n artículo de A. Bartra en el que se plantea una pregunta central, ¿Y luego qué?
(La Jornada 4/8/12) ha iniciado una discusión que han continuado dirigentes perredistas, dirigentes de Morena y diversas personalidades de las izquierdas en la que, por fin, desde diversas perspectivas y en diversos foros, se plantea abiertamente las acciones posibles para el corto, mediano y largo plazos que deberán llevar a cabo las izquierdas mexicanas para resistir y avanzar en la construcción de una democracia no sólo electoral, sino directa y participativa.
La discusión ha continuado manteniendo básicamente los mismos ejes rectores de los morenos
o los dirigentes de las tribus dominantes en el PRD. Los ejes que se plantean son un nuevo partido a partir de Morena, o un nuevo partido con todas las izquierdas; unificar la estrategia y táctica parlamentaria con la de partidos y movimientos; cambiar de terreno para las fuerzas emergentes: levantando un programa amplio y movilizador del 132, y democratizarse y descentralizarse para que Morena dure y sirvan para lo que sigue. Estos ejes proponen salidas unitarias y también salidas sectarias. Ambas sugieren propósitos distintos: unificar partidariamente a las izquierdas propone conservar lo electoral como centro, o bien plantearse la construcción de un poder social que acompañe la ruta electoral.
Para avanzar en estas discusiones resulta fundamental unir la lucha en las calles y la lucha parlamentaria, unir a los gobiernos estatales ganados por las izquierdas en prácticas comunes fundadas en propósitos sociales compartidos. La famosa unidad, que declarativamente todos sostienen, requiere concretarse en acciones que enfrenten la fuerza que han ganado los adversarios, su unidad de acción y mando al servicio de intereses claros. Acciones en las que al resistir habrá que consolidar una fuerza social que tome decisiones de manera verdaderamente democrática.
Tres terrenos resultarán decisivos: el de la lucha contra las reformas estructurales, privatización de Pemex, laboral, fiscal y política; el de las elecciones estatales próximas y el del impulso a las reformas estratégicas derivadas de un proyecto incluyente. El primero obliga a comprometer explícitamente a diputados y senadores de las izquierdas a enfrentar las propuestas del eventual gobierno de Peña Nieto y de los legisladores del PRI, Verde y Panal. Compromiso que deberá ser vigilado por los ciudadanos que les eligieron. Demanda, además, proponerse abiertamente la conformación de un frente político en el Legislativo para frenar al PRI y a los poderes fácticos, impidiendo su eternización en el gobierno. Lo central, sin embargo, no estará en las Cámaras sino en las calles. Allí tendría que concentrase la resistencia.
El frente de las elecciones estatales lleva a priorizar que el PRI pierda todas las gubernaturas posibles. Hay que entender que en cada elección estatal se juega el futuro del país, de modo que tendría que plantearse construir las más amplias alianzas para ir desmontando el poder del cártel de gobernadores priístas, con candidatos de alto perfil ciudadano que atraigan a electores progresistas y anti-priístas.
El tercer terreno se centra en los gobiernos propios, el DF, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, donde se debe impulsar no sólo honestidad, sino un proyecto incluyente y progresista. No puede permitirse que las izquierdas pierdan Zacatecas, Tlaxcala o Baja California Sur, por la mala gestión de gobiernos. La vigilancia social sobre quienes han sido electos por ciudadanos que apostaron por la izquierda es parte central de las tareas actuales de las izquierdas. Mancera, Graco, Núñez, Cué y Aguirre deberían constituir un frente explícito de acciones sociales incluyentes y de resistencia a las reformas neoliberales.
Éstos podrían ser ejes aglutinadores de una acción de las izquierdas que mantenga la unidad lograda en la campaña electoral, trascendiéndola hacia la construcción de un cambio verdadero. Exige resolver el problema que planteará la sentencia del Tribunal Electoral. Está en juego, en verdad, el futuro del país.
