La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes, y continuará hoy, el análisis de un caso penal en el que están involucrados tres militares acusados de sembrar droga en el vehículo de un civil, lo que podría restringir todavía más los alcances del llamado fuero de guerra.

Esta nueva revisión sobre los límites del fuero militar implica la posibilidad de que los ministros acoten al máximo la competencia de los tribunales castrenses.

La discusión busca resolver un conflicto competencial para aclarar si corresponde a un juez castrense o a uno ordinario penal llevar el caso de tres militares acusados de falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas.

Los militares imputados afirmaron en marzo de 2011 haber detenido a un civil a bordo de un automóvil en el que se localizó un costal con tres kilos de mariguana.

Sin embargo, una vez que se inició la indagatoria en la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados del civil demostraron que el vehículo pertenecía a otra persona, e incluso se exhibieron videos con los que se probó que la droga fue sembrada por el teniente de infantería Clemente Hernández Jiménez, el sargento segundo Antonio Martínez Morales y el cabo Aníbal González Rangel.

El debate de este día comenzó con el planteamiento del proyecto de resolución presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que los ministros acepten limitar el fuero castrense para que los tribunales militares sólo puedan juzgar delitos relacionados con la disciplina militar, como la insubordinación o la violencia entre soldados.

La discusión es de trascendencia porque, si se avala este criterio por la mayoría de los 11 ministros, los juzgadores castrenses serían incompetentes para el estudio de aquellos casos de delitos en que no siempre hay víctimas civiles identificables, como ocurre en el narcotráfico o la delincuencia organizada.

La ministra Sánchez Cordero expuso a sus compañeros que el proyecto nunca dice que la incompetencia del juez militar obedezca a que están en juego los derechos de civiles.

En síntesis, lo que propuso Sánchez Cordero es enviar este caso a la justicia ordinaria penal (a un juez de distrito con sede en Michoacán), pero no porque hubieran existido víctimas civiles, sino porque los bienes jurídicamente tutelados afectados por estos delitos, procuración y administración de justicia, no son propios de la disciplina militar.

El conflicto competencial comenzó cuando la Procuraduría Militar pidió a un juez castrense la aprehensión de los elementos implicados, pero el juez rechazó el caso con el argumento de que la persona a la que se pretendió inculpar era víctima civil.

Después, un juez federal de Morelia también rechazó el expediente con el argumento de que en los delitos de falsedad no hay víctimas identificables, sino es contra el Estado y la administración de justicia.