Ante la crisis humanitaria que viven los migrantes que cruzan por México urge crear una política migratoria con enfoque en los derechos humanos, dijo ayer el especialista Mauricio Farah Gebara, durante la presentación de su libro Cuando la vida está en otra parte: la migración indocumentada en México y Estados Unidos.

Advirtió que la indiferencia y la complicidad de las autoridades frente a esa problemática ubican a la defensa de esos derechos como imperativo ético.

Mientras, el sacerdote Alejandro Solalinde comentó que al gobierno de Felipe Calderón le ha importado más su imagen que la vida de los migrantes. Después de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, pensamos que cambiaría la actitud oficial, dado que ya se había evidenciado la realidad de los migrantes, pero no fue así.

Vulnerabilidad, señala Solalinde

En un texto enviado, debido a su convalecencia por dengue, Solalinde destacó señalamientos de Farah sobre la actitud sistemática del gobierno federal de negar los problemas y minimizar la magnitud de los secuestros masivos. Esa fue la tónica de la política del presidente Calderón al interior y exterior de México. Esto agravó la vulnerabilidad de los migrantes. Al no ser reconocido el problema, menos puede ser solucionado.

El libro, editado por Miguel Angel Porrúa, es una crónica y reflexión del problema desde 2005, acompañado de un dvd realizado por Alberto Tinoco Guadarrama.

En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Farah Gebara, coordinador del Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que en esta tragedia estamos ante el riesgo de la costumbre: observar sin sentir, y que es necesario sacudir la conciencia de las autoridades.

Más que avances hay retrocesos, dijo, y los migrantes están cada vez más indefensos en México y en Estados Unidos, donde hay redadas, acoso, leyes en contra y organizaciones que propician odio y agresiones contra ellos. Todo, agregó, con la condescendencia del gobierno mexicano.

Mencionó la impunidad y corrupción de autoridades municipales, estatales y federales, que han lucrado con los migrantes. La corrupción es la diferencia entre la libertad y la esclavitud, la vida y la muerte.

Mientras el Estado mexicano no actúe, su viabilidad está en riesgo, señaló. Mencionó el ejemplo del Instituto Nacional de Migración, varios de cuyos integrantes son señalados como cómplices del crimen organizado. O los agentes Ministerio Público en los estados, que liberan con rapidez a los pocos responsables.

Hace falta una política pública migratoria, integral, de Estado, así como una fiscalía especializada en la materia. A un año de la reforma migratoria, agregó, nada se ha hecho.

Jorge Bustamante, investigador del Colegio de la Frontera Norte y ex relator especial de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, puso en evidencia el no cumplimiento práctico de la Constitución y otras leyes en materia de derechos humanos. Y dijo que si el gobierno ha hecho nada en relación con la violencia contra los migrantes, es porque tampoco la sociedad lo ha exigido.

Criticó que desde el principio de su gestión Calderón sostuvo que el único responsable de las agresiones a migrantes es el crimen organizado, con lo cual exculpó a policías locales y federales, agentes de migración y otros servidores públicos que tienen responsabilidad de Estado.

Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, recordó que desde los años 90 ya se advertía de los excesos de las autoridades mexicanas contra los migrantes centroamericanos y se evidenciaba su incongruencia al demandar respeto para los migrantes nacionales en Estados Unidos.

Javier Solórzano, también moderador, dijo que el gobierno debe intentar una política multilateral de migración. Indicó que no ha habido una sola manifestación ciudadana en favor de los migrantes.