Tras un mes de movilizaciones, los jóvenes excluidos de la educación superior y la Secretaría de Educación Pública (SEP) llegaron ayer a un acuerdo inicial mediante el cual mil 600 alumnos lograrán acceder a las principales casas de estudio públicas del país en el tercer semestre, pero deberán estudiar los dos primeros semestres en escuelas privadas, donde serán becados, para luego ser transferidos a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así, los inconformes determinaron levantar el plantón que mantenían desde hace cinco días en la dependencia.

Antes de la firma del arreglo, el titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, dio lectura a algunos puntos del convenio y reconoció que es insuficiente el esfuerzo realizado para incrementar la oferta de espacios educativos y la matrícula de primer ingreso a la educación superior por parte de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Creemos que es insuficiente, por lo que consideramos necesario fortalecerlo o incrementarlo de manera que corresponda a las necesidades de desarrollo de los jóvenes y de la nación.

Reiteramos la responsabilidad social de cada institución pública de educación superior para contribuir a la formación de profesionales a las necesidades nacionales de desarrollo y de fortalecimiento de la soberanía, apuntó.

Destacó la necesidad de ampliar la reflexión sobre temas prioritarios de la educación superior y externó el compromiso de la dependencia de gestionar becas en instituciones particulares con registro de validez oficial de estudios (RVOE) para los jóvenes excluidos.

Dijo que la SEP no se negó a firmar un acuerdo nacional para incrementar la matrícula como plantearon los jóvenes rechazados. Sin embargo, añadió que habrá más matrícula y más espacios, pero lo que se dificulta es que esto ocurra en las principales casas de estudio públicas porque, por ejemplo, en la ciudad de México a veces no han tenido el crecimiento que se requeriría para entrar a ellas.

Después de 16 horas de negociaciones, Atzelbi Hernández, del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), reiteró que fue la dependencia la que se negó a firmar un acuerdo como el antes citado y también se rehusó a pronunciarse sobre el derecho humano a la educación, lo cual es gravísimo, porque debiera ser la primera en reconocerlo.

Señaló que algunos de los logros del convenio fueron que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) participó por primera vez y ofreció espacios en la institución, por lo que los alumnos podrán ingresar en este ciclo escolar a la licenciatura en educación e innovación pedagógica, la cual se estudia en el sistema abierto y, después de un año, podrán cambiarse de carrera y a la modalidad escolarizada, bajo el criterio de mantener un promedio de ocho, que es el mismo en el resto de las instituciones.

En el caso del ingreso a la UNAM y al IPN, el acceso será diferido. Esto es, los jóvenes cursarán primero y segundo semestre en escuelas particulares con becas de 100 por ciento para luego solicitar su ingreso a la máxima casa de estudios o al Poli, según sea el caso.

En cuanto a la UAM dijo que no ha ofrecido un mecanismo de ingreso como las otras instituciones; sin embargo, consideró un avance que se haya incluido la posibilidad de hacer una reforma de la legislación en esa casa de estudios, la cual tendría que ser aprobada por el Colegio Académico, para que se pueda dar acceso a los alumnos bajo esquemas similares a los de la UNAM o el IPN.

Por último, acordaron sostener una reunión el próximo martes para atender los casos de los jóvenes que no ingresaron a la educación media superior. Señaló que otro de los logros fue que las autoridades reconocieron que no hay reprobados, sino que el problema es la falta de cupo en las casas de estudio.