez Álvarez había cuestionado que los conductores estuvieran ejerciendo su libertad de expresión, pues el periodista que conduce un programa ya no está ejerciendo su libertad, está vendiendo su conciencia; en lugar de ser periodista está haciéndole propaganda a alguien que paga.

El consejero Figueroa mencionó omisiones como requerir información al gobierno mexiquense y al Instituto Electoral de esa entidad. Recordó que el TEPJF concluyó que el gobierno estatal contrató y pagó espots para difundir el quinto informe de gobierno de Peña Nieto, pues se detectó la contratación de 55 impactos y la transmisión de 3 mil 583 con un valor de sólo 12 millones de pesos.