l gobierno ecuatoriano, presidido por Rafael Correa, anunció ayer la concesión de asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se encuentra refugiado en su embajada en Londres desde el pasado 19 de junio. Como se recordará, hasta esa fecha el australiano estuvo casi dos años sometido a arresto domiciliario en territorio inglés, como consecuencia de una demanda de extradición de Suecia para interrogarlo por presuntas agresiones sexuales, sin que hasta la fecha exista contra él una sola acusación formal.
El también directivo de Sunshine Press ha expresado su temor de que la extradición a Suecia sea sólo una coartada para entregarlo al gobierno estadunidense, el cual, sin investigación de por medio, lo ha acusado de colaboración con terroristas por la tarea de Wikileaks de dar a conocer cientos de miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado. Tales revelaciones han confirmado la comisión de crímenes de lesa humanidad por las fuerzas militares de Washington en Afganistán y en Irak y han documentado el permanente e ilegal injerencismo de Estados Unidos en prácticamente todos los países en los cuales mantiene representaciones diplomáticas.
La decisión de las autoridades de Quito de dar protección al informador perseguido tendría que ser considerada un trámite rutinario de aplicación del derecho internacional –particularmente de las convenciones de Viena y de Caracas– y de las leyes ecuatorianas, ante la cual el gobierno británico no tendría que objetar la salida de Assange, mediante la expedición de un salvoconducto, de la sede diplomática hacia el aeropuerto, y de allí a Ecuador. Pero los amagos de Londres de impedir a toda costa la partida del periodista han generado ya una crisis diplomática que contrasta con la insustancialidad de la investigación por delitos sexuales, y la dejan ver como una coartada para llevar a cabo una tarea política mayor: la de cobrar venganza contra el australiano por haber evidenciado algunos de los aspectos más impresentables del poder público en decenas de países.
Si algo corrobora esa presunción es el conjunto de atropellos perpetrados por Washington contra el soldado Bradley Manning, acusado de haber entregado a Wikileaks la documentación que prueba los crímenes de guerra cometidos por los invasores en Afganistán e Irak. Mientras los autores materiales e intelectuales de esas atrocidades permanecen libres e impunes, el hombre que presuntamente dio a conocer sus delitos ha sido sometido a torturas, largos periodos de aislamiento y, a la postre, al juicio de una corte marcial que podría condenarlo a cadena perpetua.
Se configura, de esta forma, un escenario poco usual, en el cual un gobierno democrático latinoamericano sale en defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la integridad de un perseguido internacional, en tanto las autoridades de Washington, Estocolmo y Londres, que tanto se precian de promover la libertad, la justicia y la democracia, participan en una concertación trilateral para aplicar con Assange un escarmiento a todo ciudadano de cualquier país del mundo que ponga al descubierto la turbiedad interna del poder y, en general, para preservar la opacidad y la impunidad de las acciones gubernamentales en casi todo el mundo.
En cuanto a la amenaza inglesa de recurrir incluso a un asalto a la legación ecuatoriana para capturar a Assange, denunciada anteayer por el propio Correa, cabe señalar que tal despropósito no tiene fundamento legal y que su realización sería un acto de inadmisible salvajismo.
Las autoridades de Londres no debe descender a simas de barbarie semejantes, lo procedente es que, a la brevedad, otorguen un salvoconducto a Assange para que pueda abandonar el territorio británico. Para lograrlo será fundamerntal la movilización de la opinión pública mundial, que tanto debe, en materia de transparencia, democracia y acceso a la información, a Wikileaks y a su fundador.
