os ritmos de la migración mexicana suelen moverse de manera pendular cada 20 años aproximadamente. La cadencia la marcan las reformas legislativas estadunidenses en las leyes migratorias o las coyunturas económicas, sean éstas de auge o de crisis. Desde el lado de los migrantes estas fases hay que leerlas como demanda urgente de trabajadores o contracción del mercado y las consecuentes deportaciones.

La secuencia de fases migratorias se remonta bastante atrás: empezaremos con la era de las grandes deportaciones (1921-1941), una etapa de recesión que llega a su punto más crítico con el crac de 1929. Luego viene un periodo de apertura con el Programa Bracero, que va de 1942 a 1964. Le sigue una fase de reflujo y control migratorio conocida como la era indocumentada (1965-1986). Finalmente, en 1986 se da nuevamente una apertura con una ley de amnistía y un programa especial para trabajadores agrícolas (IRCA) que permite la legalización de 2.3 millones de mexicanos.

Esta última fase se caracteriza por una doble dinámica. Como consecuencia de la legalización se incrementan los procesos de reunificación familiar (formales e informales), aumentan notablemente las naturalizaciones y se genera el asentamiento definitivo y familiar en Estados Unidos. De manera paralela hay un flujo masivo de migrantes irregulares, se incrementan los costos y los riesgos del cruce fronterizo debido a la militarización de la frontera, lo que da como resultado el alargamiento de la estancia: los migrantes no regresan, lo que aumenta el volumen total que se queda en el otro lado.

El resultado final es una comunidad bipolar. Por una parte migrantes legales, integrados, muchos de ellos naturalizados, con buenos trabajos, que pueden viajar libremente y venir de visita a México. Por otra, migrantes irregulares, familias mixtas con hijos nacidos en México y otros en Estados Unidos (unos con derechos y otros sin ellos), que deben competir en un mercado de trabajo saturado y de bajos salarios, se sienten perseguidos, no pueden viajar al interior de Estados Unidos, no tienen licencia de manejo y no pueden regresar a México.

Esta fase ha sido realmente complicada y se dieron muchos sucesos relevantes. En 1993 y 1994 empezaron las operaciones Bloqueo y Guardián, lo que da inicio al proceso de militarización de la frontera y al cambio de las rutas migratorias. En 1996 se promulga otra reforma migratoria (IIRAIRA), que quita derechos a migrantes y residentes y otorga facultades a los estados para intervenir y legislar en asuntos migratorios. Con el ataque terrorista de 2001 el tema migratorio pasa a ser parte de la agenda de seguridad nacional y la frontera es un factor clave de la política antiterrorista. En el 2003, con Bush, el muro empieza a crecer y en el interior se incrementan las redadas en los centros de trabajo.

En 2006 se propone la ley Sensembrenner, de claro corte antimigrante, y da como respuesta la salida masiva a las calles de cerca de 3 millones de personas, que tumban la ley. Pero entre los legisladores se cierra la posibilidad a toda reforma migratoria y con leyes secundarias va en aumento el control fronterizo y la persecución en el interior de Estados Unidos.

La fase bipolar que comenzó en 1986 concluyó en 2007, cuando la migración mexicana llegó a su tope máximo con 12 millones de migrantes nacidos en México, de los cuales 6.5 millones eran indocumentados. En 2008 la tendencia empieza revertirse y a bajar de manera clara y consistente por cinco años consecutivos. Hasta el punto de que se estima que se ha llegado a un saldo migratorio cero. Es decir, que las entradas subrepticias, que se siguen dando, se compensan con las deportaciones.

El 2008 empezó la nueva fase migratoria, de manera paralela al primer gobierno de Barack Obama; es una etapa que todavía está por definirse, pero que ya ha dejado probar su sabor agridulce, al igual que la presente administración. El detonador para el cambio de fase migratoria lo marca el inicio del declive de la migración mexicana y la crisis económica que se inicia en 2008 en Estados Unidos y luego repercute de manera global, muy especialmente en Europa.

Con Obama se agudiza la persecución a migrantes, las deportaciones y se multiplican los centros de detención. En 2009 se hace otra reforma legal cuando se promulga la nefasta 287g que procura fondos a los estados y los condados para instalar centros de detención para migrantes y permite realizar convenios entre la migra (ICE) y las policías locales para detener a personas que no tienen documentos.

La crisis económica y el incremento del desempleo fueron el combustible ideal para que se lanzara con todo una campaña antimigrante. De nada valieron las cifras y los datos duros que empezaban a difundirse, afirmando que la migración mexicana no sólo había dejado de crecer, sino que había empezado a bajar de manera significativa.

En ese contexto, se promulga en el año 2010 la Ley Arizona SB1070, que es un instrumento legal que le otorgaría amplios poderes discrecionales a las policías para detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante indocumentado. Luego le siguen una serie de réplicas a la Ley Arizona en Alabama, Utah, Carolina del Norte y otros estados.

Finalmente en 2012 se logran algunos triunfos parciales: se limitan seriamente las pretensiones de la Ley Arizona y sus réplicas, se da un decreto del Ejecutivo que impide la deportación de jóvenes estudiantes (Dream Act) y, a nivel estatal, se dan legislaciones de apoyo a los migrantes, como en Chicago, que se declara como ciudad santuario para los migrantes.

Como quiera, esperábamos que la nueva fase migratoria empezara con una reforma integral y un proceso de regularización. No ha sido tal. Si la cadencia del ritmo migratorio fuera un destino fatal, nos quedan 20 años más para seguir en el empeño.