Multivisión se jugó ayer su última carta para conservar el espectro que le permita ofrecer banda ancha de alta velocidad, pero también para que no vuelva a haber ningún medio de comunicación hincado y con la espada de Damocles en la cabeza.

El presidente de MVS, Joaquín Vargas Guajardo, denunció ayer que el gobierno federal condicionó –por medio de la vocera Alejandra Sota– la oportunidad para que conservara las concesiones en la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) a que no impugnara la concentración entre Televisa y Iusacell.

Precisó que MVS nunca se opuso a que con la alianza entre Televisa y Iusacell se fortaleciera un operador en el mercado de telefonía móvil, lo que pedíamos era que se regulara el mercado de contenidos, donde Televisa es dominante y afecta al resto de los competidores, pero eso no ocurrió y el gobierno perdió la oportunidad de ordenar ese mercado. Anunció que MVS impugnará la concentración entre dichas empresas en todas las instancias posibles.

Ahora sabemos que nos engañaron, afirmó el empresario, quien señaló que el rescate de concesiones anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se planeó por lo menos hace cinco meses, y fue algo sorpresivo porque MVS seguía en negociaciones para echar a andar su proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, además de dos propuestas hechas por el propio gobierno, que el empresario denominó el proyecto Olavarría y la propuesta Pinos.

Televisa manifestó extrañeza por los señalamientos de Joaquín Vargas. En un comunicado dijo que el tema central que afronta MVS es un diferendo con el gobierno sobre el monto de la contraprestación, y que es ajena a esa discusión.

Televisa se ha desistido de litigios respecto al nuevo programa de licitaciones de frecuencias de televisión, con el fin de impulsar mayor competencia. Ojalá MVS se sume a una era de apertura, modernidad y competencia en beneficio de los consumidores mexicanos, señala.

Organismos cooptados

Acompañado por el vicepresidente de MVS Comunicaciones, Ernesto Vargas Guajardo, y el vicepresidente corporativo de Finan- zas, José Antonio Abad, Joaquín Vargas refutó las afirmaciones del titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, sobre que el espectro está subutilizado. Explicó que en 2004 MVS fue la primera empresa en el mundo en ofrecer banda ancha por medio de la frecuencia de 2.5 Ghz.

Dijo que es falso que MVS se haya negado a pagar la contraprestación fijada por el gobierno, pero explicó que la impuesta por la Secretaría de Hacienda, de mil 200 millones de dólares, era imposible, ya que le representaría iniciar un negocio de cero y liquidar semanalmente un millón de dólares. Ernesto Vargas precisó que la oferta de MVS fue de 500 millones de dólares, cediendo 50 megahercios, lo que la hace mucho más alta que cualquier otra oferta hecha en otros países.

La familia Vargas y los accionistas de MVS saben que van a dar esta pelea prácticamente solos, porque las cámaras y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial están cooptados por Televisa, y también saben que corren el riesgo de que el gobierno federal emprenda acciones contra otros negocios de MVS o de la familia después de estas denuncias.

Temen ahora, y “no solamente ahora, sino en febrero de 2011, cuando decidimos no aceptar el chantaje que estaba en la mesa por parte del gobierno federal (cuando exigió que Carmen Aristegui se disculpara por hacer comentarios sobre presuntos problemas de alcoholismo del presidente Felipe Calderón), y en este momento teníamos también la opción de quedarnos callados e irnos simplemente a los litigios; obviamente hicimos una evaluación muy clara y realista y, por supuesto, entendemos las facultades que tiene el gobierno para aplicar algunas otras medidas en este sentido.

Somos una familia muy grande con muchos negocios de diferentes giros; obviamente somos muy vulnerables, pero tenemos una convicción, evaluamos (la situación), pero no estamos dispuestos, a ningún precio, a no dar la batalla y expresar nuestra verdad.

Joaquín Vargas explicó que la propuesta Pinos surgió de la oficina de Comunicación de la Presidencia, cuando el domingo 3 de junio, a las 22 horas, la vocera Alejandra Sota contactó a los abogados para decirles que la resolución favorable de la concentración Televisa-Iusacell ofrecía a MVS una ventana de oportunidad para destrabar el proyecto de 2.5, siempre y cuando accediera a no impugnar ni jurídica ni mediáticamente la resolución del gobierno.

La otra vía de negociación, explicó Vargas, surgió por iniciativa del subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, quien el pasado 25 de julio les envió un proyecto en el que MVS tenía que ceder 70 megahercios (Mhz), les refrendarían 120 por 15 años, pero deberían seguir pagando la contraprestación aplicable a los servicios de televisión y empezar a cubrir la contraprestación impuesta por Hacienda conforme fueran usando el espectro para banda ancha móvil. El subsecretario fue claro al indicar que nosotros debíamos solicitar dicha opción y que a ellos les serviría para cerrar el expediente en esta administración. Asimismo, nos informó que ya había un precedente favorable respecto a la viabilidad de esta propuesta, porque con argumentos similares se había resuelto la prórroga de la concesión a la empresa SOS, de Iusacell.

MVS no tuvo tiempo de tomar una decisión sobre esto, ya que el primero de agosto sus abogados se reunieron con Pérez Jácome, Héctor Olavarría y el director Jurídico de la SCT, con quienes acordaron que evaluarían la forma y el plazo para aplicar la propuesta, pero siete días después –el 8 de agosto– Pérez Jácome anunció la decisión de rescatar de forma anticipada las concesiones en la banda de 2.5 Ghz.

Joaquín Vargas dijo que si el gobierno está en vías de condenar a la población que tenga televisión restringida y pagar a Televisa 2 mil 700 millones de pesos al año por las señales de televisión abierta, que debería ser gratuita, además de todo lo que le ha concedido, como el par de hilos de fibra oscura de la Comisión federal de Electricidad y la alianza con Iusacell.

Anunció que MVS emprenderá acciones intensas para que se modifique la ley de medios y el poder esté en manos de los gobernantes y no se comparta con los poderes fácticos; dijo desconocer si el presidente Calderón ignora todo lo que narró, porque tampoco ha logrado una audiencia con él.