El Movimiento Progresista entregó anoche al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otro paquete de pruebas supervenientes, adicionales a las presentadas al momento de interponer el juicio en contra de la elección presidencial del pasado primero de julio.

Hasta el momento no se ha informado cuándo sería decretado el cierre de la instrucción, plazo máximo para aceptar demandas, pruebas y otros alegatos, previo a la elaboración de la sentencia; el proyecto será redactado por una comisión calificadora integrada por los magistrdos Salvador Nava, Flavio Galván y Constancio Carrasco.

Los objetos y documentos ya están en manos de los magistrados; todas las evidencias están relacionadas con presunto gasto irregular e ilegal en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así como de prácticas de compra y coacción del voto.

Esperamos que haya una valoración integral, objetiva e imparcial de las pruebas, dijo el representante de la coalición, Camerino Márquez, al término de una reunión con el magistrado Pedro Esteban Penagos.

Para el caso de los animales de corral que fueron ofrecidos también como muestra de la supeusta compra de voto a favor del PRI, se añadieron al expediente fotografías con fe notarial.

En el autobús en el que se trasladaron las pruebas, se consideró llevar al borrego y que en la oficialía de partes determinen si es necesario que acepten el animal o es suficiente con la fotografía notariada, dijo por la noche Márquez.

Como se ha difundido, en las supervenientes se incluyeron tarjetas bancarias y de prepago, así como múltiples y variados productos utilitarios en los que se hizo propaganda al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

En tanto, el Movimiento Progresista pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) ofrecer detalles acerca del material y documentos que ha entregado a la comisión calificadora de la elección presidencial.

Hay un vacío de claridad de qué es lo que ha enviado la Unidad de Fiscalización, advirtió camerino Márquez, representante de la coalición ante el TEPJF y, del PRD ante el consejo general del IFE.

El tribunal dio cuenta que recibió –por parte del IFE– los expedientes relacionados con la actividad de las encuestadoras durante el proceso electoral, así como el cumplimiento de estas empresas a las reglas establecidas por el instituto para la difusión de preferencias electorales durante el proceso.

También entregó los reportes de los monitoreos aplicados a estaciones de radio y de televisión durante la campaña proselitista.

En los más recientes acuerdos (18, 19, 20 y 21) de la comisión calificadora, se informa de la recepción de material periodístico vinculado al caso de la cuenta 04442003800806935 de Scotiabank, a través de la cual –según el Movimiento Progresista– el ex coordinador de campaña del candidato priista, Luis Videgaray, trianguló recursos públicos a favor del PRI.

La coalición pide al IFE que, a su vez, requiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el origen y aplicación de esa cuenta, en especial lo relacionado con Industrias Gil & Eagle con el gobierno del estado de México.

La alianza de izquierda reiteró su petición para que Andrés Manuel López Obrador acuda a las audiencias del tribunal electoral para exponer sus argumentos en torno al pasado proceso comicial.

Estamos reclamando la oralidad en el proceso electoral, dijo Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista. La petición incluye que esta audiencia sea pública.

El magistrado presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, dijo que esa posibilidad no estaba detallada en la ley, por lo que el caso fue turnado para su análisis a la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.