na insólita movilización nacional de protesta tiene lugar por parte de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes han demandado ante la Secretaría de Educación Pública las destituciones o las renuncias irrevocables y urgentes del director general, Alfonso de María y Campos Castelló, y de la coordinadora del Consejo Nacional de Arqueología, Nelly Margarita Robles García. Las razones expuestas en las asambleas generales y el pleno de delegados del sindicato de académicos para tomar estos resolutivos por unanimidad se fundamentan en el cúmulo de acciones y omisiones de estos funcionarios que han perjudicado gravemente no sólo el patrimonio arqueológico e histórico de todos los mexicanos, sino en sí misma a la más importante institución cultural del país.

La comunidad académica considera que la gestión del embajador De María y Campos –llamado empiorador por algunos agudos colegas, quien de manera inexplicable desmanteló toda la estructura de venta de productos del INAH, afectando severamente la distribución de los materiales publicados de los investigadores–, alejado por interés y profesión de las disciplinas que dan sustento al INAH, se ha caracterizado por la pérdida de la certeza jurídica para la conservación de zonas y monumentos arqueológicos e históricos debido a la toma de decisiones unipersonales y carentes, en más de una ocasión, del sentido académico y técnico que se reclama para nuestra institución (Oficio 101/2012). Se le acusa, asimismo, de propiciar la destrucción del INAH a través de mecanismos como la reducción de plazas en las áreas sustantivas; esto es, investigación, conservación, museos y docencia, mientras aumenta indiscriminadamente la contratación de trabajadores temporales para fomentar la industria turística de élite. También, De María y Campos dio cauce al crecimiento de administradores cuyo número supera ya en mucho a quienes realizan labores académicas, y ha nombrado coordinadores, directores y subdirectores que carecen de la formación profesional y conocimientos para el cumplimiento de las funciones institucionales. En un memorial de agravios, los investigadores denuncian la creación de un INAH paralelo al de los trabajadores, esto es, el INAH histórico que ha luchado por mantener vigentes los principios y la vocación social por los que fue creado en 1939. Esta densa y costosa burocracia, unida a la del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, busca satisfacer sus propias necesidades de reproducción y pone a disposición del mercado los bienes patrimoniales de México y del INAH.

Los académicos declaran que se ha descuidado el resguardo y afectado los monumentos históricos y zonas arqueológicas, y favorecido su uso para espectáculos, eventos políticos e incluso la renta a particulares para fiestas y cocteles, incluyendo corporaciones como Coca-Cola y Motorola para promocionar sus productos. Los casos más notorios de violaciones al marco jurídico son Teotihuacán, Chichen Itzá, el Tajín, Tulum, entre otros; la demolición de seis monumentos en el Centro Histórico de la ciudad de México; la utilización patrimonialista del Museo Nacional de Historia de Chapultepec y el de Antropología por las familias Fox y Calderón, y el más reciente es la aberrante construcción de un museo por de funcionarios del INAH sobre una plataforma prehispánica de la zona arqueológica de Tzintzuntzan, Michoacán. En el fuerte de Loreto, en Puebla, se retiró piadosamente la exposición de objetos representativos de la Batalla del 5 de Mayo para colocar en su lugar objetos de carácter religioso; en Morelos, se autorizaron una estructura metálica y modificaciones a inmuebles próximos que dañan la visual de una de las edificaciones coloniales más antiguas del continente.

A su vez, a la arqueóloga Robles García se le reclama que en su larga trayectoria como funcionaria, además de opacidad y abuso de autoridad, haya persistido en omitir de manera reiterada la aplicación del marco normativo y legal del INAH, lo cual ha ocasionado daños y/o la destrucción deliberada de monumentos arqueológicos, tales como el referido de Tzintzuntzan; Monte Albán-Atzompa, Cuilapam, Yogana, Laguna Zope y Colotepec, en Oaxaca; Chimalhuacán y Amecameca, en el estado de México, e Iglesia Vieja, en Chiapas.

“Lo anterior –se señala en un oficio también dirigido por los investigadores a la funcionaria– está plenamente documentado y se fundamenta en las omisiones que comete usted a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a su reglamento de aplicación obligada, así como a las disposiciones reglamentarias de la arqueología en México, a la Ley Federal del Trabajo, de los derechos laborales de los trabajadores eventuales y de base, así como a las condiciones generales de trabajo del INAH.” (Oficio 102/2012)

El director general, quien externa comentarios clasistas sobre los trabajadores y cuyo ingreso al enorme edificio rentado de sus oficinas generales es –simbólicamente– nada menos que por un Sanborns, se negó sistemáticamente a la restructuración del Consejo de Arqueología, tendiente a transformarlo en un órgano académico de impulso a la investigación científica y la conservación del patrimonio arqueológico, respetando la legislación vigente. Para los investigadores, el Consejo de Arqueología ha sido reducido a una simple mesa de acuerdos entre funcionarios subordinados.

La lucha de los académicos del INAH es la de los mexicanos que no están dispuestos a permitir el despojo y la enajenación del patrimonio cultural que por derecho constitucional pertenece a la nación. Esta es la dicotómica realidad del país: por un lado, los trabajadores y los pueblos en su defensa de lo colectivo; por el otro, un grupo de poder incrustado en las instituciones, al servicio de la privatización neoliberal y la ganancia corporativa.